La decisión de María Guardiola de adelantar los comicios autonómicos en Extremadura no es solo una maniobra técnica: es la constatación de un Gobierno que no consentirá el debate parlamentario y opta por trasladar la responsabilidad a las urnas. Al anunciar que “los extremeños no pueden esperar”, el Ejecutivo muestra que la gobernabilidad se ve ante todo como cálculo electoral y no como compromiso institucional.
La prórroga que nunca fue
Guardiola ha sostenido que el retraso en la aprobación de los presupuestos de 2026 —producto de la oposición unánime de los grupos parlamentarios— le deja sin otra alternativa que la convocatoria anticipada. Desde su punto de vista, mantener presupuestos prorrogados supone una “irresponsabilidad”. Pero ese argumento oculta que el bloqueo no es solo del Parlamento: es también del Gobierno, que no ha logrado construir mayoría ni pacto social para avanzar en sus cuentas. Al firmar el decreto de disolución en plena crisis presupuestaria, el Ejecutivo adquiere la forma de gestor de conflicto, no de proyecto.
Gobierno en minoría, elecciones como tabla de salvación
La jugada pone de manifiesto un patrón recurrente: la tentación de convertir la inestabilidad institucional en ventaja electoral. Convocar elecciones cuando no se tiene control parlamentario es un síntoma de debilidad, no de audacia. La presidenta habla de “transformar Extremadura, no agarrarse al sillón”, pero lo hace desde la lógica de quien teme que la legislatura se convierta en exposición de errores. La fragmentación política y la presencia de fuerzas que condicionan la gestión regional no se resuelven con un calendario acelerado: se resuelven con acuerdos. Al elegir la vía electoral, el PP regional apuesta por escapar del parlamentarismo, no por regenerarlo.
El coste del “adelanto responsable”
Que la convocatoria tenga lugar justo antes de las fiestas navideñas y en un contexto de tensión demuestra que la urgencia declarada puede esconder otro propósito: diluir la discusión pública sobre las cuentas y trasladar el foco al espectáculo electoral. La región que se jacta de “no hacer perder el tiempo a los extremeños” se precipita hacia una campaña por adelantado, vaciada de contenido programático y centrada en retórica de bloqueo. La consecuencia es doble: por un lado, el debate real sobre políticas públicas queda suspendido; por otro, los ciudadanos quedan relegados a votar sin haber visto planteamientos sólidos.