O el presidente del Partido Popular no se ha leído la ley de extranjería o es un completo indocumentado. En la llamada “declaración de Murcia” Alberto Núñez Feijóo propone un visado por puntos para inmigrantes condicionado a trabajos de sectores donde falta “mano de obra” y con una “cultura” próxima, como la hispanoamericana. Habría que decirle al dirigente conservador que se mire el catálogo de puestos de difícil ocupación que está a disposición de todos los ciudadanos en el ministerio de Trabajo y en las embajadas españolas. La orden ya es vieja. La puso en funcionamiento por Manuel Pimentel, que fue ministro de un gobierno de José María Aznar, y promotor de un proceso extraordinario de regularización muy parecido al que ahora pretende llevar a cabo la izquierda. Y en cuanto a la “cultura” próxima habría que poner al gallego ante el cuestionario al que se deben enfrentar todos los ciudadanos del exterior que aspiran a obtener la nacionalidad. En el mismo, se les cuestiona sobre aspectos de la Constitución, la legislación, la territorialidad y el idioma español y como no contesten lo que es debido se les deniega la nacionalidad española. ¿Dónde está la novedad de esta “declaración de Murcia”?
Cuando Manuel Pimentel decidió la primera regularización extraordinaria, miles de inmigrantes irregulares se acogieron a la medida para obtener permisos de residencia y trabajo. Era la época en la que los traficantes de mujeres hacían su agosto trayendo ciudadanas latinoamericanas y del este de Europa engañadas, procedentes de pequeñas poblaciones con lo que se llamaba “la deuda”. A cambio de sufragar su viaje a España, y la documentación para pasar la aduana con visados turísticos, se las obligaba a esclavizarse y prostituirse. El ministerio de Interior de la época estableció un sistema extraordinario de regularización para todas aquellas víctimas que delatasen a esos proxenetas. Otras, con un poquito de suerte, lograron trabajar como empleadas de hogar por supuesto pagándolas en dinero negro, sin seguridad social y en condiciones laborales lamentables. Más o menos pasaba lo mismo con los hombres procedentes del Magreb y del África subsahariana los cuales, si no se dedicaban al top manta, trabajaban en la agricultura en condiciones lamentables.
Tanto Pimentel, al cual echaron con cajas destempladas del gobierno de Aznar, como posteriormente los ministros de Rodríguez Zapatero intentaron acabar con este estado de cosas Tras la regularización extraordinaria se reglamentó el sistema de acceso al permiso de estancia en España mediante los visados de trabajo. El criterio es sencillo y es el que sigue vigente actualmente. Un empresario reclama a la embajada de un país concreto, generalmente latinoamericano, un trabajador para ejercer un cometido que figura en el catálogo de “puestos de trabajo de difícil ocupación” del ministerio de Trabajo. Presenta el correspondiente contrato y la embajada o consulado difunde la oferta. Si el empresario ya ha contactado con un aspirante a la plaza, este se presentará a la legación para llevar a cabo el trámite. Repetimos, que sólo se aprobará si el puesto de trabajo está catalogado en los de escasa demanda en España. Si no, el ministerio a través de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas se lo ofrecerá a un nacional. De ahí que lo que ofrece Núñez Feijóo sea más de lo mismo.
Hay otras fórmulas que el líder conservador omite en la “declaración de Murcia”. En estos momentos las más empleadas son las del arraigo y la reunificación familiar. La primera se obtiene cuando una persona puede demostrar que lleva un alto tiempo de estancia en España, aunque sea trabajando en actividades de la economía irregular. en ese caso, y si demuestra estar integrada en la sociedad, puede llegar a obtener un permiso de residencia y trabajo por seis meses, renovables. Este supuesto se utiliza con mucha frecuencia para los trabajadores procedentes de los países latinoamericanos. Es más difícil que los obtengan los procedentes del Magreb y África subsahariana por sus dificultades de comunicación. Los ciudadanos de los países del este de Europa, la mayoría procedentes de Rumanía y Bulgaria, están exceptuados de ese tipo de trámites por ser miembros de la UE y, por lo tanto, beneficiarse de la libre circulación de personas.
En el caso de los naturales de Ucrania, se les considera refugiados de guerra y su régimen es especial. Lo mismo ocurre con los que se casan con nacionales que tienen derecho a un permiso de residencia. Durante algunos años se puso de moda el llamado “matrimonio de conveniencia” que obligó a los encargados de migraciones y del registro civil a abrir investigaciones lo que demoraba la autorización casi un año. Pero ahora el trámite se ha simplificado. Desde junio pasado, el ministerio de Trabajo ha dictaminado que ya no es necesario inscribir el matrimonio en España para que el cónyuge extranjero obtenga el permiso de residencia. Por último, existe la posibilidad del asilo político pero ese sistema implica demostrar la persecución política en el país de origen y sólo se obtiene la residencia sin derecho a trabajar. Hay otras fórmulas como era la llamada “visa de oro” que ha sido suprimida por este gobierno o el visado para un “emprendedor” que presenta un proyecto económico con la obligación de generar puestos de trabajo.
Alberto Núñez Feijóo demuestra, al efectuar este tipo de anuncios, su total desconocimiento de las fórmulas de inmigración en España. Sucede lo mismo con la famosa pretensión de Vox que quiere expulsar a los más de dos millones y medio de residentes que no han nacido en este país, aunque hayan obtenido la nacionalidad. Habría que decir a los de Santiago Abascal que, una vez obtenida la nacionalidad, un ciudadano goza de todos los derechos y obligaciones como cualquier persona nacida en el territorio español. No sólo la extrema derecha española sino la de otros países, desconocen que cualquier juez puede echar por tierra una iniciativa de este tipo. Lo contrario sería saltarse el sistema y la legalidad, la pasada y la vigente. Los anuncios mejor se hacen con cierto conocimiento de causa.