A las 10.08 de la mañana comenzó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el juicio más delicado que ha afrontado hasta ahora el máximo responsable del Ministerio Público español. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sienta en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos por supuestamente filtrar un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal y falsedad documental.
García Ortiz, que ha acudido vestido con la toga de fiscal, se ha declarado inocente. “No me considero autor de los delitos que se me imputan”, respondió con firmeza al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Junto a él, su defensa —encabezada por la abogada del Estado Consuelo Castro— ha puesto en cuestión desde el primer momento la instrucción dirigida por el juez del Supremo Ángel Hurtado.
Según Castro, el procedimiento ha sido “prejuicioso, sesgado e injusto en su conjunto”. La defensa sostiene que el fiscal general no ha tenido oportunidad de defenderse adecuadamente, que se vulneró su derecho a ser informado de la acusación y que nunca se le concretaron los hechos por los que estaba siendo investigado.
Un inicio marcado por las cuestiones previas
La jornada inaugural ha estado dedicada a las llamadas cuestiones previas, un trámite procesal en el que las partes pueden plantear objeciones sobre el fondo o la forma del proceso. En este caso, la Abogacía del Estado ha solicitado la anulación de varios actos de la instrucción: la declaración de secreto de las actuaciones, el auto de incoación de diligencias y, sobre todo, el registro del despacho del fiscal general.
Ese registro, realizado el 30 de octubre de 2024, permitió obtener los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Para la defensa, la actuación fue ilegal y debe declararse nula, lo que implicaría la expulsión de todo el material derivado de ella, incluidos los informes policiales que concluyeron —sin pruebas, según recalcan los abogados— que García Ortiz tuvo una “participación preeminente” en la filtración.
Si el tribunal aceptara esa petición, buena parte del caso quedaría sin sustento. De hecho, incluso la Fiscalía del Supremo, que actúa en este procedimiento como parte independiente, ha considerado que ese registro fue irregular y que vulneró derechos fundamentales. “El despacho de la fiscal provincial nunca debió ser allanado”, ha recordado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde.
La defensa denuncia una instrucción “orientada a condenar”
La abogada Consuelo Castro ha insistido en que la instrucción del juez Hurtado se centró “exclusivamente” en buscar pruebas contra García Ortiz, ignorando otras posibles fuentes de la filtración del correo electrónico de febrero de 2024. “Desde el inicio se presentó la investigación como un concierto delictivo entre el fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid, sin base real”, ha afirmado.
Castro ha denunciado además la “resistencia” del instructor a investigar otras vías y ha recordado que la UCO no encontró pruebas directas que vinculen al fiscal general con la filtración a los medios de comunicación. “Los derechos del señor García Ortiz no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en condiciones exigibles”, ha subrayado.
Según la defensa, los indicios utilizados para sentar al fiscal general en el banquillo —haber recibido el correo antes de su publicación y el borrado de datos en sus dispositivos electrónicos— son “insuficientes” para mantener una acusación penal. “Con esos elementos no se debió ni abrir juicio”, concluyó la abogada del Estado.
Las acusaciones y los testigos
Enfrente, la defensa de González Amador y las acusaciones populares —entre ellas el Colegio de la Abogacía de Madrid, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Hazte Oír, Vox, Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa— piden penas que van desde los cuatro hasta los seis años de cárcel, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Durante la sesión, las acusaciones particulares solicitaron incorporar nuevos documentos al procedimiento, como intercambios de mensajes entre abogados y periodistas la noche en que se conoció el correo electrónico. También se opusieron a la petición de la defensa de incluir los tuits del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien había difundido la idea de una supuesta “confabulación” entre el Gobierno, Hacienda y la Fiscalía contra la presidenta madrileña.
El tribunal ha previsto seis jornadas de juicio, con la declaración de cuarenta testigos, entre ellos el propio González Amador, el citado Rodríguez, varios periodistas y ocho fiscales. El propio García Ortiz testificará al final del proceso, en la penúltima jornada.
Un caso con implicaciones institucionales
El juicio no solo tiene una dimensión penal. También pone en juego el prestigio y la independencia de la Fiscalía General del Estado. La acusación de revelación de secretos contra su máximo responsable ha generado una fuerte controversia política y jurídica.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido el derecho de García Ortiz a mantenerse en el cargo mientras se defiende. “Hay un derecho muy sagrado, el de defenderse”, ha señalado. “No pienso que se esté contaminando el prestigio de la institución”. Aun así, ha pedido “respeto absoluto” al Tribunal Supremo, consciente de la trascendencia del caso para el Estado de derecho.
La palabra ahora, al tribunal
El proceso continuará en los próximos días con las declaraciones de los primeros testigos: los fiscales Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra y Diego Villafañe, todos ellos implicados en distintas fases de la investigación sobre González Amador.
Mientras tanto, García Ortiz mantiene su inocencia y denuncia ser víctima de una persecución política y mediática. “He sido sometido a un proceso injusto”, ha dicho su defensa. Si el Supremo admite las nulidades planteadas, buena parte del caso podría venirse abajo. Si no, el fiscal general se enfrentará a una posible condena de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación.
Sea cual sea el resultado, el juicio marcará un precedente inédito: nunca antes un fiscal general del Estado había sido procesado por un delito cometido, supuestamente, en el ejercicio de sus funciones. El desenlace, más allá del impacto personal, pondrá a prueba la solidez de las instituciones y la credibilidad de la justicia española.