Los decanos de las facultades de Derecho españolas han decidido movilizarse para exigir al Gobierno el cambio del examen que habilita a los abogados a ejercer su profesión. Dicen que, en la actual modalidad, a distancia, existen dudas de que no se copie o se reciba ayuda de un experto si no hay vigilancia en una prueba que pasan en torno al 95% de los aspirantes. “Si aprueban todos el examen, no cumple la función para la que se creó: escoger a los mejores” señalan los máximos responsables de la formación de los letrados que quieren negociar con los ministerios implicados, Justicia y Universidades, para que se retorne al sistema anterior al puesto en marcha durante la pandemia recuperando, además, un ejercicio práctico. El cambio afectaría no sólo a la abogacía sino también a la procura. Hace diez años, antes de la reforma universitaria, el licenciado que terminaba sus estudios accedía a la profesión dándose de alta en el colegio profesional correspondiente. Pero, desde 2012, para homologarse con el resto de Europa, los aspirantes a letrados que han cursado el grado en Derecho de cuatro años de duración deben, además, cursar un máster de abogacía de año y medio y aprobar un examen tipo test.
Esta prueba está considerada como un “puro trámite” por los aspirantes. Es muy difícil suspenderla según su comentario. Casi todas las preguntas versan sobre las materias que han estudiado en el máster. Pero es que, además, desde el año de la pandemia, debido al Estado de Alarma y al confinamiento, las autoridades decidieron que se hiciese a distancia, y que fuese la UNED la que lo gestionase. El aspirante debe identificarse fotográficamente y se compromete a no consultar “en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos, ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo, ni servirse del auxilio de persona alguna”.
Las autoridades académicas dudan de que tal compromiso se lleve a cabo, y que los examinados no se sirvan de terceros incluso utilizando WhatsApp. Es verdad que, aleatoriamente, se instalan webcams abiertas durante toda la prueba, y que los funcionarios escogidos para la evaluación son un profesor de Derecho, elegido por el Consejo General de Universidades, un representante del Consejo General de la Abogacía, con cinco años de experiencia, y un juez designado por el Consejo General del Poder Judicial. Pero el examen se puede abandonar 15 minutos “por razones personales o exclusivamente atribuibles a su dispositivo”. Se confía en el alumno. Además, no es necesario llegar al aprobado porque en la nota final pesa un 70% el test y un 30% la calificación final en el postgrado. Es una prueba teórica de un temario que se superó en el máster, según dicen los decanos quienes creen que sería mejor una evaluación práctica.
La conclusión es evidente. Mientras en Italia la prueba de acceso la supera entre un 30% y un 40% de los presentados, en este país, aunque no existen datos oficiales, se calcula que pasa el 95%. En el curso 2023/24, el último del que se tienen datos, terminaron el máster 7.100 alumnos de los cuales 3.900 proceden de la universidad pública.
En el ministerio de justicia creen que no es necesario modificar un sistema que, según sus responsables, ofrece todo tipo de garantías ya que las webcams se instalan de forma aleatoria, el organismo responsable de la gestión es la UNED que cuenta con todo tipo de medios para garantizar la limpieza del proceso, y la realización on line beneficia a los aspirantes que no tienen que desplazarse a Madrid. En cuanto a la introducción de un ejercicio práctico, los responsables gubernamentales recuerdan que la mayoría de los aspirantes hacen prácticas en despachos profesionales durante seis meses mientras que una prueba como la pretendida sería prácticamente imposible de realizar por un tribunal debido al altísimo volumen de aspirantes.
Así pues, el conflicto está servido. El Consejo General de la Abogacía está de acuerdo con la idea de los decanos universitarios. En una reunión con ellos, su presidente, Salvador González, les dijo que “es inexplicable que, para sacarse el teórico de conducir, haya que ir a un centro de exámenes de la DGT y, sin embargo, para acceder al ejercicio de una profesión como la abogacía o a la procura, se tenga que realizar online”. La comparación es un tanto extravagante, pero forma parte de la estrategia de enfrentamiento de los dirigentes de los colegios profesionales con el gobierno. El presidente del ICAM, el Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha llegado a calificar de “histórica” la decisión del Supremo de procesar al fiscal general del Estado mientras que las corporaciones periféricas, a excepción de las catalanas, se suman a las movilizaciones de jueces y fiscales y piden la dimisión del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
La realidad es que esta prueba se lleva a cabo por la exigencia de homologar el sistema de acceso de la abogacía española a la europea para el reconocimiento recíproco de los títulos a la hora de ejercer la profesión en cualquiera de los territorios de la UE. De todas maneras, ese reconocimiento es algo simbólico ya que un abogado español que se haga cargo de una representación letrada, por ejemplo, en Francia, deberá solicitar permiso administrativo de las autoridades y, si existe, del órgano que representa al colectivo, sea un colegio profesional o similar.
El aspirante a ejercer la profesión de abogado o procurador ya tiene suficiente con los cuatro años necesarios para obtener el grado más el máster, otro año y medio más, cuyo coste económico suele ser elevado. En total cinco años y medio para acceder a la abogacía o la procura que no es ningún negocio en este país. Está bien que ese examen sea una prueba de tipo simbólico y que los dirigentes académicos y profesionales no intenten restringir, aún más, un acceso porque, si siguen así, al final se van a quedar ellos solos. Aunque a lo mejor ese es su objetivo.