La sala de lo penal del Tribunal Supremo abre hoy un juicio que remite a los días más inciertos de la pandemia. No solo se revisan contratos. Se reconstruye una forma de decidir bajo presión. El escenario es conocido. El mismo salón donde se celebraron otros juicios de alto impacto institucional. Esta vez, los protagonistas llegan desde otro tiempo, el de las mascarillas escasas, las compras urgentes y las decisiones aceleradas.
José Luis Ábalos se sienta en el banquillo junto a quien fue su hombre de confianza, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Los tres niegan los hechos. La Fiscalía sostiene lo contrario. Habla de acuerdos, de beneficios y de una estructura que habría operado durante años.
La primera jornada no entra en el fondo. Sitúa el tono. Identifica a las partes, fija el calendario, delimita el terreno. Trece sesiones por delante, más de setenta testigos, un mes para ordenar una historia que se construyó en medio del desorden.
Los días sin margen
Todo remite a un contexto que condiciona el relato. La pandemia no fue solo una crisis sanitaria. Fue también una crisis administrativa. Comprar rápido, asegurar suministros, responder a una demanda que superaba la oferta. El tiempo dejó de ser un aliado y pasó a ser un límite.
En ese marco se adjudicaron contratos que ahora se revisan. La acusación describe una relación directa entre poder político y capacidad empresarial. Un acceso privilegiado, una intermediación eficaz, una cadena de decisiones que desembocaban en adjudicaciones.
Las defensas dibujan otra escena. Actuaciones ajustadas a derecho, decisiones adoptadas dentro de los márgenes que permitía la situación. Niegan la existencia de una trama y cuestionan el relato de la Fiscalía.
El juicio avanza entre esas dos versiones. Testigos que reconstruyen reuniones, llamadas, procedimientos. Nombres conocidos de la administración pública, responsables políticos, técnicos. Algunos declararán por escrito. Otros lo harán en sala. La presencia de figuras como Francina Armengol o Ángel Víctor Torres añade dimensión institucional, aunque su papel se limite a explicar decisiones tomadas en sus respectivas comunidades durante aquellos meses.
El relato de la Fiscalía introduce detalles concretos. Pagos, alquileres, intermediaciones. Un flujo de relaciones que habría permitido canalizar contratos públicos hacia determinadas empresas. La defensa insiste en que no hay prueba suficiente para sostener esas afirmaciones.
El tribunal escucha. No busca reconstruir la pandemia, sino determinar si, dentro de ese contexto, hubo conductas que traspasaron el límite penal. Esa es la línea que separa la urgencia de la irregularidad.
Las declaraciones de los acusados llegarán al final. Hasta entonces, el juicio se construye a partir de voces ajenas. Documentos, informes, testimonios. Piezas que encajan o que se contradicen.
Fuera de la sala, el eco es inmediato. El caso tiene nombres, cargos y un contexto que todavía permanece cercano. Dentro, el ritmo es otro. Más lento, empieza el de la justicia.