El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha acordado el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Este requerimiento no implica una parálisis absoluta de sus finanzas, sino que se ha ejecutado bajo un estricto criterio de proporcionalidad, afectando de manera exclusiva a los fondos específicos que el exlíder socialista habría presuntamente percibido de la consultora Análisis Relevante, una de las firmas situadas en el epicentro de la presunta red de tráfico de influencias.
Esta decisión del instructor se produce apenas veinticuatro horas después de que se notificara oficialmente la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, fijando su declaración judicial para el próximo 2 de junio. El auto del magistrado Calama dibuja un escenario de extrema gravedad institucional al situar al que fuera secretario general del PSOE al frente de una supuesta estructura estable y jerarquizada cuyo propósito principal era la obtención de beneficios económicos espurios. El mecanismo delictivo consistía presuntamente en la intermediación y el ejercicio de presiones e influencias ante diversas instancias públicas en favor de terceras empresas, con especial beneficio para la aerolínea Plus Ultra durante su polémico proceso de rescate estatal.
La investigación judicial, alimentada por los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cifra en 1,95 millones de euros el montante total que Zapatero y su entorno más cercano pudieron percibir a través de este engranaje, si bien los peritos matizan que no toda esa cantidad responde a comisiones de carácter irregular. El foco de la Fiscalía y del juzgado se centra de forma prioritaria en Análisis Relevante, una sociedad administrada por el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, cuya conocida amistad personal con el expresidente ha acelerado el rastreo de sus operaciones. Esta consultora, cuyas cuentas ya se encontraban paralizadas desde hace meses, habría transferido un total de 959.798 euros entre los años 2020 y 2025, dinero que terminó repartido entre las cuentas corrientes del propio Zapatero y los activos de la sociedad Whathefav, propiedad de sus hijas.
Los tentáculos de la fiscalización patrimonial también han alcanzado a otras mercantiles ligadas a la presunta trama. El juzgado mantiene bloqueados los depósitos de la sociedad Agropecuaria Lucena, una firma con un capital social superior a los 2,3 millones de euros dedicada formalmente al negocio inmobiliario rústico y urbano. Los flujos financieros de esta empresa revelan el pago de cerca de 21.000 euros dirigidos igualmente a las hijas del exjefe del Ejecutivo. Frente al alcance de estos hallazgos económicos y la proximidad de su citación en sede judicial, Rodríguez Zapatero ha reaccionado públicamente mediante la difusión de un comunicado en vídeo donde niega categóricamente las acusaciones, defendiendo la absoluta legalidad de su actividad y asegurando que jamás ha poseído sociedades mercantiles, ni de forma directa ni mediante testaferros, ni dentro ni fuera de las fronteras españolas.
El recorrido de la causa penal desborda el ámbito estrictamente nacional para entroncar de forma directa con la denominada conexión venezolana del caso Plus Ultra. Previo al salto de la investigación a la Audiencia Nacional, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ya había ordenado embargos preventivos de calado, entre los que destaca la congelación de un inmueble valorado en más de 5,6 millones de euros. Esta propiedad pertenece a Corpoestructura, una sociedad instrumental carente de infraestructura web o empleados que fue constituida originalmente por el entorno legal de la propia aerolínea, contando en su administración con figuras clave como el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, y el alto ejecutivo venezolano Rodolfo Reyes, cuyas viviendas ya fueron registradas policialmente en el marco de las pesquisas por blanqueo de capitales.
Los datos del registro mercantil exponen que la gestión de Corpoestructura dio un giro estratégico a principios de 2025, pasando a manos de un familiar directo de Camilo Ibrahim. La aparición de este magnate latinoamericano en el expediente judicial es considerada por los analistas políticos como un elemento de alta sensibilidad, dada su conocida cercanía al régimen de Nicolás Maduro en Caracas y su rol previo como delegado de la multinacional textil española Inditex. La confluencia de estos actores en las conversaciones e intercambios de correos electrónicos intervenidos por el juez Calama refuerza la hipótesis judicial de que el rescate de la compañía aérea formaba parte de un plan de influencia global perfectamente coordinado, situando al Gobierno de Pedro Sánchez ante un complejo escenario de desgaste político a las puertas de la declaración del expresidente el próximo 2 de junio.