La sombra del caso Koldo vuelve a proyectarse sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha decidido abrir diligencias contra Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y una de las figuras más próximas a Pedro Sánchez, por un presunto delito de falso testimonio. La denuncia, presentada por la asociación ultraderechista Hazte Oír, acusa a Cerdán de “haber faltado sustancialmente a la verdad” durante su comparecencia en el Senado, el pasado 30 de abril, en el marco de la comisión de investigación del caso Koldo.
El auto judicial no implica, de momento, una imputación formal, pero sí constituye un paso significativo: la jueza instructora considera que existen indicios suficientes para investigar si Cerdán mintió bajo juramento al desvincularse del exasesor ministerial Koldo García, implicado en la presunta trama de cobro de comisiones por la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Línea directa con Koldo
El documento detalla que, en su intervención ante la comisión, Cerdán respondió con un rotundo “no” a las preguntas sobre si mantuvo contacto con Koldo García entre 2021 y 2023, si sabía que éste actuaba como intermediario en operaciones de compra de material sanitario o si le dio instrucciones para beneficiar a determinadas empresas. Sin embargo, la magistrada apunta que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “revelaría lo contrario”.
Según ese informe, existirían registros de comunicación y vínculos empresariales indirectos entre Cerdán y García a través de terceros o sociedades interpuestas. La jueza señala una “desviación clara” entre la versión ofrecida por el exnúmero tres del PSOE y los datos aportados por la investigación policial, y considera que un archivo de la querella “resultaría precipitado”.
En ese punto hay que señalar que un compareciente en una comisión de investigación parlamentaria está obligado a decir la verdad. Muchas de las cosas que los diputados y senadores afirman en sede parlamentaria, aunque sean mentira, no constituyen falso testimonio. Sin embargo, en una comisión de investigación, sí, y esta es la razón por la que se suele aconsejar no decir nada si la razón de la comparecencia está judicializada antes que caer en falsedades.
Fin del aforamiento
La jueza ha solicitado al Congreso de los Diputados la verificación formal de que Santos Cerdán renunció a su acta de diputado el pasado junio, una decisión que le hizo perder la condición de aforado y abrió la puerta a que la investigación se sustancie en juzgados ordinarios. Ese movimiento, inicialmente interpretado como una salida política forzada tras el estallido del escándalo, cobra ahora una nueva dimensión judicial.
Cerdán se encuentra desde el 30 de junio en prisión provisional, señalado como uno de los presuntos coordinadores del entramado que cobraba sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública, una causa que el Tribunal Supremo instruye bajo el nombre de caso Koldo. En el sumario también figuran el exministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los principales aliados históricos de Sánchez, y el propio Koldo García, asesor de confianza del exministro.
Golpe simbólico para el PSOE
Más allá de las implicaciones penales, el nuevo frente judicial supone un golpe político de alto voltaje para el PSOE. Cerdán fue durante años el arquitecto de la estructura territorial del partido y uno de los principales interlocutores del presidente con las federaciones regionales. Su caída no sólo debilita aún más el que fuera el círculo más próximo a Sánchez, sino que erosiona la narrativa de regeneración que el Gobierno intenta sostener frente a la oposición.
El hecho de que la querella haya sido promovida por Hazte Oír, un grupo vinculado históricamente a campañas ultras, no resta gravedad al caso. El auto judicial se limita a subrayar la existencia de indicios objetivos de contradicción entre el testimonio de Cerdán y la documentación policial. Y, si bien los jueces suelen desestimar querellas por falso testimonio en procesos parlamentarios —por la dificultad de demostrar la “intencionalidad de mentir”—, el propio tono del auto refleja una predisposición a no archivar en falso un asunto políticamente explosivo.
La arista judicial del poder
La causa contra Cerdán se suma a una serie de procedimientos que han puesto bajo lupa los vínculos entre poder político y gestión de contratos públicos durante la pandemia. En la órbita del caso Koldo, los investigadores rastrean una red de intermediarios que, aprovechando su proximidad al Ministerio de Transportes, habrían cobrado comisiones por facilitar contratos de emergencia con empresas privadas.
Aunque Cerdán ha negado cualquier implicación, los informes de la UCO apuntan a una posible participación indirecta o conocimiento de las operaciones. Si las pesquisas confirman esos lazos, el caso podría ampliarse hacia las estructuras de poder del PSOE durante los primeros años del Gobierno de coalición.
En términos judiciales, el proceso apenas comienza. Pero en el plano político, sus efectos ya se sienten. El Partido Popular ha exigido explicaciones públicas y reclama una comisión paralela en el Congreso. En la Moncloa, el silencio ha sido la norma: fuentes del Ejecutivo se limitan a “respetar los tiempos judiciales”.
A puerta cerrada o en declaraciones extraoficiales off the record, sin embargo, la preocupación es evidente. La imagen de Cerdán, un cuadro orgánico de la confianza absoluta de Sánchez, compareciendo ante los tribunales, reactiva la narrativa de la corrupción socialista que la oposición lleva meses intentando resucitar.
Para el PSOE, el caso no solo representa un riesgo penal, sino un desafío moral. Y para la justicia, un examen sobre su capacidad de avanzar más allá de los nombres y las filiaciones políticas.