El proyecto que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la segunda “pata” de la ambiciosa reforma que quiere llevar a cabo el ministerio de Justicia. La primera parte ya está en vigor. Es la que ha sustituido el sistema de juzgados unipersonales por los tribunales de instancia. Y ahora toca la que cederá la dirección de las investigaciones penales de los jueces a los fiscales modificando, para ello, el Estatuto Orgánico del ministerio público tanto en lo que se refiere al nombramiento y mandato del fiscal general del Estado como a la potestad para designar, ascender y sancionar a sus subordinados.
El texto se ha remitido a las Cortes generales con escasas posibilidades de que prospere. La oposición se muestra radicalmente contraria al cambio del sistema, y habrá que ver lo que deciden los socios parlamentarios sobre todo los de Junts que exigen el traspaso de las competencias del poder judicial a Catalunya creándose un órgano de gobierno propio. Pero el proyecto no sólo encontrará obstáculos en el Congreso sino también en la judicatura. De entrada, el Consejo General del Poder Judicial reclama una negociación del texto que seguramente no se producirá. Las asociaciones conservadoras de jueces, magistrados y fiscales se muestran contrarias a la reforma amenazando con una “oposición activa” y un significado magistrado como es el juez jubilado, Manuel García Castellón, lanza una carga de profundidad advirtiendo que “la fiscalía ya es un apéndice del gobierno”. Así las cosas, la iniciativa de Félix Bolaños tiene escasos visos de prosperar.
El proyecto de ley limita, aunque lo hace de forma parcial, el abuso en la práctica de la acusación popular al vetar a los partidos políticos, restringirla a determinados delitos como los de corrupción, y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. Repetimos que la limitación es parcial. En la actualidad, cualquier persona física o jurídica puede personarse como acusación popular en una causa y ello ha generado un serio problema en la justicia. La extrema derecha está abusando de esta figura, contemplada en la Constitución, para llevar a cabo una persecución política contra el gobierno progresista. Están presentes en los casos Begoña Gómez, Koldo, Ábalos y fiscal general del Estado utilizando los sumarios para filtrar a su conveniencia actuaciones que ni siquiera están probadas como delictivas con la complicidad de la derecha mediática. Esa práctica no es exclusiva de las asociaciones ultras detrás de las cuales están partidos como Vox y el PP. Este último también se ha presentado en esas causas, igual que el PSOE y Sumar lo han hecho en las diligencias que investigan al novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Pues bien, de aprobarse la ley, los partidos y sindicatos no podrán personarse en las causas y las asociaciones lo deberán de hacer bajo ciertas condiciones. Se pretende, de esta manera, acabar con la utilización de la justicia para dirimir las diferencias políticas. En la actualidad existen decenas de acciones ante los tribunales que llevan a cabo las asociaciones vinculadas a la extrema derecha. Manos Limpias, el seudosindicato que lidera el abogado Miguel Bernard, es el que cuenta con mayor número de personaciones. Participa en las diligencias previas más mediáticas. Le sigue Hazte Oír que actualmente está investigada por haber colocado una gran pancarta enfrente de Ferraz llamando “corrupto” a Pedro Sánchez. Y después hay un variado número de asociaciones de diferente signo, algunas vinculadas a Vox. La formación que lidera Santiago Abascal tiene el privilegio de poder participar en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al ser admitida como acusación particular en el mismo momento en que la instrucción estaba concluyendo. Esta es una de las quejas elevadas por García Ortiz al Consejo General del Poder Judicial que el órgano de los jueces ni siquiera ha discutido.
“Quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente”, dice el proyecto de ley donde se pone como condición que “a tal efecto, al tiempo de personarse deberán acreditar ante la autoridad judicial la relación o vínculo personal, social o profesional con el interés público que motiva su intervención en el procedimiento, así como la relevancia y suficiencia de dicho vínculo”. Más no se puede hacer porque el legislador ha tenido en cuenta que la acusación popular es una figura reconocida en nuestro derecho, que se regula en el artículo 125 de la Constitución, y que da legitimidad a cualquier ciudadano español para que pueda personarse en un proceso judicial penal. Por lo tanto, la iniciativa roza la constitucionalidad y, si sale adelante, casi con toda seguridad, la derecha presentará un recurso ante la corte de garantías por considerarla inconstitucional.
La parte más polémica va a ser, sin duda, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En el ministerio de Justicia dicen que la idea es acabar con el principio de jerarquización y dotar de mayor autonomía a los fiscales sin interferencias de sus superiores. Pero la posibilidad, contemplada en el proyecto, de que el fiscal general pueda designar, ascender y sancionar a sus subordinados condiciona este principio. La Asociación de fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, ambas de signo conservador, han anunciado su voto negativo a la reforma en el Consejo Fiscal, un órgano que sólo tiene carácter consultivo sin vinculación alguna. La Asociación Progresista de Fiscales, también ha mostrado alguna reserva.
Si las diferencias en el seno de la carrera fiscal son evidentes, no lo son menos entre los jueces y magistrados. De momento, la derecha judicial ha lanzado a su infantería a que rechacen públicamente el proyecto. Y ya se han puesto manos a la obra la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente mientras se muestran a favor los progresistas de Juezas y Jueces para la Democracia. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que se han hecho con la práctica mayoría del organismo, piensan dar la batalla con la complicidad de la presidenta Isabel Perelló. Es más, su principal valedora en el consejo de ministros, Margarita Robles, parece ser que sostuvo un fuerte debate en el seno del Gobierno.
O sea, no sólo el proyecto de ley cuenta con reticencias y rechazos entre los colectivos afectados sino también en el propio Partido Socialista y, casi con toda seguridad entre los socios parlamentarios. Tal y como están las cosas, y a pesar del gesto de la remisión a las Cortes, lo más probable es que no salga adelante.