El acceso exclusivo desde la vivienda de la pareja de Alberto Núñez Feijóo a la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra), se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el líder del Partido Popular. Lo que parecía un asunto puramente administrativo ha escalado hasta la Audiencia Nacional, convirtiéndose en un conflicto político, vecinal y mediático de primer orden.
La raíz del problema está en los 215 metros cuadrados que separan el chalé de la arena. Ese terreno fue declarado de dominio público en 2007, mucho antes de que la pareja adquiriera la finca. Sin embargo, desde su casa existe un muro con una puerta que conecta directamente con la playa, un acceso que, según el Ministerio para la Transición Ecológica, carece de cualquier autorización legal.
El inicio del conflicto
La controversia comenzó en noviembre de 2024, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la intención del Estado de recuperar esa franja costera. La pareja de Feijóo solicitó entonces una concesión administrativa que le permitiera seguir disfrutando de la parcela durante tres décadas más, hasta 2037. Para ello debía demostrar que el terreno había estado vinculado históricamente a la vivienda. Sin embargo, los registros catastrales y documentales no aportaron pruebas en ese sentido.
En mayo de este año, el ministerio rechazó la solicitud con un argumento claro: el muro y la puerta representan una ocupación del dominio público sin ningún título habilitante. Tampoco se halló constancia de permiso municipal para la construcción de ese cierre de piedra que asegura la privacidad del chalé.
Del ministerio a los tribunales
Agotada la vía administrativa, la pareja de Feijóo decidió dar un paso más y presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. De esta forma, el conflicto salta de la esfera técnica a la judicial, con la posibilidad de alargarse durante años. Aunque los expertos en derecho de costas consideran muy limitada la probabilidad de éxito, el recurso puede garantizar tiempo suficiente para mantener el acceso en uso.
Mientras tanto, la Xunta de Galicia, que recientemente ha asumido competencias en materia de costas, ha defendido públicamente que “no hay nada irregular” en intentar legalizar la situación. Una postura que ha generado tensiones con parte de la oposición y con colectivos vecinales, que reclaman igualdad de trato frente a lo que consideran un “privilegio inadmisible”.
Los vecinos quieren recuperar el paseo marítimo
La polémica no afecta solo al ámbito privado. El Gobierno local de Moaña ha advertido de que la recuperación de esa parcela es clave para poder restaurar de manera integral el paseo marítimo, deteriorado desde hace años. La existencia del muro supone un obstáculo urbanístico que limita cualquier plan de rehabilitación global.
Vecinos y asociaciones ecologistas denuncian además el deterioro de la parte pública del muro frente a la buena conservación de la parte que protege la propiedad privada. Para ellos, el caso simboliza la desigualdad en el uso del litoral: unos pocos disfrutan de accesos exclusivos mientras la mayoría debe conformarse con los caminos públicos.
En Génova insisten en que se trata de un “asunto personal” de la pareja de Feijóo, desligado de su trayectoria política. Sin embargo, resulta inevitable que este episodio tenga repercusión en un momento en el que el líder del PP busca proyectar una imagen de cercanía y defensa de la igualdad ante la ley.
El litigio se ha convertido en un ejemplo de cómo las cuestiones privadas de los dirigentes políticos pueden derivar en un conflicto público con implicaciones urbanísticas, medioambientales y sociales. Y, sobre todo, en un tema incómodo que amenaza con reavivar el debate sobre los privilegios en plena campaña electoral.