El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado una propuesta que vuelve a poner contra las cuerdas a los más de 3,4 millones de trabajadores autónomos de España. La iniciativa contempla incrementos en las cuotas mensuales que van desde los 17 hasta los 206 euros para 2026, con aumentos progresivos hasta 2028 y una proyección que se extendería hasta 2031.
La reforma, defendida por la ministra Elma Saiz como un paso necesario hacia la “protección social” y la “justicia contributiva”, ha desatado una tormenta política que enfrenta a asociaciones de autónomos, al Gobierno de coalición e incluso divide al Ejecutivo.
Qué es y por qué ahora
Para entender la polémica actual, es necesario retroceder hasta julio de 2022. Entonces, el Gobierno alcanzó un acuerdo histórico con las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y UATAE), sindicatos y patronal para reformar completamente el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia. El objetivo era que los autónomos cotizaran según sus ingresos reales, no según una cuota fija elegida libremente, como venía ocurriendo desde hacía décadas.
Hasta 2023, cerca del 85% de los autónomos elegía cotizar por la base mínima (unos 294 euros al mes), independientemente de lo que realmente ganaran. Esta práctica, aunque abarataba los costes mensuales, generaba graves consecuencias a largo plazo: pensiones de jubilación muy inferiores a las de los asalariados. Según datos oficiales, un autónomo cobra de media 650 euros menos de pensión cada mes que un trabajador por cuenta ajena. Una diferencia que la ministra Saiz califica de “inconcebible”.
La reforma aprobada en 2022 estableció un periodo de transición de nueve años (desde 2023 hasta 2032) para implantar progresivamente el nuevo modelo. Durante estos años, los autónomos deben cotizar en función de sus rendimientos netos anuales, divididos en 15 tramos que determinan la base de cotización correspondiente. El sistema permite a los trabajadores ajustar su cuota hasta seis veces al año según la evolución de sus ingresos, y al final del ejercicio se realiza una regularización: la Seguridad Social devuelve o reclama la diferencia si el autónomo cotizó de más o de menos.
Cómo quedarían las cuotas en 2026
La propuesta que el Ministerio trasladó el pasado 13 de octubre a la mesa del diálogo social establece incrementos en todos los tramos de cotización para el periodo 2026-2028. Los cambios, según el documento oficial, serían los siguientes:
Para los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales, la cuota pasaría de los actuales 200 euros a 217,37 euros en 2026 (un incremento de 17 euros), 235 euros en 2027 y 252 euros en 2028. Se trata del tramo con menores ingresos, que actualmente representa a cientos de miles de trabajadores con actividades irregulares o a tiempo parcial.
En el tramo de 670 a 900 euros mensuales, la cuota subiría de 220 a 234,85 euros en 2026, alcanzando los 264,56 euros en 2028. Para quienes ganan entre 900 y 1.166,70 euros, el incremento sería de unos 11 euros mensuales, situándose en 271,24 euros en 2026.
Los autónomos con ingresos entre 1.500 y 1.700 euros al mes (un tramo medio muy común) pasarían de pagar unos 294 euros a 322 euros en 2026, y hasta 377 euros en 2028. Este segmento ha sido especialmente señalado por las asociaciones como uno de los más perjudicados en términos porcentuales.
En el extremo superior, quienes superen los 6.000 euros mensuales de ingresos verían su cuota elevarse desde los actuales 590 euros hasta 796,24 euros en 2026 (206 euros más), superando los 1.000 euros en 2027 y alcanzando los 1.208,73 euros en 2028. Este es el incremento absoluto más alto de toda la tabla.
El argumento del Gobierno: protección social y equidad
La ministra Elma Saiz ha defendido la propuesta afirmando que “estamos hablando de protección social”, no de impuestos. En declaraciones a RNE, Saiz subrayó que las cotizaciones “no van a cubrir servicios públicos, van directamente al bolsillo de cada trabajador” en forma de pensiones, bajas por enfermedad, prestaciones de maternidad y paternidad, y otras coberturas.
El Ministerio sostiene que el sistema actual, en vigor desde 2023, ha demostrado que los autónomos valoran esta protección. El 60% de los autónomos de los tramos más bajos que sobrecotizaron en 2023 decidieron no solicitar la devolución que les correspondía, guardando ese remanente como protección para el futuro. Este dato, según Saiz, evidencia que los trabajadores por cuenta propia son conscientes de la importancia de cotizar más para mejorar sus prestaciones.
Además, el Gobierno recuerda que la reforma responde a las recomendaciones cuarta y quinta del Pacto de Toledo, aprobadas casi por unanimidad en el Congreso en 2020. Estas recomendaciones instaban a equiparar los derechos y la protección social entre trabajadores por cuenta propia y ajena, reduciendo la brecha contributiva que había generado la histórica infracotización de los autónomos.
Saiz también insiste en que la propuesta “está en fase de escucha” y que el Ministerio mantiene “máxima sensibilidad” con los autónomos de menores ingresos. El objetivo, según el Ejecutivo, es establecer “un horizonte progresivo” hasta 2032, cuando el sistema de cotización por ingresos reales será “plenamente efectivo”.
El sindicato UGT ha respaldado la propuesta del Gobierno, calificando de “sorprendente” la polémica generada. Su secretario general, Pepe Álvarez, recordó que la medida forma parte del acuerdo firmado en 2022 por la CEOE, ATA y todas las organizaciones representativas, y que busca garantizar que los autónomos “no coticen por debajo de lo que ganan”. Álvarez subrayó que el nuevo esquema “beneficiará a la mayoría de los autónomos en España” al asegurarles pensiones dignas en el futuro.
