Caso Begoña Gómez: el juez ordena a Google que no borre el software por el que la esposa de Pedro Sánchez está procesada

El magistrado Carlos Valle, sucesor de Juan Carlos Peinado, frena la desconexión del software de la cátedra de la Complutense tras el aval de la Fiscalía

16 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 12:38h
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Begoña Gomez PSOE juez
Begoña Gómez, en un acto de campaña del Partido Socialista | Foto: PSOE

Un archivo informático alojado en la nube acaba de convertirse en el epicentro de una nueva pugna procesal. A menos de dos semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el juez que sustituye provisionalmente a Juan Carlos Peinado al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el magistrado Carlos Valle, ha dictado una providencia de urgencia en la que ordena a Google que impida el borrado o la eliminación del software vinculado a la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Esta resolución cautelar revoca, de manera inmediata y por razones de estricta prudencia procesal, la autorización de desconexión que el propio órgano judicial había concedido apenas unas semanas atrás. El pasado 21 de octubre y reabre el foco mediático sobre una causa que llevará a la esposa de Pedro Sánchez a sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio con jurado popular.

El origen técnico de esta controversia digital se remonta al pasado 18 de septiembre cuando la consultora tecnológica Devoteam Drago, empresa encargada de gestionar el almacenamiento en la nube de los proyectos denominados ucm-impactopymes-dev y ucm-impactopymes-pro, solicitó permiso al juzgado para desvincular la subcuenta de facturación asociada a la Universidad Complutense. Argumentaba que la institución académica había dejado de abonar los gastos corrientes de mantenimiento en los servidores de Google Cloud. Aunque la Complutense comunicó el 9 de octubre que no se oponía a dicha desvinculación, advirtiendo expresamente de que la operación conllevaría previsiblemente la destrucción definitiva e irreversible de todo el material almacenado en un plazo de treinta días, y pese a que la propia consultora confirmó posteriormente que el contenido digital coincidía íntegramente con la copia entregada al juzgado en agosto de 2025 en dos DVD y una memoria USB, la inminencia del borrado encendió todas las alarmas de las acusaciones.

Choque por la prueba digital

La reacción procesal que ha forzado el freno judicial fue impulsada por la acusación popular unificada que lidera la asociación de extrema derecha Hazte Oír. Ante el riesgo de que la desconexión de la consola de Google Cloud destruyera una fuente de prueba original antes de la celebración de la vista oral, la acusación interpuso un recurso de reforma reclamando además que la Policía Judicial practicara una copia forense exhaustiva de los servidores. Ante la falta de respuesta inmediata de Devoteam Drago sobre el estado de la desconexión, el magistrado Carlos Valle ha optado por oficiar directamente a Google Spain para congelar cualquier borrado mientras resuelve el fondo del recurso y evita así un daño probatorio irreparable en plena antesala del juicio.

Esta medida cautelar ha contado con el respaldo parcial del Ministerio Público. Aunque desde una óptica procesal diametralmente opuesta a la de la acusación popular, en un informe firmado el pasado jueves, el fiscal José Manuel San Baldomero, quien solicita la libre absolución tanto de Begoña Gómez como de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, se ha mostrado favorable a preservar intacto el contenido alojado en Google Cloud mientras se agotan los trámites de admisión de prueba ante el futuro magistrado presidente del tribunal del jurado. Sin embargo, el fiscal rechaza de plano la petición de Hazte Oír para ordenar una nueva copia forense policial. La califica de extemporánea al recordar que la fase de instrucción ya está formalmente concluida y que la integridad del material entregado hace más de un año nunca había sido cuestionada hasta ahora.

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, ejercida por el letrado José María de Pablo, ha aprovechado este incidente técnico para cargar con dureza contra los cimientos mismos de la imputación. Sin adherirse ni oponerse formalmente al recurso, el abogado ha calificado de disparatada y cómica la acusación por presunta malversación en torno a una plataforma digital por la que la universidad reclama más de cien mil euros. Mientras, al mismo tiempo, muestra total indiferencia ante su posible desaparición en la nube. Subraya que el software no solo permanece intacto en los servidores de Google. También obra en poder del propio juzgado desde hace más de un año.

La antesala del jurado popular en plena recta final hacia el 29-N

Más allá de la escaramuza técnica sobre la conservación de los servidores en la nube, la resolución del magistrado Valle devuelve a la primera línea de la actualidad política un procedimiento judicial de enorme carga simbólica. Con la instrucción cerrada tras la jubilación del juez Peinado, la causa se encuentra únicamente pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid designe la sección encargada de enjuiciar los hechos y el magistrado que presidirá el tribunal del jurado.

Sobre la mesa pesa la petición de la acusación popular unificada, que reclama trece años de prisión para Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Sostiene que utilizó su posición institucional para impulsar su cátedra y lucrarse con fondos públicos destinados al desarrollo del software. Así como seis años de cárcel para su asesora.

En el clima de máxima polarización que define la campaña electoral hacia el 29 de noviembre, la decisión judicial de blindar los archivos de Google Cloud ilustra hasta qué punto los tiempos de la justicia y los tiempos de la política siguen entrelazándose en España. Mientras las defensas y la Fiscalía insisten en que el expediente carece de sustento penal y que las diligencias solicitadas buscan prolongar artificialmente la sombra de sospecha, las acusaciones populares mantienen viva la presión procesal para garantizar que el eco de los tribunales acompañe cada compás del debate político hasta la misma jornada de votación.

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