En el complejo ecosistema del espionaje moderno, el anonimato es la divisa más valiosa. Sin embargo, la última decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha dinamitado esa premisa. En un movimiento sin precedentes, la magistrada Miriam de Rosa Palacio ha sacado del anonimato administrativo a los responsables de la seguridad del Estado para sentarlos en el banquillo de los investigados. La imputación de los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, marca un hito en la historia judicial española, siendo la primera vez que la cúpula de la Benemérita debe responder penalmente por el uso de herramientas de interceptación digital contra ciudadanos en suelo nacional.
El caso, que se origina a raíz de una querella interpuesta por cinco figuras vinculadas al entorno independentista, entre ellas el empresario Joan Matamala, no solo señala a la Guardia Civil. El auto judicial también suma una quinta imputación a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, consolidando su posición como la figura central de una era de vigilancia que capitales como Washington o Bruselas observarían con una mezcla de sospecha y pragmatismo. Lo que hace que este proceso sea especialmente distintivo, al puro estilo de un análisis de riesgo de The Economist, es la ampliación del foco hacia las corporaciones privadas que facilitan la arquitectura de la vigilancia. Por primera vez en España, la justicia no solo apunta al cliente estatal, sino también al proveedor tecnológico de vanguardia.
La magistrada ha citado como investigados a directivos de NSO Group, la firma detrás de Pegasus, y de manera inédita en la jurisprudencia española, a los líderes de Saito Tech Ltd, la empresa responsable del software Candiru. La magistrada sostiene que los hechos denunciados presentan indicios sólidos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, además de un acceso ilegal a sistemas informáticos. En términos de gobernanza, esto plantea una pregunta incómoda para las democracias liberales sobre dónde termina la seguridad nacional y dónde empieza el asalto deliberado a las libertades civiles en la era del silicio.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la imputación de María Gámez y Félix Vicente Azón es un recordatorio persistente de que las cloacas del Estado suelen tener filtraciones difíciles de sellar mediante decretos. La salida de Gámez de la dirección de la Guardia Civil ya estuvo rodeada de controversia política, pero su citación como investigada traslada el conflicto del terreno de la opinión pública al puramente penal. La defensa del Estado ha pivotado históricamente sobre el secreto oficial, pero cuando los afectados son capaces de demostrar de forma forense la intrusión en sus dispositivos, el velo de la seguridad nacional empieza a jironarse peligrosamente. La acumulación de procesos contra Paz Esteban sugiere que el CNI está pagando el precio de una transición hacia métodos de vigilancia que la legislación actual no alcanza a cubrir con garantías plenas.
La inclusión de los directivos de Saito Tech Ltd sitúa a España en la vanguardia de una tendencia judicial europea que busca la fiscalización de las empresas de mercenarios digitales. Mientras que en el pasado el espionaje requería de agentes físicos y órdenes judiciales claras, el uso de Pegasus y Candiru opera en una zona gris donde la trazabilidad es el mayor enemigo del agente. El éxito de esta instrucción dependerá de si la jueza logra romper el blindaje de las empresas israelíes y si la Guardia Civil es capaz de justificar técnicamente el uso de estas herramientas sin haber vulnerado derechos fundamentales. De momento, el mensaje enviado desde Barcelona es nítido: en la era de la información, el cargo de director general ya no es un escudo absoluto contra la responsabilidad penal, y la "paz social" que buscaba el Estado mediante el control de la disidencia digital ha desembocado en una guerra de togas que amenaza con redefinir los límites del poder ejecutivo.