La investigación sobre el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra ha abandonado la justicia ordinaria para integrarse en la estructura de la Audiencia Nacional, marcando un hito en la fiscalización de las ayudas públicas en España. La magistrada Esperanza Collazos, tras años de instrucción en el Juzgado número 15 de Madrid, ha formalizado su inhibición al considerar que el procedimiento ha adquirido una nueva dimensión que desborda sus competencias. Este cambio de jurisdicción se fundamenta en la aparición de pruebas sólidas que vinculan el dinero del rescate con operativas de blanqueo de capitales con origen en la corrupción venezolana, elevando el caso a un asunto de seguridad económica nacional.
El recorrido judicial de esta causa ha sido tortuoso y refleja la complejidad de las tramas de delincuencia económica. En sus etapas iniciales, el foco se centró exclusivamente en la procedencia de los 53 millones de euros inyectados por la SEPI, llegando incluso a archivarse tras no encontrarse indicios de prevaricación con el respaldo de la Audiencia Provincial. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF descubrieron que la aerolínea podría haber servido como canal para el lavado de activos ilícitos. Las pesquisas policiales sugieren que la estructura financiera de la compañía fue utilizada para reintegrar en el circuito legal fondos provenientes de tramas corruptas en el país caribeño, utilizando el rescate estatal como una capa de legitimidad institucional.
La situación alcanzó su punto de máxima tensión en diciembre pasado, cuando una operación impulsada por la Fiscalía culminó con la detención de la cúpula directiva de la empresa. El presidente Julio Martínez Sola, el CEO Roberto Roselli y otros colaboradores clave fueron arrestados tras un registro en las oficinas centrales destinado a recabar información fiscal determinante. El análisis pormenorizado de esta documentación ha sido el detonante para que la jueza Collazos determine que el asunto tiene ramificaciones mucho más profundas que las recogidas en la querella original, exigiendo la intervención del órgano judicial especializado en delitos de gran alcance económico y repercusión internacional.
Con este traspaso a la Audiencia Nacional, el caso Plus Ultra deja de ser una controversia política sobre la discrecionalidad de las ayudas estatales para convertirse en un expediente de criminalidad transnacional. La justicia española busca ahora determinar si el erario público fue instrumentalizado involuntariamente para blindar fortunas de dudosa procedencia. Este nuevo escenario no solo pone a prueba la transparencia de las instituciones financieras españolas, sino que sitúa a la aerolínea en el centro de una compleja red de corrupción internacional que promete seguir revelando nuevas e inquietantes conexiones entre el poder político y el flujo de capitales opacos.