En las horas inmediatamente posteriores a que un sismo de magnitud 7,4 sacudiera el suroccidente y el eje cafetero de Colombia, la diferencia entre la vida y la muerte se midió en el minutero de los equipos de búsqueda. En ciudades severamente impactadas como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, familias enteras y cuerpos de socorro locales comenzaron a escarbar con las manos desnudas y herramientas improvisadas entre las toneladas de concreto colapsado. Sin embargo, mientras la cifra oficial de fallecidos superaba con rapidez las doscientas personas y las réplicas mantenían en vilo a la población, una barrera invisible pero infranqueable comenzó a erigirse no en el terreno, sino en los despachos de la diplomacia y la alta política. El recién posesionado gobierno de Abelardo de la Espriella, un abogado de ultraderecha caracterizado por una profunda desconfianza hacia el multilateralismo, decidió priorizar el repliegue ideológico sobre el auxilio técnico inmediato, rechazando o dejando en un limbo burocrático los ofrecimientos de personal especializado enviados desde diversos rincones del planeta.
La tragedia natural derivó rápidamente en una crisis de gestión política alimentada por la doctrina del ultranacionalismo. Apenas cuatro días después de asumir la jefatura del Estado en un acto celebrado precisamente en la golpeada ciudad de Cali, la nueva administración colombiana optó por desatender las ofertas de contingentes humanos capacitados en salvamento y rescate en estructuras colapsadas. La premisa del Ejecutivo de defender una supuesta autosuficiencia nacional chocó frontalmente con la cruda realidad operativa de un sistema de emergencias desbordado. Mientras rescatistas internacionales con amplia experiencia en catástrofes telúricas aguardaban la autorización formal en pistas de aterrizaje y sedes diplomáticas, el tiempo vital para hallar supervivientes aprisionados en la masa de escombros se consumía irremisiblemente, evidenciando los riesgos mortales de anteponer las agendas doctrinales a la preservación del derecho a la vida.
Rescates paralizados por el recelo multilateral
El escenario de confusión institucional se vio agravado por la falta de canales claros de interlocución con la comunidad internacional. Una de las primeras voces en señalar la descoordinación del nuevo gabinete fue la del embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang. El representante diplomático de Pekín, país con el que el nuevo mandatario ha marcado una evidente distancia para volcar su política exterior hacia Washington, emitió un comunicado urgente instando a la Casa de Nariño a designar de inmediato a un funcionario de enlace para canalizar la asistencia. Este llamado de atención reflejó la frustración de potencias globales y organismos multilaterales dispuestos a desplegar tecnología de localización y brigadas caninas, pero atascados ante la ausencia de una interlocución operativa básica en el aparato estatal colombiano.
El sesgo doctrinario no hizo distinciones entre fronteras ideológicas ni tradiciones de solidaridad regional. Mandatarios de perfiles políticos opuestos vieron frenadas sus iniciativas de socorro inmediato. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que un paquete integral de ayuda humanitaria y un contingente técnico especializado en rescates sísmicos permanecían listos para despegar hacia el territorio colombiano a la espera exclusiva de la solicitud formal de Bogotá. Una postura idéntica adoptó el presidente de Chile, José Antonio Kast, cuyo país cuenta con una de las infraestructuras de respuesta ante sismos más avanzadas del mundo. A pesar de que Kast compartió escenario con De la Espriella durante su toma de posesión, junto a otros líderes afines como el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa, sus propuestas de enviar personal técnico sufrieron la misma parálisis que las provenientes de gobiernos progresistas como el del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el español Pedro Sánchez.
Incluso entre los aliados más cercanos de la nueva administración, la negativa al despliegue de brigadas humanas fue explícita. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó públicamente que las autoridades colombianas rechazaron el envío de personal médico y cuerpos de emergencia aduciendo que la capacidad nacional ya se encontraba plenamente desplegada y cubría las necesidades del evento. Ante esta respuesta, la nación centroamericana debió limitar su cooperación al despacho de dos aviones de carga con cien toneladas de insumos físicos. Este patrón recurrente de declinar el talento humano extranjero puso de manifiesto un dogma central del ultranacionalismo de extrema derecha: la negativa a reconocer la vulnerabilidad de las capacidades estatales ante un desastre natural, prefiriendo la narrativa de soberanía absoluta a expensas de la eficiencia en las operaciones de gestión del riesgo.
