La Ley de Movilidad Sostenible, que el Gobierno esperaba convertir en uno de los pilares de su agenda verde, ha encallado a las puertas del Congreso. Su futuro pende de un hilo, y no solo por los votos: las electrolineras, un sector clave para la transición energética, consideran que el texto aprobado en comisión es una oportunidad perdida. La causa de su descontento es clara: la eliminación de una enmienda de Esquerra Republicana que pedía separar las licitaciones públicas de gasolineras y electrolineras.
Aunque la norma incluye avances relevantes para reducir emisiones y promover infraestructuras eléctricas, el sector de la recarga rápida teme que, sin esa diferenciación, las grandes compañías petroleras acaparen los contratos y frenen el crecimiento de la red de carga eléctrica.
Una oportunidad que se desinfla
La propuesta de ERC, numerada como enmienda 749, instaba al Ejecutivo a “promover legalmente la diferenciación de las licitaciones específicas para electrolineras de aquellas destinadas a instalar estaciones de repostaje de combustibles fósiles”. Sin embargo, no logró llegar al Pleno. Para los operadores eléctricos, su exclusión es un golpe directo a la competencia y a la neutralidad tecnológica.
“Si las grandes gasolineras están obligadas a instalar cargadores eléctricos, harán lo mínimo exigido, sin impulsar de verdad el cambio”, explica Adrien Rambaud, director de Asuntos Públicos de Electra, que ya opera varias electrolineras en España y prevé alcanzar las 200 en 2030.
Rambaud advierte que esta configuración puede “ralentizar el despliegue de la red”, y alerta de que la obligación impuesta a las estaciones de servicio —que a partir de 2025 deberán contar con puntos de recarga de al menos 400 kW, y 600 kW en 2027— podría derivar en un modelo ineficiente. “El sector necesita impulso político y económico, no trabas que beneficien a los de siempre”, resume.
El “bundling” que frena la competencia
La práctica de agrupar en una misma licitación pública distintos servicios energéticos —combustibles fósiles, hidrógeno, biocombustibles y recarga eléctrica— es conocida en Europa como bundling o licitación en bloque. Según Manuel Torres, de la empresa Fastned, “esta fórmula excluye de forma estructural a operadores especializados que no pueden ofrecer todos los servicios incluidos en el lote, distorsionando la competencia”.
Torres subraya que “la neutralidad tecnológica y la competencia justa entre operadores son esenciales para garantizar un despliegue ágil y eficiente de la red eléctrica”. En su opinión, la falta de separación entre tecnologías podría favorecer a las grandes petroleras y perjudicar a los usuarios de vehículos eléctricos, que verían reducida la disponibilidad y calidad de los puntos de carga.
La presidenta de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), Laura Gonçalves, coincide: “Es fundamental separar las licitaciones para evitar que las electrolineras queden en desventaja frente a empresas con décadas de dominio en el mercado energético”.
Podemos decide el futuro de la Ley
Más allá del debate técnico, la suerte de la Ley de Movilidad Sostenible se decidirá en el terreno político. Con el voto dividido entre los principales grupos parlamentarios, Podemos se ha convertido en el árbitro de una norma que lleva años en preparación y que tiene vinculados más de 10.000 millones de euros en fondos europeos.
Los morados mantienen su rechazo, alegando que el texto final es “descafeinado” y no responde a los compromisos climáticos del Gobierno. Su condición para cambiar el voto es clara: detener las ampliaciones de El Prat y del puerto de Valencia. El Ejecutivo considera inasumible esa exigencia, por lo que el desenlace podría ser un nuevo revés para Moncloa.
Fuentes del PSOE aseguran que “siguen abiertas todas las conversaciones” y que “la esperanza no está perdida”. En caso de que el proyecto no prospere, el Gobierno intentaría trasladar los fondos europeos vinculados a esta ley a otros programas de movilidad, aunque esto ralentizaría la ejecución de los hitos comprometidos con Bruselas.
Lo que está en juego
La Ley de Movilidad Sostenible pretende avanzar en la descarbonización del transporte, fomentar las autopistas ferroviarias, electrificar los puertos y exigir planes de movilidad sostenible a las empresas. También busca mejorar la conectividad en territorios insulares como Canarias y reforzar la transparencia en la información sobre infraestructuras de recarga.
Sin embargo, la falta de consenso amenaza con frustrar años de trabajo y dejar al sector eléctrico en una situación de incertidumbre. “Si la ley no sale adelante, habrá que empezar casi desde cero”, lamenta Gonçalves, que reclama un diálogo urgente con los legisladores para redactar un nuevo texto que corrija los errores actuales.
El mensaje de fondo es nítido: la transición energética no puede construirse con las reglas del pasado. Si las electrolineras quedan atrapadas en un sistema de licitaciones pensado para las gasolineras, España corre el riesgo de perder el tren —o más bien el cargador— de la movilidad del futuro.