Trabajar no debería ser una actividad de riesgo. Sin embargo, los datos oficiales conocidos sobre la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid durante 2025 dibujan un escenario alarmante que obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, a una acción inmediata. A lo largo del último año, 86 personas perdieron la vida como consecuencia directa de su trabajo. No hablamos de cifras abstractas, sino de trabajadores y trabajadoras que salieron de casa para ganarse la vida y no regresaron.
Durante 2025 se registraron 87.617 accidentes laborales en la región. De ellos, casi 72.000 ocurrieron durante la jornada laboral y más de 15.600 en el trayecto de ida o vuelta al trabajo. Además, 458 accidentes fueron calificados como graves, es decir, con consecuencias muy serias para la salud de quienes los sufrieron. Lejos de mejorar, los datos muestran un empeoramiento respecto al año anterior, especialmente en lo relativo a los accidentes mortales.
Accidentes “in itínere”
Uno de los primeros problemas es que muchos de los términos que aparecen en los informes oficiales resultan técnicos y poco comprensibles para la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se habla de accidentes “in itínere” se hace referencia a aquellos que ocurren durante el desplazamiento habitual entre el domicilio y el centro de trabajo. No son accidentes casuales o ajenos al ámbito laboral: la ley los reconoce como accidentes de trabajo porque el desplazamiento es una consecuencia directa de la obligación de acudir a trabajar.
En 2025, 22 personas murieron en este tipo de accidentes, una cifra muy superior a la del año anterior. A ellas se suman otras nueve fallecidas en accidentes de tráfico ocurridos durante la jornada laboral, los llamados accidentes “en misión”, cuando el vehículo forma parte de la actividad profesional. Estos datos evidencian la necesidad de que las empresas gestionen también la seguridad vial como un riesgo laboral más.
Patologías no traumáticas
Otro concepto clave es el de patologías no traumáticas. Bajo esta denominación se incluyen infartos, ictus y otros episodios cardiovasculares que se producen durante la jornada laboral. Aunque no exista una caída, un golpe o una máquina implicada, estos fallecimientos también son accidentes de trabajo si están relacionados con las condiciones laborales. En 2025, 31 personas murieron por infartos o derrames cerebrales mientras trabajaban, una cifra que no puede desligarse del estrés, las sobrecargas de trabajo y la presión constante en muchos sectores.
Los sectores más castigados por la siniestralidad mortal fueron los servicios y la construcción. El primero acumuló 31 fallecimientos, mientras que la construcción registró 29, con un incremento muy significativo respecto a 2024. La industria, aunque con menos muertes, presentó un aumento preocupante de los accidentes graves. Estos datos desmontan la idea de que los riesgos laborales están controlados o que afectan solo a actividades muy concretas.
Incumplimiento sistemático de la normativa de prevención
Detrás de estas cifras hay un denominador común: el incumplimiento sistemático de la normativa de prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a evaluar todos los riesgos, planificar medidas preventivas, formar e informar a las plantillas y adaptar el trabajo a las personas. Cuando esto no se hace, las consecuencias son previsibles y, en demasiados casos, irreversibles.
Especialmente olvidados siguen estando los riesgos psicosociales. Este término engloba factores como el estrés laboral, las jornadas interminables, la falta de control sobre el trabajo, la presión por objetivos inalcanzables o los conflictos organizativos. No son problemas “intangibles”: afectan directamente a la salud física y mental de las personas trabajadoras y pueden desembocar en enfermedades graves o incluso en la muerte.
La situación se agrava por la insuficiencia de medios públicos para vigilar el cumplimiento de la ley. Tanto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo necesitan más recursos humanos y materiales para poder actuar de forma eficaz. Sin control, las normas se convierten en papel mojado.
La prevención no es un gasto
Desde UGT Madrid se insiste en que la prevención no es un gasto, sino una inversión. Proteger la salud de las personas trabajadoras reduce bajas, mejora la productividad y evita costes humanos y económicos irreparables. Pero para que esto sea una realidad es imprescindible que las empresas asuman su responsabilidad y que la administración refuerce los mecanismos de control.
Otro elemento fundamental son los planes de movilidad laboral. Negociados con la representación legal de las personas trabajadoras, estos planes permiten analizar cómo se desplazan las plantillas, detectar riesgos y proponer soluciones concretas: cambios de horarios para evitar horas punta, fomento del transporte colectivo, teletrabajo cuando sea posible o formación específica en seguridad vial.
Los datos de 2025 dejan una conclusión clara: la siniestralidad laboral en Madrid no es una fatalidad inevitable, sino el resultado de decisiones empresariales y de una legislación que necesita actualizarse para adaptarse a la realidad actual del trabajo. La prevención debe integrar de forma efectiva los riesgos psicosociales, reconocer las enfermedades derivadas de ellos y garantizar que nadie pierda la vida por el simple hecho de trabajar.
Trabajar no puede seguir siendo sinónimo de jugarse la salud o la vida. Las cifras están sobre la mesa. Ahora falta voluntad política, compromiso empresarial y una defensa firme del derecho de todas las personas a volver a casa sanas y salvas al final de su jornada laboral.