Hay sentencias que cierran un caso y resoluciones que, por el contrario, abren las compuertas de un cataclismo sistémico. La reciente resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el denominado caso mascarillas pertenece, sin duda alguna, a la segunda categoría. Al margen de la severísima e histórica condena de 24 años y 3 meses de prisión impuesta al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el verdadero catalizador del pánico en los pasillos del Palacio de la Moncloa y en la sede central de Ferraz ha sido el destino penal de una pieza clave del engranaje criminal: el empresario y comisionista Víctor de Aldama.
La decisión unánime de los magistrados del alto tribunal de aplicar a Aldama una atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia ha sacudido los cimientos de la estrategia de defensa del partido del Gobierno. Al reducir su pena a 4 años y 6 meses y, de manera crucial, concederle la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel, el Supremo no solo ha premiado la delación; ha diseñado un mapa de carreteras, un incentivo dorado y perfectamente legal, para que el resto de los implicados en la quincena de macrocausas que asedian al Ejecutivo de Pedro Sánchez entiendan que la lealtad al sanchismo ya no es un negocio rentable. Esta nueva doctrina procesal ha colocado al sanchismo en estado de alerta máxima, ante la certeza de que el pacto de silencio que mantenía blindada la cúspide del poder político se ha quebrado para siempre.
La jurisprudencia del sálvese quien pueda
Para entender la dimensión del terremoto jurídico que recorre los tribunales madrileños, es necesario despojarse de la retórica partidista y analizar la fría lógica del Código Penal. Históricamente, la corrupción institucional en España se ha sostenido sobre una suerte de ley no escrita, una omertá de partido según la cual los peones intermedios asumían el castigo penal a cambio de una futura red de seguridad financiera, prebendas en el sector privado o, en el último extremo, la promesa de un indulto gubernamental cuando las aguas se calmaran. Esto ha sucedido tanto con el PSOE como con el PP.
La doctrina que emana de la sentencia de Aldama dinamita este esquema de raíz. El Tribunal Supremo ha lanzado un mensaje nítido a los tribunales de instrucción: la delación eficaz, aquella que aporta datos contrastables, documentos periféricos y nombres propios capaces de esclarecer tramas complejas, se paga con la libertad. Cuando un investigado comprueba que el líder de la red es sentenciado a un cuarto de siglo entre rejas mientras el delator elude el ingreso en prisión a cambio de realizar trabajos en beneficio de la comunidad e informes semestrales, la balanza de riesgos personales cambia de forma drástica. El incentivo para inmolarse por un proyecto político o por la supervivencia de un líder desaparece en el mismo instante en que las rejas de Soto del Real se vislumbran en el horizonte. Así sucedió con David Marjaliza en la Púnica. Entonces en el sanchismo no se quejaban.
Las finanzas del eje Caracas-Madrid en la diana
El primer gran foco de preocupación para el sanchismo tras la caída de este muro de contención jurídica se sitúa en la órbita de las causas internacionales, específicamente en las ramificaciones de la aerolínea Plus Ultra y el desvío de capitales vinculados a la petrolera venezolana PDVSA. En este escenario, el nombre del empresario Julio Martínez ha comenzado a parpadear con fuerza en los cuadros de mando de la fiscalía anticorrupción. Martínez, señalado en los informes de inteligencia financiera por su presunta participación en la triangulación de pagos, comisiones y contratos de asesoramiento que presuntamente conectan de forma opaca a José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro, se encuentra en una encrucijada judicial definitiva.
Hasta la fecha, la línea de defensa de Martínez y otros empresarios de su entorno se había mantenido en una calculada ambigüedad, limitándose a responder lo estrictamente necesario y amparándose en la complejidad de las operaciones societarias transnacionales. Sin embargo, el cerco internacional desplegado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el Caribe y la sentencia del caso mascarillas han cambiado las reglas del juego. Julio Martínez sabe que los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal acarrean penas que podrían arruinar su trayectoria vital y empresarial.
Con el espejo de la delación premiada de Aldama sobre la mesa, la tentación de Martínez de aportar los libros de contabilidad B, los registros de los vuelos privados fletados desde Caracas y los nombres de los altos cargos que facilitaron las licencias operativas y los rescates financieros es más alta que nunca. Si Martínez decide dar el paso y acogerse a los beneficios de la atenuante por colaboración, el caso dejaría de ser una disputa sobre contratos administrativos para convertirse en una causa general sobre la financiación de una diplomacia paralela que compromete la seguridad nacional y las relaciones internacionales de España.
Leire Díez
Si el caso de Julio Martínez amenaza la vertiente internacional y financiera de la trama, la situación procesal de Leire Díez representa una bomba de relojería incrustada en el corazón operativo del Partido Socialista. Bautizada como la fontanera de Ferraz, Díez se encuentra cercada por la Audiencia Nacional en una pieza separada de extrema gravedad. Las pesquisas judiciales apuntan a que Díez habría coordinado presuntas maniobras opacas financiadas con fondos de la propia organización política con un objetivo nítido: entorpecer las investigaciones en curso, comprar voluntades y diseñar estrategias de desinformación destinadas a desacreditar a los magistrados instructores que osaban investigar al entorno presidencial.
