Hay pesquisas que no se miden por el peso de las pruebas, sino por la minuciosidad del escrutinio al que someten a la política. A su regreso del receso vacacional, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido reactivar el foco sobre el entorno del presidente Pedro Sánchez con un movimiento de precisión quirúrgica: un ultimátum de cinco días a Begoña Gómez para que demuestre que, efectivamente, cruzó el Canal de la Mancha para asistir a la graduación de su hija.
La decisión, más propia de un sainete burocrático que de un compendio de alta política criminal, nace de un anacronismo. El magistrado observa con recelo el pasaporte de la investigada, devuelto recientemente a la sede judicial tras concederse un levantamiento extraordinario de las medidas cautelares. En las páginas del documento no hay tinta, no hay cuñados ni rastros físicos de aduanas. Para la ortodoxia analógica del juzgado, la ausencia de marca equivale a la sospecha de un quebrantamiento de medida cautelar. Para la realidad fronteriza post-Brexit, sin embargo, supone sencillamente el funcionamiento ordinario del control biométrico británico, que hace tiempo desterró el ritual de los sellos mecánicos para los ciudadanos comunitarios en favor de registros digitales como la autorización ETA.
Este nuevo episodio reabre la brecha de un proceso que oscila constantemente entre el celo garantista y el espectáculo mediático. Cabe recordar que la autorización para volar a Londres entre el 8 y el 10 de julio fue concedida por el juez sustituto, Antonio Viejo, mientras Peinado disfrutaba de sus días de asueto. Un permiso salpicado de matices ideológicos y diplomáticos, pues si bien la justicia permitió a Gómez el desplazamiento de índole familiar a Reino Unido, le vetó taxativamente integrarse en la delegación oficial del presidente del Gobierno durante la cumbre de la OTAN en Ankara.
El dilema procesal que ahora se plantea parece abocado a resolverse en la bandeja de entrada de un correo electrónico, donde reposan las confirmaciones digitales que la aduana británica expide en lugar del viejo cuño de tinta. Sin embargo, el valor narrativo del requerimiento va mucho más allá del mero trámite. En el convulso tablero político español, donde cada providencia judicial se lee como un parte de guerra en la Moncloa, la exigencia de Peinado busca fiscalizar hasta el último milímetro de los movimientos de la esposa del presidente mientras la Audiencia Provincial de Madrid resuelve los recursos pendientes que podrían redefinir el futuro del caso.
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