La noche volvió a traer una noticia que el sector ferroviario teme, pero que ya no sorprende. Otro trabajador ha muerto, varios más han resultado heridos y el ferrocarril español suma un nuevo episodio trágico a una cadena de accidentes que revela algo más profundo que un simple golpe del azar o del mal tiempo. El sistema ferroviario está fallando, y lo hace de manera estructural.
El temporal que azotó Cataluña actuó como detonante, pero no como causa única. En apenas 48 horas se produjeron dos descarrilamientos graves en la red de Rodalies: uno en Maçanet, tras la caída de una roca sobre la vía, y otro en Gelida, mucho más grave, cuando el derrumbe de un muro de contención provocó el choque de un tren en circulación, con víctimas mortales y heridos. El saldo humano incluye tres maquinistas fallecidos, una cifra que ha encendido todas las alarmas sindicales y políticas.
Desde el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) el mensaje es inequívoco: lo ocurrido es inadmisible. No se trata de un accidente aislado, sino del resultado de un deterioro constante de la infraestructura ferroviaria, agravado por años de falta de inversión, mantenimiento insuficiente y una gestión que, según los trabajadores, ha normalizado el riesgo.
La reacción del sindicato fue inmediata. En cuanto tuvo conocimiento de los descarrilamientos, SEMAF solicitó la paralización total del tráfico ferroviario en Rodalies, una medida excepcional que refleja la gravedad percibida por quienes conocen la red desde la cabina de conducción. Fue durante esas gestiones cuando se confirmó el fallecimiento de uno de sus compañeros, un golpe emocional que ha marcado el tono de las decisiones posteriores.
Pero más allá del duelo, el sindicato ha optado por elevar el conflicto. Entre las medidas iniciales anunciadas destaca la convocatoria de una huelga general en todo el sector ferroviario, con un doble objetivo: dar cobertura legal a las movilizaciones de trabajadores y usuarios, y forzar una respuesta política que garantice, de una vez, la seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria estatal.
La protesta no se queda en lo laboral. SEMAF ha anunciado que exigirá responsabilidades penales a las personas encargadas de garantizar la seguridad de la infraestructura. Es un paso poco habitual en el ámbito sindical, pero coherente con la percepción de que las muertes ya no pueden explicarse solo como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos.
Cataluña se convierte así en epicentro, pero no en excepción. El sindicato advierte de que el servicio no se reabrirá sin garantías suficientes de seguridad, y reclama que los mismos protocolos aplicados en Cataluña se extiendan a toda la red estatal cuando se den circunstancias meteorológicas similares. El mensaje es claro: no puede haber territorios de primera y de segunda en materia de seguridad ferroviaria.
En la práctica operativa, la advertencia es aún más directa. Al inicio del servicio, los maquinistas exigirán confirmación expresa de seguridad por parte del Responsable de Circulación (RC). Si esas garantías no existen, la marcha del tren se adaptará a las condiciones reales de la infraestructura, aunque ello implique retrasos, cancelaciones o una reducción drástica de la velocidad. La prioridad, subrayan, ya no es la puntualidad, sino la vida.
Este episodio deja al descubierto una tensión latente en el modelo ferroviario español: la distancia entre el discurso oficial de modernización, sostenibilidad y apuesta por el tren, y la realidad cotidiana de una red vulnerable, especialmente en servicios de cercanías. El ferrocarril no falla de golpe, se degrada poco a poco, hasta que un temporal —o una roca, o un muro— convierte la negligencia acumulada en tragedia.