Durante el discurso de política general ante la Asamblea Nacional ayer martes, Lecornu confirmó que “no se aumentará la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028” respondiendo así a la condición innegociable que habían puesto los socialistas para no presentar una moción de censura contra su segundo gobierno.
La medida suspende el aumento gradual de la edad de jubilación de 62 a 64 años que había establecido la controvertida reforma aprobada en 2023 por Emmanuel Macron.
Apoyo socialista y de los sindicatos
La respuesta del Partido Socialista no se ha hecho esperar. Boris Vallaud, jefe del grupo socialista en la Asamblea Nacional, confirmó después del discurso que su formación está dispuesta a hacer “una apuesta arriesgada” y continuar el debate parlamentario. “Consideramos esta situación como una victoria, así como un primer paso que permite contemplar los siguientes: el bloqueo y la derogación”, subrayó Vallaud.
Esta decisión socialista resulta clave para la supervivencia del Gobierno de Lecornu, ya que tanto la extrema derecha de Marine Le Pen como la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon habían presentado mociones de censura que se votarán el próximo jueves. Sin el apoyo socialista, estas iniciativas no cuentan con los 289 votos necesarios para derribar al ejecutivo.
Olivier Faure, líder de los socialistas franceses, justificó la decisión argumentando que “provocar una disolución (de la Asamblea) no cambia la vida de las personas”. Según sus cálculos, la suspensión de la reforma beneficiará a unos 3,5 millones de franceses que podrán jubilarse antes de lo previsto. El anuncio fue “fuertemente aplaudido en los escaños del Partido Socialista” y recibido con alivio por los partidos del bloque centrista. Sin embargo, generó preocupación en la derecha conservadora.
Desconfianza y presión desde las derechas
Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, criticó que “este Gobierno es un rehén de los socialistas”. Los sindicatos, principales opositores a la reforma original, celebraron la medida como una victoria tras las movilizaciones que sacudieron Francia en 2023.
Por su parte, la extrema derecha mantiene la presión. Sébastian Chenu, portavoz de Agrupación Nacional, advirtió que “esa censura se siente y se acerca”, mientras que Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon consideran la reconfirmación de Lecornu como una provocación de Macron.
Coste y consecuencias
Lecornu fue claro al advertir que la suspensión tendrá un coste económico considerable. El primer ministro precisó que el impacto financiero será de 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones de euros en 2027. “Esta suspensión deberá ser compensada financieramente, incluso mediante medidas de reducción de gastos”, explicó ante la Asamblea.
Para compensar este gasto, el Gobierno propone organizar una conferencia sobre pensiones y mercado laboral en las próximas semanas, junto con los interlocutores sociales. Si esta conferencia llega a conclusiones, se trasladará a la legislación; de lo contrario, será un tema central en la campaña presidencial de 2027. La estrategia de Lecornu incluye también el compromiso de no recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes por decreto, pero expone al Gobierno a mociones de censura inmediatas. Este fue precisamente el mecanismo utilizado para aprobar la reforma de pensiones en 2023, en medio de masivas protestas callejeras.
Contexto político en Francia
La situación en la política francesa es extremadamente sensible, con una Asamblea Nacional dividida en tres bloques ideológicos que hace prácticamente imposible formar mayorías estables. El presidente Emmanuel Macron ha tenido cinco primeros ministros en menos de dos años, lo que evidencia que cualquier situación puede conllevar la caída del gobierno.
El primer ministro debe ahora centrar sus esfuerzos en aprobar un presupuesto para 2026 que reduzca el déficit francés por debajo del 5% del PIB, en un contexto donde la deuda pública alcanza el 115,6% del producto interior bruto. Su capacidad para navegar estos desafíos determinará si Francia puede salir de la crisis política que la paraliza desde las elecciones legislativas de 2024.