El rechazo de las asociaciones: “un sablazo inaceptable”
Las principales organizaciones de autónomos han mostrado un rechazo frontal a la propuesta. ATA, la asociación mayoritaria del sector, ha calificado la medida de “sablazo” y ha anunciado que no la respaldará. Su presidente, Lorenzo Amor, advierte de que las subidas son “inaceptables” y suponen un incremento de entre el 4% y el 35% en 2026, que podría alcanzar el 105% en 2028 para algunos tramos.
Según los cálculos de ATA, la reforma multiplicaría por cinco la recaudación obtenida en los tres primeros años de aplicación del sistema (2023-2025). Si entre 2023 y 2025 se recaudaron 1.200 millones de euros adicionales, con la nueva propuesta se ingresarían casi 6.000 millones extra entre 2026 y 2028. “La cuota subirá a 200 euros para quien no gana ni 3.000 euros al año, a 450 euros para quien gana 30.000 euros, y entre 1.000 y 2.500 euros para quienes superan los 38.000”, denuncia Amor.
La organización propone una alternativa: vincular los incrementos de cuotas al IPC hasta 2031, en lugar de aplicar subidas fijas predeterminadas. De este modo, argumentan, se respetaría el espíritu de la reforma sin ahogar económicamente a pequeños negocios con márgenes ajustados.
UPTA, otra de las organizaciones representativas, ha adoptado una postura más moderada pero también crítica. Su presidente, Eduardo Abad, considera que la propuesta es “mejorable” y reclama la creación de un tramo adicional para artistas, creadores de contenido y trabajadores con ingresos anuales inferiores a 4.000 euros. Este colectivo, sostiene UPTA, tiene una situación especialmente vulnerable debido a la irregularidad de sus ingresos.
Por su parte, UATAE ha señalado que la propuesta “no va en la línea adecuada al interrumpir la reducción de cuotas para los colectivos de autónomos de menores ingresos y más vulnerables”. La organización denuncia que los aumentos previstos en los tramos bajos contradicen el objetivo de proteger a quienes tienen más dificultades económicas.
La fractura en el Gobierno: Sumar dice no
La controversia ha generado una inusual división dentro del propio Gobierno de coalición. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, ha rechazado públicamente la propuesta de su compañera de Ejecutivo Elma Saiz. “Si la propuesta que se maneja desde el Partido Socialista es esta, desde Sumar no la compartimos”, declaró Díaz en una entrevista en La Sexta.
Díaz argumenta que “la progresividad tiene que empezar por arriba”, es decir, que quienes más ganan deberían asumir incrementos más elevados antes que los trabajadores con rentas bajas. “Esta propuesta penaliza de manera singular a los autónomos con rentas más bajas”, subrayó la ministra de Trabajo. Díaz asegura haberse enterado de la medida “por los medios de comunicación” y afirma que su espacio político no apoyará el cambio si se mantiene en los términos actuales.
El rechazo de Sumar es especialmente relevante porque la aprobación de las nuevas cuotas requiere una modificación legal que debe pasar por el Parlamento. Sin el respaldo del socio de Gobierno, la propuesta podría no contar con los apoyos suficientes en el Congreso. Además de Sumar, partidos como PP, Vox, ERC, Junts, UPN y Coalición Canaria también han expresado su oposición.
Los tramos bajos: ¿regresividad disfrazada de progresividad?
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es el tratamiento de los autónomos con menores ingresos. Aunque en términos absolutos las subidas son menores en los tramos bajos (17 euros frente a 206 euros en los altos), en términos porcentuales el incremento es mucho mayor. Por ejemplo, los autónomos que ganan menos de 670 euros al mes verán su cuota aumentar un 8,6% en 2026, mientras que los que superan los 6.000 euros experimentarán una subida del 34,9%.
Esta diferencia porcentual no satisface a los críticos. Yolanda Díaz y diversas asociaciones argumentan que, al partir de una cuota más baja, cualquier incremento tiene un impacto desproporcionado en la economía de los autónomos más vulnerables. En la práctica, un trabajador con ingresos de 600 euros al mes que debe pagar 217 euros de cuota se queda con menos de 400 euros netos, mientras que alguien que gana 7.000 euros y paga 796 euros conserva más de 6.200 euros.
El Ministerio defiende que estos autónomos de rentas bajas se beneficiarán a largo plazo de unas pensiones más altas y mejores prestaciones sociales. Pero las organizaciones de autónomos replican que muchos pequeños negocios no sobrevivirán para llegar a la jubilación si las cuotas mensuales se encarecen tanto.
Incertidumbre y futuro: ¿qué viene ahora?
La propuesta se encuentra actualmente en fase de negociación en la mesa del diálogo social. El Gobierno debe alcanzar un acuerdo con sindicatos, patronal y organizaciones de autónomos antes de trasladarla al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Si no logra los apoyos necesarios, la ministra Saiz tendrá que prorrogar las cuotas actuales. Esta situación prolongaría el calendario de transición hacia el sistema definitivo previsto para 2032 y obligaría a replantear la hoja de ruta acordada en 2022.
Mientras tanto, los autónomos se enfrentan a la incertidumbre de no saber cuánto tendrán que pagar a partir de enero de 2026. Las asociaciones han pedido “diálogo real” y medidas complementarias que acompañen cualquier subida de cuotas: deducciones fiscales, bonificaciones para nuevos emprendedores, simplificación administrativa y apoyo al crecimiento empresarial.
La cuestión de fondo sigue siendo compleja: ¿cómo equilibrar la necesidad de garantizar pensiones dignas para los autónomos con la viabilidad económica de millones de pequeños negocios? La respuesta, por ahora, sigue abierta y dependerá de las negociaciones de las próximas semanas.