Una resolución aprobada el 5 agosto de 2025 por la Junta de Andalucía y publicada en el BOJA de 9 y 22 de septiembre, concede permisos de investigación minera en la provincia de Huelva en 30.308 hectáreas, es decir, el 3% del territorio provincial, incluyendo áreas de la Red Natura 2000 y espacios protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva.
Las empresas adjudicatarias han sido Alto Minerals, Atalaya Riotinto Minera, Cobre Las Cruces, Emérita Resources España, Minas de Aguas Teñidas y Minera Sabina.
Ecologistas en Acción ha manifestado su "rotundo rechazo a esta decisión de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que autoriza a varias empresas a iniciar prospecciones en numerosos municipios". Desde la organización consideran que "esta medida hipotecará el futuro de la provincia, ya que la minería es incompatible con actividades productivas sostenibles como la agricultura, la ganadería, el turismo rural o la gestión forestal".
Municipios afectados
La superficie autorizada se suma a la ya extensa área degradada por la actividad minera en Huelva y afecta a los municipios de Almonaster la Real, Berrocal, Cabezas Rubias, Calañas, Campofrío, Cortegana, El Almendro, El Campillo, El Cerro de Andévalo, Escacena del Campo, La Granada de Río-Tinto, La Palma del Condado, La Zarza-Perrunal, Manzanilla, Nerva, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Sanlúcar la Mayor, Villalba del Alcor y Zalamea la Real. En Paterna del Campo las prospecciones mineras afectarán prácticamente a todo su término municipal, y en Escacena del Campo, casi a la mitad.
Impacto sobre la red hidrográfica
Los ecologistas alertan de que la red hidrográfica onubense, "ya severamente dañada por décadas de drenaje ácido de minas, se verá aún más amenazada por la apertura de nuevas explotaciones". Entre los riesgos destacan: vertidos tóxicos, afección a acuíferos y alteración de cursos fluviales, lo que supone un grave peligro tanto para la biodiversidad como para el acceso de las comunidades locales a agua de calidad.
El caso del río y embalse del Corumbel
De forma especialmente preocupante, la cuenca del río Corumbel —uno de los pocos afluentes limpios del río Tinto— podría quedar gravemente afectada. Esto comprometería la calidad de las aguas del Embalse del Corumbel, infraestructura esencial para el suministro de agua potable y el riego agrícola en la comarca del Condado de Huelva. El embalse abastece a los municipios de La Palma del Condado, Villarrasa, Niebla, Bonares, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Escacena del Campo y Paterna del Campo. Además, en situaciones de necesidad refuerza el suministro a otras localidades cercanas, al integrarse en la red gestionada por Giahsa (Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.). También se emplea en el riego de cultivos del Condado, por lo que su contaminación pondría en riesgo tanto el abastecimiento humano como la economía agrícola de la zona.
Ante esta grave amenaza, Ecologistas en Acción ya ha interpuesto recurso de alzada contra la resolución de estos concursos y mantiene un contencioso administrativo ente la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde su convocatoria en el mes de julio de 2024 y plantea las siguientes exigencias: la retirada inmediata de este plan de permisos de investigaciones mineras; el cumplimiento estricto de las normativas ambientales europeas y autonómicas, con especial atención a la Red Natura 2000, que debería haber conllevado una Evaluación Ambiental Estratégica previa a la resolución del concurso, y la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que priorice la conservación del patrimonio natural, la salud pública, la preservación de la calidad del agua libre de contaminación y en definitiva, el futuro de Huelva.