El caso contra el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional ha cruzado un umbral delicado. La denunciante ha pedido al juzgado que acuerde la plena reserva de los audios, listados de llamadas y pantallazos aportados como prueba, tras denunciar filtraciones de datos personales que han obligado a reforzar su protección. En los procedimientos por delitos sexuales, la batalla no es solo probatoria: es también de garantías.
La cadena de custodia y la exposición pública
La petición no es retórica. El abogado de la agente ha solicitado que el material pueda consultarse exclusivamente en sede judicial y bajo supervisión de la Letrada de la Administración de Justicia, para evitar nuevas filtraciones. La solicitud llega después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid requiriera formalmente la entrega de audios y demás soportes que sustentan la querella.
Desde el punto de vista técnico, el momento es clave. La instrucción se encuentra en la fase en la que la prueba digital debe asegurarse con garantías de autenticidad, integridad y trazabilidad. De ahí la petición de una pericial informática especializada, incluso con intervención de agentes con experiencia en análisis forense, para blindar la cadena de custodia frente a impugnaciones futuras.
En los delitos de agresión sexual donde la prueba principal descansa en comunicaciones privadas —mensajes, llamadas, grabaciones—, cualquier sombra sobre su manipulación puede condicionar el procedimiento entero. La estrategia de defensa en estos casos suele pivotar sobre la credibilidad y la autenticidad de los soportes digitales. Por eso la reserva judicial no es un privilegio, sino una garantía procesal.
El elemento más inquietante del escrito es la referencia a filtraciones que han obligado a adoptar medidas de seguridad para la denunciante. La exposición pública de datos personales en causas de violencia sexual no solo compromete la intimidad; puede afectar al desarrollo de la investigación y generar un entorno de presión indirecta. El derecho a la información no incluye el derecho a la intimidación.
En paralelo, la posición del exDAO ha sido la de subrayar su voluntad de defenderse en los tribunales y apartarse del cargo para no perjudicar a la institución. La dimensión institucional del caso es inevitable. La Dirección Adjunta Operativa es uno de los puestos de mayor relevancia en la estructura policial. La denuncia introduce un elemento de vulnerabilidad en un cuerpo que, desde 2021, cuenta con protocolos específicos contra el acoso y la violencia de género internos.
La paradoja es evidente. Una organización que ha reforzado sus mecanismos de prevención y apoyo psicosocial se enfrenta ahora a una causa que pone a prueba esos mismos protocolos. La cuestión no es solo penal; es organizativa y reputacional.
En términos jurídicos, la solicitud de reserva busca evitar que la instrucción se convierta en un juicio paralelo. La jurisprudencia es clara en cuanto a la protección de la identidad de víctimas de delitos sexuales, pero la práctica demuestra que la filtración de piezas procesales sigue siendo una grieta del sistema.
El juzgado deberá equilibrar dos principios: publicidad del proceso y protección de derechos fundamentales. No es una tensión nueva, pero en casos con alto perfil institucional adquiere otra densidad.
Mientras tanto, la instrucción avanza en un terreno donde cada movimiento es escrutado. La consistencia técnica de la prueba digital y la protección de la denunciante serán determinantes. En esta fase, el procedimiento no se decide en titulares, sino en diligencias. Y las diligencias, por definición, exigen silencio.