Al empresario Alberto González Amador le queda lo peor por venir. La jueza ha dictado auto de apertura de juicio oral por el fraude a Hacienda por el que el fiscal y la abogacía del Estado piden para él 3 años y nueve meses de cárcel mientras las acusaciones particulares, el PSOE y Más Madrid, 5 años. Pero todavía queda en fase de instrucción la imputación por corrupción en los negocios con Quirón Prevención. La jueza número 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, sustituta de Inmaculada Iglesias que se ha jubilado, y que permanecerá hasta que se incorpore a mediados de octubre el nuevo titular, Antonio Viejo, ha cumplido con su trabajo y ahora corresponde al nuevo magistrado seguir adelante con la pieza separada donde a la pareja de Isabel Díaz Ayuso se le investiga por la recepción de comisiones presuntamente irregulares. Un delito que el fiscal califica de corrupción en los negocios que implica una pena principal de cuatro años de cárcel, además de las accesorias correspondientes por falsedad documental.
El fiscal, Diego Lucas, apunta a la posible existencia de “sobornos” y señala que Quirón “sus razones tendrá” para “confirmar todo lo que diga el investigado González Amador”, en referencia a las respuestas que dio el gigante sanitario durante la inspección fiscal que derivó en la denuncia contra la pareja de Ayuso por sus delitos fiscales. Para el ministerio público es “muy llamativa la falta de explicación alguna” sobre la compra de la mercantil Círculo Belleza SL, “una empresa que carecía de valor”. No llegaba a facturar ni 30.000 euros anuales, y no tenía empleados ni activos. Figuraba a nombre de la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, Gloria Carrasco, también imputada.
Y hay más. En la investigación de la pieza separada del sumario principal, se investigan otras operaciones que Camino habría encargado a González Amador por las cuales recibió una importante cantidad de dinero en concepto de comisiones, un incremento de patrimonio que levantó las sospechas de la Agencia Tributaria que originaron la inspección que ha desembocado en la apertura de juicio oral en la primera pieza del sumario. El juzgado ha ordenado a la UCO una investigación porque existen sospechas de que la compra de la sociedad de la mujer de Camino obedecía al pago de las comisiones que obtuvo, junto a González Amador, en una mordida por la adquisición pública de mascarillas durante la pandemia.
Las relaciones entre la pareja de Díaz Ayuso y el presidente de Quirón Prevención son las que investiga el fiscal en esta pieza separada. Fernando Camino es administrador único de la mutua Frater Prevención, una entidad que contrató, durante muchos años, a González Amador como consultor. Pero lo más relevante es que Camino formaba parte del consejo de administración de otra empresa, Mape, que fue la que compró mascarillas durante la pandemia, una operación por la que la pareja de Ayuso se embolsó 2 millones de euros de comisión.
Y eso que todavía no se ha llegado al punto que puede interesar más a la fiscalía, los negocios del empresario en Latinoamérica, los encargos de Quirón Prevención a González Amador para introducir al grupo en la zona, algo que queda demostrado por los frecuentes viajes del empresario al continente, se supone que para negociar con sus autoridades. Curiosamente la presidenta de la CAM ha efectuado, también, varios viajes a esta zona en visitas oficiales para “mejorar las relaciones comerciales” sin que se hayan conocido resultados concretos.
La anterior instructora ofreció a Quirón la posibilidad de personarse en la causa, pero la dirección del grupo rechazó dicha oferta. Es más, exculpó a González Amador cuando sólo se le investigaba por el delito fiscal descubierto en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de Maxwell Cremona correspondientes a los años 2020 y 2021. A requerimiento de la AEAT, que inspeccionaba las cuentas de la sociedad, el director de grandes cuentas de Quirón Prevención, Emilio Conde, expidió un certificado en el que manifiesta que “Quirón prevención tiene una relación contractual suscrita en un acuerdo marco con la organización Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L para prestar servicios a nuestros clientes en territorio nacional y en el extranjero a demanda de Quirón prevención, siendo Alberto González Amador el director de Proyectos y quien asume la interlocución con los clientes desde la fase comercial hasta su ejecución final”. No es de extrañar. González Amador tiene un despacho al lado del de Fernando Camino. No tiene relación laboral pero los hechos demuestran la existencia de una posible vinculación.
Los abogados de Alberto González Amador seguirán intentando dilatar el final de la causa. Buscan que antes se celebre el juicio por revelación de secretos del fiscal general del Estado porque de esa vista oral pueden recoger multitud de argumentos que podrán utilizar en el juicio de su cliente. En las últimas horas ha surgido, además, un trasfondo político. En el entorno de Díaz Ayuso se quejan de que la instructora no ha esperado a los recursos en contra de los acusados presentados en la Audiencia de Madrid para dictar el auto de apertura de juicio oral. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ha publicado en las redes sociales una acusación: “Hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido”, ha publicado en la red social.
La jueza Carmen Rodríguez Medel es la titular número 51 de Madrid que se encargado provisionalmente del juzgado número 19. Tiene toda la capacidad legal para dictar resoluciones en torno a este y otros casos. Vincularla familiarmente con un recién ascendido por el ministro del Interior no es aceptable sobre todo si se tiene en cuenta su historial. Ha sido asesora del director general de relaciones con la Justicia en tiempos de Rafael Catalá, es decir de Mariano Rajoy, y ha sido acusada por varios expertos de haber actuado por motivos políticos en los casos del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. También instruyó la querella contra el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de prevaricación por haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo de 2020 a pesar de las sospechas de contagios por coronavirus.
Se puede acusar de cualquier cosa a esta jueza menos de favorecer a Moncloa, lo que parece insinuar MAR.