La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la petición de libertad presentada por los abogados del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado en el llamado “caso Koldo”. Cerdán se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por su presunta implicación en una trama de amaño de obras públicas durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que subraya que “persiste el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas” si Cerdán es puesto en libertad. A juicio de Luzón, la investigación se encuentra todavía en un momento “inicial” y existen diligencias “avanzadas” que no se han practicado, lo que daría al exdirigente socialista la posibilidad de influir en testigos o de alterar documentos clave.
Un papel clave en la trama
La Fiscalía considera que Cerdán desempeñó un “papel director” en la organización criminal que, según los investigadores, se dedicaba a obtener comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Por este motivo, Luzón insiste en que la prisión provisional sigue siendo una medida necesaria para garantizar el buen desarrollo del procedimiento.
“Su capacidad para condicionar a otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar, determinan la necesidad de mantener la prisión provisional acordada por Auto de 30 de junio de 2025”, explica el escrito de Anticorrupción.
El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, ya había valorado en junio el alto riesgo de destrucción de pruebas como uno de los motivos principales para ordenar el encarcelamiento preventivo. Esta decisión fue posteriormente avalada por la Sala Segunda del Supremo el pasado 23 de julio.
Argumentos de la defensa desestimados
Los abogados de Cerdán alegaron que su cliente ha tenido tiempo de destruir posibles pruebas desde que se iniciaron las investigaciones y no lo ha hecho, por lo que consideran que ya no existe riesgo alguno. También reprocharon al juez instructor y a la Guardia Civil actuaciones que calificaron de “prospectivas” y “parcialmente extrajurídicas”.
La Fiscalía rechaza de plano estos argumentos, a los que califica de “impertinentes” y “abiertamente especulativos”. Luzón recuerda que la prisión provisional no puede entenderse como una medida punitiva, sino como una garantía para la instrucción. Además, advierte de que “esgrimir la condición de político relevante no puede ser un escudo para eludir la investigación de conductas de corrupción”.
Delitos imputados
Según el Ministerio Público, los hechos que se atribuyen a Cerdán están “perfectamente delimitados” y se refieren a su intervención, en connivencia con Ábalos y con su exasesor Koldo García, para obtener beneficios económicos ilegales.
La Fiscalía aprecia indicios de tres delitos: integración en organización criminal (artículo 570 del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428) y cohecho (artículo 419).
Una investigación compleja
El caso Koldo es uno de los procedimientos de corrupción más relevantes de los últimos años y se encuentra en plena fase de instrucción. La Fiscalía insiste en que todavía hay personas responsables de los pagos pendientes de identificar y que, si Cerdán quedara en libertad, podría interferir en esta tarea.
Por todo ello, el Ministerio Público considera que la petición de puesta en libertad resulta “estéril” en este momento, ya que no aporta hechos nuevos que justifiquen un cambio de medida. “Se trata de un procedimiento de gran complejidad, con diligencias todavía en marcha, que exige preservar la integridad de las pruebas”, concluye Luzón.