Vacío burocrático
Más allá del posicionamiento ideológico exterior, la respuesta gubernamental se vio severamente mermada por un colapso administrativo interno, consecuencia directa del estilo político con el que se realizó el traspaso de mando. El gobierno entrante tomó la determinación de romper el tradicional proceso de empalme y transición con la administración saliente del expresidente Gustavo Petro. Esta interrupción dramática en la continuidad del Estado dejó desprovistas de liderazgo a entidades críticas para la seguridad nacional en el momento exacto en que se produjo la sacudida telúrica. Al ocurrir el sismo, el Ejecutivo aún no había nombrado formalmente a los titulares de organismos clave para la atención de desastres, improvisando nombramientos de última hora como el del ingeniero geólogo David Suárez Tamayo al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La normativa colombiana establece un sistema sumamente centralizado en el que la UNGRD debe evaluar las capacidades locales y, en caso de verse superadas, formular las necesidades operativas para que la Cancillería tramite la petición formal de ayuda a la comunidad internacional. La ausencia de un empalme técnico impidió que las nuevas autoridades dominaran los protocolos legales y operativos requeridos para activar estas alertas con celeridad. Expertos en relaciones internacionales y diplomacia pública señalaron que el gabinete entrante se vio obligado a aprender el funcionamiento del sistema en medio de la emergencia, agravando la situación para los gobiernos municipales de ciudades como Cali o Pereira, cuyas alcaldías carecen de competencia legal para coordinar ayuda internacional de forma autónoma y dependen por completo de las directrices del poder central.
El impacto de este vacío procedimental se reflejó en la emisión tardía de una nota verbal por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se solicitó apoyo genérico a la comunidad internacional para complementar la entrega de bienes, pero obviando deliberadamente el llamamiento formal para el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Secretario General António Guterres, reiteraron su plena disposición para apoyar la respuesta liderada por el gobierno nacional. Sin embargo, la distinción efectuada por el Ejecutivo entre la recepción de insumos a largo plazo y la denegación de auxilio operativo inmediato terminó consolidando un cuello de botella logístico en el momento de mayor urgencia humanitaria.
La fragilidad del socorro condicionado
En medio del bloqueo generalizado a la cooperación multilateral y regional, la única excepción relevante en la recepción de apoyo técnico y financiero provino de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Washington anunció la asignación de quince coma cinco millones de dólares destinados a refugio de emergencia, alimentación y evaluación de daños, activando de manera inmediata un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) enviado al territorio colombiano. Esta apertura selectiva hacia la potencia norteamericana reafirmó el viraje de la política exterior colombiana hacia un esquema unidireccional, alineado con la agenda estratégica de Washington y distante del consenso de los organismos internacionales.
Esta preferencia geopolítica dejó al descubierto la fragilidad de un modelo de gestión de crisis subordinado a las afinidades ideológicas. Mientras la ayuda estadounidense se concentró en la programación y evaluación macroestructural, la carencia de rescatistas a pie de campo procedentes de países vecinos continuó sintiéndose en los barrios destruidos del eje cafetero y el Pacífico colombiano. Fuentes del alto gobierno argumentaron internamente que los recursos humanos nacionales eran suficientes y que el traslado de brigadas desde otras provincias colombianas supliría las necesidades de rescate. No obstante, analistas independientes y exfuncionarios de gestión de riesgos coincidieron en que la magnitud del desastre superaba con creces las capacidades operativas locales, y que la negativa a recibir especialistas extranjeros constituyó un error de cálculo con consecuencias directas sobre la tasa de supervivencia de los atrapados.
La Selectividad en la aceptación de asistencia externa expuso cómo el ultranacionalismo transforma la ayuda humanitaria neutral en un terreno de afirmación partidista. Al categorizar a las naciones cooperantes en función de su cercanía política o de su peso geopolítico, la administración central aisló a Colombia de redes de solidaridad técnica altamente eficientes. El principio fundamental de la asistencia en desastres, que dicta que el auxilio no debe tener fronteras ni sesgos de pensamiento, quedó supeditado a un filtro ideológico donde la diplomacia de las emergencias se convirtió en una herramienta de consolidación doctrinal.
El coste humano de la doctrina ultranacionalista
El terremoto de magnitud 7,4 no solo resquebrajó la geografía física de Colombia, sino que puso al descubierto las fallas estructurales de un modelo político que sitúa el aislamiento institucional y el orgullo soberanista por encima del socorro de sus propios ciudadanos. Las horas perdidas en debates sobre protocolos, la falta de designación oportuna de autoridades de emergencia y la negativa sistemática a permitir el ingreso de socorristas internacionales conformaron un escenario donde la burocracia ideologizada actuó como un factor agravante de la catástrofe natural. Para los habitantes que continuaron removiendo escombros en la penumbra de las ciudades afectadas, la ayuda internacional prometida por el mundo no llegó a los barrios no por falta de voluntad global, sino por la existencia de un veto político en las esferas del poder central.
El análisis de esta crisis pone de manifiesto que en el contexto de una emergencia a gran escala, la adhesión rígida a dogmas ultranacionalistas de extrema derecha puede resultar tan destructiva como el propio fenómeno natural. La incapacidad para articular una respuesta rápida, sumada al desprecio por los mecanismos multilaterales de cooperación, transforma el desastre en una tragedia evitable en términos de vidas humanas. La experiencia colombiana tras la sacudida telúrica queda así registrada como un sombrío testimonio de cómo la política de la desconfianza y el aislamiento tiene un precio directo que se paga en vidas perdidas bajo las ruinas.
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