El derrumbe de la figura pública de Íñigo Errejón ha alcanzado una profundidad jurídica sin precedentes tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid de admitir a trámite una segunda denuncia por agresión sexual. Este movimiento judicial, confirmado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), desplaza el foco del debate político hacia el terreno penal, consolidando una investigación que ya no se limita a un caso aislado, sino que comienza a dibujar un patrón de conducta bajo el escrutinio de la ley. La admisión a trámite supone un paso decisivo, pues implica que el magistrado instructor reconoce indicios de criminalidad suficientes en el relato de la víctima para iniciar una instrucción formal contra el otrora líder de Más País.
Esta nueva querella, representada por el letrado Alfredo Arrién, sitúa los hechos en octubre de 2021, un periodo en el que Errejón mantenía una posición de máxima influencia en la política nacional. Según el testimonio que ha trascendido, la denunciante relata un encuentro en el que fue presuntamente obligada a mantener relaciones sexuales tras un proceso de intimidación, un concepto clave en la actual tipificación de los delitos contra la libertad sexual en España. A diferencia de la primera denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá, esta nueva causa se maneja bajo un estricto silencio y cautela por deseo expreso de la víctima, lo que añade una capa de gravedad y profesionalismo al proceso judicial que busca evitar la sobreexposición mediática del caso.
La implicación de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer dota al procedimiento de un marco analítico específico, centrado en el desequilibrio de poder y la vulnerabilidad. Este ensayo judicial se produce en un contexto social donde la impunidad de los rostros públicos está siendo cuestionada más que nunca. La admisión de esta segunda denuncia rompe la estrategia defensiva de la excepcionalidad y obliga a la justicia a investigar si existió una recurrencia en el uso de la presión psicológica y el poder político para doblegar la voluntad de las mujeres. Mientras la investigación avanza, el caso Errejón se erige como un examen de madurez para el sistema garantista español, enfrentando la presunción de inocencia del investigado con el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva.
El escenario legal de Íñigo Errejón se vuelve extremadamente complejo, ya que la acumulación de testimonios similares suele fortalecer la credibilidad de las acusaciones en delitos donde la prueba principal es la declaración de la víctima. La sociedad española asiste al ocaso de un referente intelectual que ahora debe responder ante un tribunal por actos que contradicen los principios de feminismo y consentimiento que su formación política decía defender. El proceso judicial que ahora comienza será largo y riguroso, marcando un antes y un después en la forma en que el poder político interactúa con los límites éticos y legales de la esfera privada.