El arranque de 2026 ha devuelto a la agenda política una evidencia incómoda: la violencia machista no se reduce solo con más recursos, sino con mejor arquitectura institucional. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto el acento en dos déficits persistentes —la cobertura territorial de VioGén y el enfoque centrado en la víctima— mientras el recuento de asesinatos de finales de 2025 obliga a revisar inercias que llevan años asentadas.
El Comité de Crisis reunido en el Ministerio de Igualdad no fue un gesto retórico. Siete mujeres asesinadas en noviembre y cinco en diciembre no permiten refugiarse en el discurso de la tendencia descendente. Redondo eligió un tono menos épico y más funcional: identificar dónde falla el sistema y qué piezas siguen sin encajar. Una de ellas es conocida, pero no por ello menos relevante. De los cerca de 1.250 municipios de más de 5.000 habitantes con policía propia, solo 822 están integrados en Sistema VioGén. El dato, repetido desde hace años, sigue sin traducirse en una respuesta homogénea.
La brecha local
La violencia machista se detecta y se gestiona, en primera instancia, en lo local. Ahí se cruzan la denuncia, la valoración de riesgo y el seguimiento cotidiano. Que cientos de municipios queden fuera del sistema estatal de protección no es un problema técnico, sino político y administrativo. La apelación de Igualdad a la Federación Española de Municipios y Provincias busca cerrar una brecha que tiene efectos prácticos: menos información compartida, peor coordinación policial y una protección fragmentada para las víctimas que cambian de residencia o que viven en entornos donde la violencia se normaliza con más facilidad.
La resistencia municipal no siempre es ideológica. Hay ayuntamientos pequeños que alegan falta de medios, de formación o de personal. Pero el resultado es el mismo: un sistema incompleto que externaliza el riesgo allí donde el Estado llega con menos fuerza. La discusión sobre VioGén ya no es si funciona, sino si puede permitirse seguir funcionando a medio gas.
Girar la cámara hacia el agresor
El segundo eje planteado por Redondo es más incómodo. Cambiar la perspectiva implica desplazar el centro de gravedad del relato institucional. Durante años, las políticas públicas han exigido a las víctimas una hiperactividad preventiva: denunciar, protegerse, cumplir protocolos, modificar rutinas. El agresor aparecía al final del proceso, como un sujeto casi inevitable. La ministra propone invertir esa lógica: nombrar, señalar y responsabilizar al maltratador como actor principal del daño.
No es un giro retórico menor. Supone reforzar el mensaje penal —penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión o la permanente revisable—, pero también la sanción social. Hablar del agresor como “mal ciudadano” no es populismo punitivo; es disputar el terreno simbólico donde la violencia se justifica, se minimiza o se diluye en conflictos privados. El reto está en hacerlo sin caer en simplificaciones que sustituyan prevención por castigo.
El contexto no ayuda a la complacencia. En los primeros días de 2026, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, ambas con denuncias previas. El dato vuelve a señalar el punto más frágil del sistema: cuando la alerta existe, pero la respuesta no llega a tiempo o no es suficiente. Los comités de crisis, insistió Redondo, sirven para eso: aprender caso a caso, no para reiterar declaraciones de intenciones.
La renovación del Pacto de Estado en 2025 y la llamada a pactos autonómicos buscan blindar estas políticas frente al vaivén partidista. No es una cuestión menor. La violencia machista se resiente cuando se convierte en campo de batalla ideológica o cuando se gestiona como un problema ajeno, delegable. La discusión abierta por Igualdad apunta a algo más prosaico y más difícil: ajustar engranajes, asumir fallos y mover el foco donde duele.