La huelga general del 11 de noviembre ha comenzado con una participación desigual según los territorios, importantes paros en grandes industrias y denuncias de actuaciones policiales contra los piquetes informativos en Madrid. UGT y CCOO han ofrecido este miércoles un segundo balance provisional de la jornada, correspondiente al cierre del turno de noche y al inicio del turno de mañana, en el que han destacado el seguimiento de la convocatoria y han cuestionado los servicios mínimos establecidos por varias comunidades autónomas.
El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, y el secretario de Organización de CCOO, Agustín Martín, han comparecido ante los medios para explicar unos primeros resultados que, según han advertido, todavía no incluyen la actividad de sectores como la educación, las administraciones públicas, el comercio, la banca y otros servicios privados.
La huelga alcanza el 75 % en algunos territorios, según los sindicatos
Espartero ha señalado que los datos provisionales reflejan una implantación especialmente importante en la cornisa cantábrica, Cataluña, Andalucía y buena parte del litoral mediterráneo, territorios donde las organizaciones sindicales identifican una mayor presión sobre el acceso a la vivienda.
Según las cifras facilitadas durante la comparecencia, el seguimiento se sitúa en torno al 75 % en Andalucía y Aragón, mientras que en Extremadura y Castilla-La Mancha ronda el 41 %. En los centros logísticos de Illescas, Toledo, y Guadalajara, los sindicatos aseguran que la participación alcanza el 80 %.
También han destacado los paros en la automoción, la petroquímica, la industria cárnica y otras grandes empresas con una fuerte presencia sindical.
Martín ha añadido que el consumo eléctrico ha registrado una reducción cercana al 10 %, un indicador que, a juicio de las organizaciones convocantes, refleja la paralización de parte de la actividad industrial. Estos porcentajes son estimaciones sindicales preliminares y no constituyen todavía un balance independiente de la jornada.
El TSJM suspende parte de los servicios mínimos fijados por Ayuso
Uno de los asuntos centrales de la comparecencia ha sido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha suspendido cautelarmente los servicios mínimos aprobados por el Gobierno autonómico para la Administración de Justicia, la educación y determinados transportes, con excepción de Metro de Madrid.
El tribunal ha dispuesto que se apliquen provisionalmente los mínimos correspondientes a la huelga general de 2012, tras el recurso presentado por CCOO.
Martín ha denunciado que la dimensión de las obligaciones impuestas por la Comunidad de Madrid dificultaba el ejercicio efectivo del derecho de huelga y ha criticado que otras autonomías hayan adoptado medidas igualmente restrictivas.
Dos detenidos y una docena de heridos durante los piquetes
Las organizaciones sindicales han denunciado dos detenciones, una de ellas en Mercamadrid, que afecta a un delegado de CCOO del sector del transporte, y otra en Zamudio, donde habría sido detenido un representante sindical del metal.
También han informado de aproximadamente una docena de heridos, entre ellos una responsable confederal de Juventud que, según su relato, sufrió una brecha en la cabeza durante los incidentes registrados en Mercamadrid.
La utilización de gas pimienta por agentes antidisturbios en Mercamadrid y en las cocheras de Fuencarral ha provocado una de las principales protestas de los sindicatos, que consideran desproporcionada la intervención policial.
Las imágenes difundidas por distintos medios confirman episodios de tensión y utilización de gas pimienta, aunque las circunstancias concretas de cada actuación y las responsabilidades correspondientes requieren una investigación diferenciada.
CCOO estudia acciones legales tras los ataques de Ayuso a los sindicatos
Martín también ha respondido a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que había utilizado expresiones como «mafia sindical» y «basura» para referirse a las organizaciones y a sus movilizaciones.
«Esto es fascismo puro y duro», ha afirmado el dirigente de CCOO, que ha anunciado que los servicios jurídicos estudiarán si las palabras de la presidenta madrileña pueden dar lugar a acciones legales por una posible vulneración de derechos fundamentales o un delito de odio.
Se trata, por ahora, de una valoración sindical y del anuncio de un estudio jurídico, no de una denuncia admitida ni de una infracción penal acreditada.
Vivienda y salarios dignos, los objetivos de la movilización
Más allá de los incidentes, UGT y CCOO han insistido en que la huelga pretende denunciar el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento de la vivienda y las dificultades que encuentran miles de trabajadores para acceder a un hogar.
«Salario digno, vivienda digna y unos servicios públicos de calidad y dignos», ha resumido Martín.
Los convocantes consideran que los elevados precios inmobiliarios impiden incluso que algunos empleados públicos acepten destinos laborales en determinadas ciudades.
Ambas organizaciones han emplazado a esperar a los siguientes balances para conocer la dimensión completa de la huelga. La jornada continuará con nuevas concentraciones y movilizaciones convocadas en distintos puntos de España.
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