La preocupación expresada por Gabriel Rufián sobre la posibilidad de que “algún día pase algo malo” tras el incidente entre Vito Quiles y Begoña Gómez se inscribe en un debate más amplio sobre el aumento de la violencia política en España. Aunque el país no vive una situación comparable a la de otros contextos donde la violencia física es recurrente, sí existe un consenso creciente entre analistas y organizaciones especializadas en que la polarización extrema está elevando el riesgo de episodios graves.
En los últimos años, España ha experimentado un incremento notable de la confrontación política. La crispación se ha trasladado a las instituciones, a los medios de comunicación y a las redes sociales, donde la desinformación y la hostilidad se amplifican con rapidez. Diversos estudios sobre percepción ciudadana indican que una parte significativa de la población siente que el debate público se ha deteriorado y que los insultos, la deslegitimación del adversario y la desconfianza se han normalizado.
Este clima no surge de un único actor ni de un solo episodio. Se alimenta de dinámicas acumuladas: discursos cada vez más duros, estrategias de movilización basadas en la indignación, campañas de acoso digital y una creciente presencia de comunicadores que adoptan un tono confrontativo. El incidente entre Quiles y Gómez se interpreta dentro de este marco, como un síntoma más de una tensión que no deja de escalar.
La preocupación por la violencia política no es exclusiva de España. En los últimos años, Europa ha vivido episodios graves: el asesinato de la diputada británica Jo Cox en 2016, el ataque contra el político alemán Walter Lübcke en 2019 o la agresión al primer ministro eslovaco Robert Fico en 2024. Estos casos han llevado a instituciones europeas a advertir de que la polarización extrema puede desembocar en violencia física si no se actúa a tiempo.
En España, aunque no se han producido episodios de esa magnitud en la política estatal reciente, sí ha habido agresiones a cargos públicos locales, amenazas a representantes de distintos partidos y un aumento de la hostilidad en actos políticos. Organizaciones que monitorizan delitos de odio han señalado que la tensión política es uno de los factores que puede contribuir a que ciertos individuos actúen de forma violenta.
Expertos en radicalización coinciden en que la violencia política rara vez aparece de manera repentina. Suele ir precedida de un proceso de deshumanización del adversario, de la difusión de teorías conspirativas y de la normalización del acoso. Cuando figuras públicas son señaladas repetidamente como enemigos o amenazas, aumenta la probabilidad de que personas aisladas, sin conexión orgánica con partidos o movimientos, decidan actuar por su cuenta.
En este sentido, las advertencias como la de Rufián reflejan un temor compartido por distintos sectores: que la escalada verbal y el hostigamiento personal acaben generando un entorno donde un incidente grave sea posible. No se trata de afirmar que vaya a ocurrir, sino de reconocer que el riesgo existe cuando la tensión política supera ciertos límites.
Diversas voces del ámbito académico y social subrayan que reducir la polarización no implica eliminar el conflicto político, que es inherente a la democracia, sino evitar que ese conflicto se convierta en un enfrentamiento personal o identitario. La responsabilidad es compartida: partidos, medios, comunicadores y ciudadanía.
España cuenta con instituciones sólidas y una sociedad civil activa, factores que actúan como freno ante escenarios extremos. Pero la experiencia internacional muestra que ningún país está completamente blindado. La pregunta que queda abierta es si los actores políticos y mediáticos serán capaces de rebajar la tensión antes de que la crispación derive en consecuencias más graves.