Canadá lleva décadas hablando de reconciliación con los pueblos indígenas, pero su Gobierno no puede determinar dónde se encuentran 111 obras creadas por artistas de las Primeras Naciones, métis e inuit.
No se sabe si fueron trasladadas, prestadas, mal inventariadas o definitivamente perdidas. Tampoco existe una investigación penal, porque “no localizadas” no significa necesariamente “robadas”. La precisión administrativa es importante, pero no debe servir como refugio político. El Estado posee las obras, asumió la obligación de conservarlas y, en este momento, no puede presentarlas ni confirmar su ubicación.
Eso no es todavía un robo. Es un fracaso.
Una colección creada para reparar una ausencia
El Indigenous Art Centre nació en 1965 con el propósito de apoyar, conservar y divulgar el arte indígena contemporáneo. Su colección supera las 5.000 obras de unos 990 autores y está valorada en aproximadamente 14,4 millones de dólares canadienses. Incluye a figuras como Norval Morrisseau, Christi Belcourt, Elisapee Ishulutaq y Kent Monkman.
Una auditoría interna, concluida en noviembre de 2024, detectó 132 registros cuya ubicación no podía confirmarse. La investigación posterior encontró seis obras en el propio almacén del centro y comprobó que otras once ni siquiera faltaban: eran entradas duplicadas en la base de datos. Cuatro casos más podrían responder al mismo error.
Después de corregir una parte del desorden quedan 111 obras sin localizar, veinte de ellas reproducciones. El Gobierno sostiene que la comprobación exige cruzar inventarios antiguos, préstamos, exposiciones, traslados y diferentes sistemas informáticos utilizados durante décadas.
Esa explicación describe el problema, pero no lo justifica. Que seis piezas consideradas no localizadas estuvieran dentro del almacén demuestra que la institución había perdido el control documental incluso antes de perder el control físico.
¿Decorar despachos como una reparación histórica?
Durante años, parte de la colección circuló por edificios y oficinas federales. El arte indígena servía para decorar los lugares desde los que el Estado administraba su relación con los pueblos indígenas.
La contradicción es brutal. Las obras aportaban diversidad, prestigio y una imagen de reconocimiento institucional, pero su seguimiento no siempre recibió la misma atención. Fueron suficientemente importantes para representar al Canadá reconciliado en las paredes del poder y, al parecer, no siempre lo bastante importantes para registrar con rigor cada movimiento.
Un cuadro prestado a un despacho puede cambiar de planta, desaparecer durante una reforma, quedar embalado en un traslado o regresar sin que la base de datos refleje correctamente la devolución. Cuando ese funcionamiento se prolonga durante décadas, la colección deja de ser un conjunto controlado y se convierte en una suma de presunciones.
El colonialismo institucional no consiste únicamente en apropiarse de un objeto. También aparece cuando la institución decide que puede moverlo, clasificarlo o utilizarlo sin conceder a su identidad el cuidado que exigiría a una obra incorporada al gran canon occidental.
¿Una obra puede desaparecer sin moverse?
Los once registros duplicados y las seis piezas encontradas en el almacén revelan un fenómeno conocido como disociación: la separación entre el objeto y la información que permite reconocerlo.
Una obra puede conservarse materialmente y, sin embargo, quedar parcialmente perdida si se rompe su relación con el nombre del artista, el título, la comunidad, la fecha, el contrato de adquisición o el historial de préstamos. En una colección indígena, esas pérdidas documentales tienen consecuencias especialmente graves.
Durante generaciones, museos y administraciones occidentales clasificaron producciones indígenas como artesanía anónima, objetos etnográficos o expresiones colectivas sin autor. Recuperar los nombres de quienes las crearon forma parte de la reparación histórica. Un inventario defectuoso puede volver a borrar esos nombres bajo números administrativos y descripciones genéricas.
También puede afectar a los derechos de los artistas y sus herederos. Si una institución no sabe dónde está una obra, difícilmente puede controlar su reproducción, verificar su estado, prestarla con autorización o facilitar su estudio. La invisibilidad documental termina produciendo una segunda invisibilidad pública.
El valor
La colección está valorada en millones, pero medir este problema únicamente en dinero repetiría el error. Una pieza de escaso precio de mercado puede documentar una etapa desconocida de un artista, conservar una iconografía vinculada a una comunidad o ser esencial para reconstruir la historia del arte indígena contemporáneo.
Tampoco todas las ausencias tienen la misma gravedad. Veinte registros corresponden a reproducciones, mientras que otros pueden referirse a originales únicos. El Gobierno debería publicar, con las cautelas necesarias, un inventario detallado de las piezas pendientes: autor, título, técnica, última ubicación conocida y fecha en la que se comprobó su presencia por última vez.
Sin esa información, la sociedad solo conoce un número. Y un número agregado protege más a la administración que a los artistas afectados.
La reconciliación empieza en el inventario
El departamento responsable ha reconocido que las prácticas anteriores no estuvieron a la altura de los estándares esperados y asegura que está modernizando la gestión de la colección. Pero encontrar físicamente las obras no resolverá por sí solo el problema.
Será necesario reconstruir su procedencia administrativa completa y explicar por qué los controles fallaron. También incorporar a artistas, herederos y comunidades a la revisión de títulos, atribuciones, condiciones de exhibición y posibles restricciones culturales. No todo lo que pertenece legalmente al Estado puede ser tratado como una decoración disponible.
Canadá no creó esta colección únicamente para poseer arte, sino para demostrar que reconocía a quienes durante mucho tiempo había excluido de sus instituciones. Precisamente por eso las 111 obras importan más de lo que su porcentaje dentro del conjunto podría sugerir.
Quizá muchas aparezcan en un depósito o detrás de una ficha incorrecta. Otras podrían no recuperarse nunca. Pero el daño ya está hecho: el Estado que pretendía conservar la memoria artística indígena debe buscarla ahora dentro de su propia burocracia. Y pocas imágenes resumen mejor el fracaso de una reconciliación proclamada desde arriba que una obra indígena olvidada en la pared de un despacho oficial.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.