Hay noticias que caen como un jarro de agua fría en los despachos de la Moncloa, pero la de este lunes ha hecho tiritar a más de uno.
El juez Juan Carlos Peinado, recién vuelto de sus vacaciones y a escasos días de colgar la toga por jubilación, ha firmado el auto que sienta en el banquillo a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Y no solo a ella: también a su asesora, Cristina Álvarez. Tras más de dos años y medio de idas y venidas a raíz de aquella denuncia inicial de la organización de ultraderecha Manos Limpias, la instrucción se da por cerrada.
Próxima parada: el señalamiento de fecha por parte de la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio oral con jurado popular.
Ahí está la verdadera bomba de relojería. Porque una cosa es litigar ante magistrados de carrera, acostumbrados al lenguaje frío de los códigos, y otra muy distinta convencer a nueve ciudadanos de a pie sentados en un estrado. Para el entorno del presidente del Gobierno, someter el caso a un tribunal popular es adentrarse en terreno minado, sobre todo porque, en la calle, a Sánchez se le tiene ganas, muchas ganas.
A la esposa del presidente se le acusa de tráfico de influencias y malversación; a su asesora, de este último delito. Pero lo interesante del auto de Peinado está en los detalles.
Pues bien, el juez no ha querido imponer prisión provisional ni ha exigido fianza. Nada de eso. Sin embargo, ha dejado un recado contable que duele casi lo mismo: ha ordenado rastrear la capacidad económica de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial y pedir sus últimas cinco declaraciones de la renta. Quiere saber exactamente cuánto hay en la caja por si surgen responsabilidades financieras.
Además, nada de despistes. Ambas tendrán la obligación de estar localizables "en todo momento" y comunicar al juzgado cualquier cambio de casa o viaje. Un marcaje de cerca en toda regla.
Con este movimiento, Peinado amarra el expediente justo antes de jubilarse esta misma semana, cerrando la puerta a un posible archivo rápido y dejando la patata caliente en manos de la Audiencia Provincial, que será la que ponga fecha al juicio.
Al final, la jugada del magistrado consigue lo que más temían en el Ejecutivo: que el foco mediático y judicial siga instalado en la falda de la Moncloa durante meses. Se abre así un escenario inédito en la democracia española, donde la estabilidad política del Gobierno se va a juzgar, en buena parte, en la sala de un tribunal y ante la mirada atenta de la opinión pública.
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