Cada vez es más evidente la utilización por parte del PP de métodos al margen del sistema democrático con el objetivo de lograr lo que no consiguieron en las urnas: derribar al gobierno progresista y hacerse con el poder. El instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, con una mujer trabajando para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y una hija concejala del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, propuso a la Universidad Complutense de Madrid su personación como parte perjudicada. Alberto Núñez Feijóo no sólo apoyó la propuesta del juez, sino que la secundó. El resultado ha sido que el centro universitario ha pasado a la acción y ya figura como acusación particular cuando, hasta hace poco, su rector, Joaquín Goyache, figuraba como investigado en la causa. En el juzgado número 41 la noticia ha sido poco menos que celebrada porque da a Peinado un balón de oxígeno en una instrucción en la que cada vez son más las voces de juristas que piden su archivo.
No terminan ahí las injerencias del Partido Popular en las causas judiciales. En Génova tenían los famosos informes de la UCO sobre el caso Koldo unas horas antes de que se mandasen al Supremo. Y tal circunstancia se supo porque el bocazas de su secretario general, Miguel Tellado, lo anticipó públicamente: “está a punto de caer un nuevo informe de la Unidad Central Operativa que habla de las miserias y corruptelas de un gobierno que roba”. Lo dijo a las once de la mañana y la letrada de la administración de justicia lo recibió a las 12.30. Los abogados de Santos Cerdán han instado al juez instructor a que la Guardia Civil informe sobre la posible filtración de esos informes. La defensa del exsecretario de organización socialista pide a la UCO una "explicación" sobre la “revelación expuesta" y solicita que se identifique a los responsables de esta. Para los letrados, las declaraciones de Tellado "demuestran que la UCO reveló al Sr. Miguel Tellado la existencia y contenido del Informe n.º 157/2025 antes de que fuera recibido por la ilustrísima letrada de la administración de justicia de esta Sala. Esto muestra la relación fluida entre la policía judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición".
No es la primera vez que se cuestiona la actividad de la UCO. El responsable de la sección de delincuencia económica, el teniente coronel Antonio Balas, se encuentra bajo sospecha de consentir la denominada “UCO patriótica” de la que, presuntamente, formaba parte el capitán, Juan Vicente Bonilla, que durante su etapa en la Guardia Civil se hizo cargo de la “sección de fuentes”. A Bonilla, ahora gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, se le descubrieron mensajes en WhatsApp en los cuales decía textualmente que “había que matar a los rojomorados” y otros donde insistía en que” hay que matar a Pedro Sánchez”. Desde que se difundieron estas informaciones, los informes de la UCO se miran con lupa.
Pero la policía judicial no refleja ninguna circunstancia relevante en la documentación remitida al juez. Lo que ocurre es que el PP está dando una interpretación sesgada a la existencia de dos sobres con dinero que llevan el sello del Partido Socialista. Un metálico que corresponde al abono de los gastos de representación de José Luis Ábalos y Koldo García que se incorporaron a la contabilidad del PSOE. Los populares insisten en que hay “un descuadre” de 500 euros entre esa contabilidad y las cantidades recibidas lo que no hace más que generar perplejidad entre los expertos quienes exponen la imposibilidad de acusar de “financiación irregular" por desfases de ese tipo o entregas de dinero en efectivo, algo, por otra parte, muy habitual tanto en el sector público como en las empresas privadas.
Con esos inconsistentes datos, el Partido Popular ha decidido llamar a Pedro Sánchez a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado donde tiene mayoría absoluta. Lo que ocurre, a juicio de los analistas, es que la maniobra tiene mucho peligro para la derecha ya que está demostrado que la oratoria del presidente es mucho más consistente que la de los dirigentes populares, y, en ese tipo de debates, siempre sale victorioso a no ser que los senadores conservadores se lleven muy bien preparadas sus intervenciones. De ahí la famosa frase de Pedro Sánchez en el Congreso cuando Núñez Feijóo anunció que le iba a llamar a declarar, respondiéndole con un “ánimo, Alberto”.
La estrategia del PP consiste en que el presidente comparezca en la comisión días después de que hayan declarado Ábalos y Koldo en el Supremo para dar explicaciones sobre los datos contenidos en el informe de la UCO y antes de que comience el juicio del fiscal general del Estado. Consideran en Génova que este es el momento oportuno para echar en cara a Pedro Sánchez “la corrupción sistemática” en que se encuentra que “tiene bloqueada la acción del gobierno”. Y eso tiene que ocurrir antes del próximo 3 de noviembre, cuando empieza la vista oral en la que se enjuiciará a Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos. Han logrado su propósito de procesar a una de las máximas autoridades del Estado, algo sin precedentes en la democracia de este país. Y encima han colocado en el tribunal que le juzgará a jueces afines. Manuel Marchena, presidente de la sala de Lo Penal hasta el año pasado, fue propuesto por el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial en una operación que tuvo que anularse por la indiscreción del portavoz del grupo conservador en el Senado, Ignacio Coisidó, quien mandó un mensaje a los suyos diciendo que “iban a controlar la sala de Lo Penal por la puerta de atrás” con esta designación. Antonio del Moral es el único magistrado del Supremo que participó abiertamente en la huelga de junio pasado contra las reformas legales del gobierno. Es un destacado miembro del opus dei. Carmen Lamela procesó al mayor de los Mossos, Josep Lluìs Trapero, por el referéndum independentista. Al final fue absuelto. Y, por último, Juan Ramón Berdugo que se hizo con la plaza de juez del Supremo gracias a su amigo, Carlos Lesmes, que lo designó siendo presidente del CGPJ.
Con estos jueces, en Génova dan por segura la condena de García Ortiz que les servirá para rentabilizarla políticamente además de lograr el cese de una persona que rechazan por su relación con la exministra Dolores Delgado, quien, junto con Conde-Pumpido, encabezan la lista negra de los enemigos a batir. Porque no sólo está Pedro Sánchez. También hay otros muchos a los que neutralizar, según la estrategia de Génova.