La fiscalía solicita penas de hasta cinco años y tres meses de prisión para el que fue director de la escuela Pare Manyanet, en el barrio barcelonés de Sant Andreu, y para un abogado de la congregación Fills de la Sagrada Família, por supuestas coacciones y acoso a un informático que denunció a la policía la presencia de abundante material pedófilo en el ordenador de un sacerdote del centro.
El Ministerio Público considera que las actuaciones de ambos, identificados como Josep Maria T. y Antonio R., constituyeron además un intento de obstrucción a la justicia.
El escrito de acusación desglosa la petición de penas en un año y tres meses por acoso laboral, dos años por delito de coacciones y otros dos años por obstrucción a la justicia para cada uno de los dos acusados.
La acusación particular, ejercida por la abogada Carla Vall, eleva la petición hasta los siete años de cárcel para ambos, al atribuirles los mismos delitos pero con una valoración más grave del impacto sobre la víctima, un técnico informático que acabó de baja por ansiedad y aceptando un despido que hoy cuestiona ante los tribunales.
El caso se remonta a abril de 2021, cuando el informático del centro aseguró haber encontrado hasta 39 gigas de vídeos de abusos sexuales a menores en el ordenador del sacerdote Joaquim Calvet, vinculado a la misma congregación y que, aunque ya no ejercía como profesor, mantenía contacto con menores.
El trabajador decidió entregar el hallazgo a los Mossos d’Esquadra, lo que desencadenó una reunión con el director del colegio, grabada en audio por el propio técnico, en la que se le reprocha haber denunciado el caso y se le responsabiliza de la caída de matrículas y de la posible pérdida de empleo de algunos docentes.
Según la acusación, en ese encuentro se le imputó el incumplimiento de una cláusula de confidencialidad y se le informó de la apertura de un expediente interno firmado por el abogado de la congregación, en el que se sugería que su denuncia suponía un ataque a la intimidad del sacerdote y podría constituir un delito de revelación de secretos. Tras aquellos hechos, el informático terminó de baja por ansiedad, pasó al teletrabajo y finalmente aceptó un despido que más tarde decidió impugnar, denunciando a su vez al director y al letrado por su actuación.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona archivó inicialmente la causa, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla al apreciar indicios de un posible delito contra la administración de justicia, lo que ha permitido completar la investigación y situar ahora la causa a las puertas de juicio. Salvo acuerdo entre las partes, la vista oral se celebrará en otoño de 2026 o a principios de 2027.
En paralelo a este procedimiento, el sacerdote Joaquim Calvet fue condenado en 2023 por posesión de pornografía infantil, después de que se confirmara que almacenaba fotos y vídeos de menores desnudos tanto en su ordenador como en su teléfono móvil. La sentencia le impuso dos años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implicara contacto regular y directo con menores, así como nueve meses de multa con una cuota diaria de seis euros, al descartarse que hubiera producido o difundido el material y limitarse la condena a la tenencia de los archivos.
La congregación religiosa expresó entonces su rechazo al comportamiento del sacerdote y trasladó la resolución al tribunal eclesiástico que instruye la investigación canónica, mientras el caso penal sobre el trato al informático se ha convertido en un símbolo del debate sobre la protección de denunciantes en entornos institucionales.
El juicio que ahora se prepara deberá determinar si el exdirector del colegio Pare Manyanet y el abogado de la congregación cruzaron la línea que separa la gestión interna de un conflicto de una presión ilegítima destinada a silenciar a quien decidió poner los hechos en conocimiento de la justicia.