En agosto volvimos a contemplar imágenes que empiezan a resultar demasiado familiares: calles convertidas en ríos, vehículos arrastrados, viviendas inundadas, servicios de emergencia desbordados y ciudadanos pendientes de una alerta que puede marcar la diferencia entre ponerse a salvo o quedar atrapados. El Mediterráneo volvió a recordarnos que las catástrofes no entienden de calendarios administrativos, concursos públicos ni presupuestos pendientes de aprobación. Y, mientras seguimos discutiendo si los fenómenos extremos son excepcionales o constituyen una nueva normalidad, hay una pregunta que continúa sin resolverse satisfactoriamente: ¿qué ocurre cuando necesitamos comunicarnos y la infraestructura de la que dependemos deja de funcionar?
De las tormentas de agosto a la DANA de octubre
El 20 de agosto, las fuertes tormentas golpearon la Comunitat Valenciana, con avisos naranjas en zonas de Alicante y Valencia. En la Ribera se registraron rachas de viento de hasta 149 kilómetros por hora, con importantes daños materiales y alteraciones del transporte. Apenas dos días después, la Costa Daurada sufrió lluvias torrenciales que inundaron calles y obligaron a evacuar a centenares de personas. En Roda de Barà, el derrumbe de un muro provocó heridas mortales a una madre y su hija. Dos vidas perdidas que ninguna estadística meteorológica podrá reducir a un simple episodio adverso.
Y cuando todavía estábamos asimilando aquel agosto, llegó octubre. La DANA Adam volvió a castigar especialmente la Safor valenciana y la Marina Alta alicantina, con acumulaciones superiores a 500 litros por metro cuadrado en algunos puntos, rescates, inundaciones y confinamientos. Otra vez las administraciones movilizadas, los servicios públicos sometidos a presión y los ciudadanos intentando averiguar qué estaba ocurriendo a pocos metros de sus casas. La emergencia meteorológica terminó, pero la cuestión tecnológica permanece abierta.
Cuando desaparece la cobertura, desaparece parte de nuestra capacidad de respuesta
No hace falta imaginar un colapso hipotético. La DANA de octubre de 2024 dejó inicialmente afectadas, según el propio Gobierno español, unas 300.000 líneas de telefonía móvil y 220.000 de telefonía fija. Son cifras que deberían figurar en todos los manuales de protección civil. Porque una carretera inundada es un problema gravísimo, pero una carretera inundada de la que nadie puede informar constituye un problema adicional que puede multiplicar los riesgos.
Hemos construido una sociedad extraordinariamente conectada, pero también extraordinariamente dependiente. Muchos servicios necesitan electricidad, antenas operativas, enlaces de fibra óptica, centros de datos y plataformas remotas. Todo funciona magníficamente hasta que falla alguna de esas piezas. Entonces descubrimos que disponer del teléfono más moderno no garantiza poder comunicar una emergencia, y que una cámara inteligente resulta bastante menos inteligente cuando necesita consultar un servidor inaccesible.
La tecnología debe funcionar también cuando todo lo demás falla
Como profesional de los sistemas y las redes, llevo años defendiendo una idea bastante sencilla: la verdadera innovación no consiste únicamente en añadir funcionalidades, sino en conservar las imprescindibles cuando las circunstancias empeoran. Necesitamos arquitecturas capaces de trabajar localmente, intercambiar información por diferentes tecnologías de comunicación y mantener funciones esenciales en entornos degradados, sin depender permanentemente de Internet ni de servicios en la nube.
Precisamente esa necesidad inspira SENSE, el proyecto tecnológico que desarrollamos desde Magenta Technologies. Su planteamiento combina sensorización distribuida, procesamiento local, diferentes sistemas de comunicación y capacidad de integración con equipos de distintos fabricantes. El objetivo es facilitar que información relevante sobre el entorno pueda recogerse, analizarse y compartirse localmente, incluso cuando la conectividad convencional sea limitada o desaparezca, siempre que permanezcan operativos los equipos, su alimentación y los enlaces alternativos disponibles.
Pensemos en sensores que detecten variaciones del nivel del agua, instalaciones que adviertan de condiciones peligrosas o dispositivos que ayuden a conocer la ocupación de un espacio durante una evacuación. No se trata de sustituir a los profesionales de emergencias, a las redes oficiales ni al 112, sino de proporcionarles información adicional, comprensible y oportuna. Tampoco de prometer sistemas infalibles: su utilidad debe demostrarse mediante pruebas, redundancia, mantenimiento y ejercicios reales.
Proteger a las personas no significa vigilarlas
Existe, además, una cuestión que considero fundamental. La seguridad pública no debería convertirse en la excusa perfecta para desplegar sistemas de vigilancia indiscriminada. Podemos utilizar sensores, cámaras y herramientas de inteligencia artificial para conocer situaciones de riesgo sin convertir la identificación de las personas en su finalidad. Saber cuántas personas permanecen en una zona potencialmente inundable puede resultar útil; conocer sus nombres, rostros o movimientos habituales no tiene por qué serlo.
Y aquí también debemos hablar de quién diseña la tecnología. Las mujeres seguimos teniendo una presencia insuficiente en numerosos ámbitos de decisión tecnológica. Incorporar nuestras perspectivas no es una concesión estética ni una casilla que marcar en una convocatoria europea. Significa ampliar las preguntas que nos hacemos al desarrollar una solución: quién necesita ayuda, quién puede quedar incomunicado, qué ocurre con las personas dependientes y cómo protegemos los derechos mientras intentamos proteger vidas.
Europa empieza a entenderlo. Ahora toca llevarlo al terreno
El pasado septiembre, la Comisión Europea propuso crear un sistema europeo de comunicaciones críticas para mejorar la coordinación entre servicios de emergencia, mientras la OTAN actualizó sus requisitos de resiliencia, otorgando una importancia expresa a la continuidad de las comunicaciones civiles. Son iniciativas relevantes, aunque una propuesta normativa y unos objetivos estratégicos no equivalen todavía a capacidades desplegadas en cada municipio.
De poco servirán las grandes declaraciones institucionales si seguimos considerando la conectividad una condición garantizada. La resiliencia empieza antes de la catástrofe, cuando se decide cómo construir una red, qué dependencias aceptar, qué alternativas preparar y cómo comprobar que funcionan.
Tal vez el avance tecnológico que más necesitamos no sea otra aplicación que nos prometa cambiar el mundo, sino un sistema capaz de seguir ofreciendo información y comunicaciones básicas cuando el mundo, durante unas horas, parece haberse venido abajo. Y eso debería preocuparnos bastante más que disponer de la última pantalla inteligente en el despacho del responsable de turno.
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