La Justicia ha declarado nulas de pleno derecho diversas licencias vinculadas a proyectos fotovoltaicos en olivares de la Campiña Norte de Jaén, al apreciar un posible fraude de ley en su tramitación y en las autorizaciones sectoriales y medioambientales que los amparaban.
El pronunciamiento se apoya en un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Andújar, de 26 de enero de 2026, que considera que dichos proyectos presentan irregularidades “idénticas” a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a anular una megaplanta solar en Córdoba en 2025 por vulnerar la normativa aplicable.
Según el auto, la clave jurídica reside en la fragmentación de un gran proyecto energético en varias instalaciones de menos de 50 MW, lo que habría permitido eludir la competencia estatal y evitar una evaluación ambiental ordinaria conjunta que valorase el impacto global sobre el territorio y la actividad agrícola. Esta práctica, señalan tanto el juzgado como las organizaciones demandantes, encajaría en la figura del fraude de ley contemplada en la legislación administrativa, al utilizar formalmente la norma para conseguir un resultado contrario a su finalidad protectora.
Los proyectos afectan a suelos de alto valor agrario en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo, donde se preveía la tala o arranque de miles de olivos, en muchos casos centenarios, para instalar grandes extensiones de placas solares y las infraestructuras de evacuación asociadas.
Plataformas vecinales y organizaciones como Ecología y Libertad, SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas han venido denunciando desde 2025 el impacto ambiental y socioeconómico de estos desarrollos, así como la posible nulidad de las autorizaciones otorgadas por la Junta de Andalucía.
El auto del juzgado de Andújar no entra a resolver el fondo del asunto en la vía contencioso‑administrativa, pero sí aprecia indicios de fraude de ley y de vicios de nulidad en la tramitación, y remite la cuestión a los tribunales competentes en esa jurisdicción.
Paralelamente, los denunciantes han recurrido a la Audiencia Provincial de Jaén al entender que los hechos podrían constituir delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa, mientras se tramitan recursos contencioso‑administrativos ante el TSJA contra las autorizaciones que dieron cobertura a los proyectos.
Las plataformas advierten de que la nulidad de las autorizaciones sectoriales y ambientales puede traducirse en importantes consecuencias económicas tanto para las empresas promotoras como para los ayuntamientos implicados. Si los consistorios conceden licencias de obra sobre proyectos que finalmente sean anulados por los tribunales, podrían enfrentarse a indemnizaciones millonarias, tanto por las reclamaciones de las compañías energéticas como por la responsabilidad patrimonial derivada de los daños ocasionados a agricultores y al entorno.
Colectivos agrarios y organizaciones rurales sostienen que la transición energética debe compatibilizarse con la protección del olivar tradicional y del suelo agrícola fértil, y reclaman una planificación renovable que priorice tejados, suelos degradados y zonas industriales frente a tierras de alto valor productivo. Al mismo tiempo, insisten en que cualquier despliegue de grandes plantas solares ha de someterse a controles ambientales rigurosos y a procedimientos ajustados a la legalidad, para evitar que la apuesta por las energías renovables se traduzca en conflictos sociales y en un deterioro del medio rural.