El despacho ya no es el escenario. Ahora lo es el juzgado. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha solicitado al abogado de la agente que se querelló contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, la entrega “lo antes posible” de los audios y del resto de pruebas documentales. La investigación abandona la fase de rumores y comunicados para entrar en la mecánica precisa de la instrucción. La prueba, no la reputación, es lo que importa ahora.
Del pasillo a la pericial
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, confirmó que la magistrada ha requerido formalmente los archivos sonoros y demás evidencias que hasta ahora permanecían preservadas. En su querella ya solicitaba una pericial informática específica para garantizar la autenticidad de llamadas, mensajes y audios, con intervención de especialistas en análisis forense digital.
No es un detalle menor. En casos de esta naturaleza, la discusión suele desplazarse hacia la integridad técnica de los archivos. La defensa del exDAO podría cuestionar la cadena de custodia o la autoría de los mensajes. De ahí que la petición de una pericial especializada anticipe el terreno en el que se librará parte del procedimiento. La tecnología como árbitro de la palabra.
El efecto contagio
El abogado señaló que otras personas han comenzado a contactar con él para relatar situaciones similares que implicarían a otros mandos. En este tipo de procesos, la visibilidad pública actúa como catalizador. No convierte en verídico lo que se denuncia, pero sí rompe inercias de silencio.
El DAO y la caída vertical
José Ángel González dejó el cargo tras conocerse la querella. Su versión insiste en la necesidad de preservar el “buen nombre” del cuerpo y de defenderse con garantías. El problema es que el nombre propio ya está vinculado a un procedimiento judicial que no se desactiva con una dimisión.
El puesto de DAO no es administrativo; es el corazón operativo de la Policía Nacional. Quien lo ocupa concentra poder jerárquico y simbólico. Cuando una acusación afecta a ese nivel, la institución entera entra en modo contención.
Durante años, la cultura interna de los cuerpos policiales ha sido poco permeable al escrutinio externo. La existencia de protocolos contra el acoso y la violencia de género en el seno del cuerpo es relativamente reciente. El reto no es solo tener normas, sino aplicarlas cuando la cadena de mando está implicada.
La instrucción empieza
La solicitud judicial marca el paso de la narrativa mediática a la fase probatoria. Si los audios existen y superan el examen pericial, la causa tomará cuerpo. Si no lo hacen o su autenticidad es cuestionada con éxito, la acusación se debilitará.
Mientras tanto, la Policía gestiona el relevo y la opinión pública observa con una mezcla de escepticismo y cansancio institucional. El prestigio no se pierde en un día, pero tampoco se recupera con un comunicado.
El juzgado ha pedido pruebas. Es un gesto sobrio y técnico. Pero en un caso que afecta a la cúspide operativa de la Policía, ese gesto tiene un peso político evidente. A partir de ahora, hablarán los archivos.