El sumario que afecta a Leire Díez ha desvelado reuniones clandestinas y cruces de mensajes de una crudeza institucional inusitada. Entre las evidencias acumuladas figuran encuentros con agentes de las fuerzas de seguridad imputados, como el comandante Rubén Villalba, en los que la fontanera del PSOE se quejaba de manera explícita del excesivo volumen de trabajo que gestionaba para levantar auténticos cortafuegos en los frentes judiciales más peligrosos para la supervivencia del Gobierno. En esas conversaciones, según los informes incluidos en el sumario, Díez citaba de manera directa y recurrente las causas que afectan a la esposa del presidente, Begoña Gómez, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y los negocios bajo sospecha de su hermano en la Diputación de Badajoz.
La posición de Leire Díez es insostenible a medio plazo. El delito de obstrucción a la justicia, combinado con el de malversación de fondos de formación o del partido para fines ilícitos, dibuja un horizonte penal que la fontanera difícilmente podrá soportar en solitario. Al ver que Aldama ha salvado el pellejo entregando la información que descabezó a Ábalos, Díez se enfrenta al dilema definitivo: mantener la disciplina interna de un partido que, llegado el momento, la abandonará a su suerte para proteger las siglas, o acudir al juzgado del juez Peinado o a la Audiencia Nacional con los discos duros, las grabaciones y las órdenes firmadas que demuestran quién ordenó activar las cacerías mediáticas y policiales contra los servidores públicos.
El búnker de la Moncloa
El pánico que se ha instalado en el sanchismo no responde al temor de una derrota parlamentaria, sino a la pérdida absoluta del control sobre los tiempos judiciales. Hasta la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, la estrategia de comunicación y defensa del sanchismo se había mostrado inflexible: negar la mayor, calificar cada informe de la UCO de "bulo orquestado por la fachosfera" y ampararse en que la instrucción penal se encontraba en una fase embrionaria. El propio Pedro Sánchez llegó a afirmar en sede parlamentaria, siguiendo un relato conspiranoico, que los ataques judiciales formaban parte de una persecución política sin precedentes.
Ese relato de resistencia numantina se ha evaporado. Las sentencias firmes no se pueden despachar como bulos de internet. Cuando el Tribunal Supremo valida que la estructura que operaba en el Ministerio de Transportes era una organización criminal con reparto de funciones dedicada al saqueo de fondos públicos, el escudo argumental del sanchismo se deshace. El miedo real en el núcleo duro del sanchismo es el "efecto contagio" en las otras catorce causas judiciales que permanecen abiertas en diferentes juzgados de España.
Los analistas jurídicos coinciden en que los abogados de los decenas de imputados secundarios ya están modificando sus estrategias de defensa. El consejo que hoy se escucha en los bufetes de derecho penal de Madrid es unánime: el primero que llega al juzgado con las pruebas se lleva la rebaja de la pena; los que se quedan hasta el final pagan la factura completa de la prisión. Esta carrera por la delación es lo que mantiene en vela a los estrategas del Gobierno, conscientes de que no pueden controlar lo que un cargo intermedio aterrorizado pueda declarar ante un juez de instrucción a cambio de no ver destruida su vida familiar y profesional.
El colapso del relato ético
Más allá de las consecuencias penitenciarias para los implicados, el verdadero coste de la doctrina Aldama es la demolición absoluta del relato de regeneración sobre el que se fundó el sanchismo en el año 2014. Aquella moción de censura que derribó al Gobierno anterior bajo la promesa de limpiar las instituciones de la corrupción se revela hoy, a la luz de las sentencias del Tribunal Supremo, como un ejercicio de monumental hipocresía política. El ministro que defendió aquella moción en la tribuna de oradores y el asesor que custodiaba las esencias del Manual de resistencia duermen hoy bajo la sombra de condenas penitenciarias que duplican las de cualquier caso del pasado.
La constatación de que la fontanería de Ferraz, a través de personajes como Leire Díez, se dedicaba presuntamente a utilizar los recursos del partido para tejer redes de protección judicial y espionaje para amordazar al poder legislativo y asediar a los jueces, sitúa a la democracia española en un escenario de degradación inédito para quien se presentó como adalid de la limpieza. El uso de las estructuras orgánicas de un partido para el beneficio personal y la impunidad judicial destruye el principio de igualdad ante la ley y debilita la confianza de los ciudadanos en la limpieza del sistema democrático.
El sanchismo se encamina hacia un invierno nuclear de una dureza extrema. Con las defensas desarticuladas, los peones desbocados buscando la doctrina Aldama para eludir la cárcel y las terminales del partido bajo sospecha de obstrucción a la justicia, la supervivencia del Ejecutivo ya no depende de la geometría parlamentaria de sus socios de investidura, sino de la velocidad con la que los sumarios judiciales sigan madurando. En el ajedrez político, cuando los peones descubren que pueden salvarse entregando al rey, la partida entra en su fase de descuento. El sanchismo lo sabe, y por eso el estado de alerta ya se ha transformado en un sordo y desesperado clamor de sálvese quien pueda en los pasillos del poder.