Barcelona vuelve a estar en el centro de un terremoto institucional que trasciende lo deportivo. Lo que comenzó como una investigación por pagos de asesoramiento arbitral se ha convertido en una causa que amenaza con redefinir la frontera entre la ética y la legalidad en el fútbol.
Según EFE, la jueza que instruye el llamado caso Negreira ha citado al expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart como testigo y ha imputado formalmente al club, que comparecerá el próximo 27 de enero representado por su vicepresidenta Elena Fort. El procedimiento, que analiza los 7,3 millones de euros pagados por el Barça entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier, sigue extendiendo sus ramificaciones por el entramado institucional del fútbol español.
La jueza también ha ordenado al club entregar los contratos originales firmados con las empresas Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, identificar a los técnicos que participaron en las labores de asesoramiento y aportar todos los vídeos e informes que justifiquen los servicios prestados. La solicitud no es menor: se trata de reconstruir casi dos décadas de pagos regulares a un alto cargo arbitral y de determinar si respondían a un interés deportivo legítimo o a una práctica que podría vulnerar la integridad competitiva del deporte.
Presidentes bajo la lupa
El llamado “caso Negreira” tiene un carácter transversal. Abarca los mandatos de cuatro presidentes del FC Barcelona, Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y refleja la persistencia de una cultura institucional que confundió la asesoría técnica con la influencia arbitral.
Gaspart, quien dirigió el club entre 2000 y 2003 tras dos décadas como vicepresidente, será interrogado el 6 de febrero, mientras que el actual presidente, Joan Laporta, deberá declarar el 12 de diciembre. Laporta fue inicialmente imputado, pero quedó exculpado por prescripción de los hechos ocurridos durante su primera etapa (2003–2010).
Por su parte, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que presidieron la entidad entre 2010 y 2020, ya comparecieron como investigados en septiembre. Ambos insistieron en que los pagos eran por “asesoramiento técnico” y no por favores arbitrales. Argumentaron que el servicio era útil para los entrenadores (entre ellos Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, también citados como testigos) y que, en todo caso, el coste por informe, estimado en unos 250 euros, resultaba insignificante para influir en competiciones de máximo nivel.
Sin embargo, el argumento económico no disipa la duda reputacional. La línea que separa la asesoría legítima de la tentativa de influencia es extremadamente delgada, y más aún cuando el destinatario de los pagos es el número dos del arbitraje español.
Opacidad normalizada
El problema central no es tanto el monto de los pagos, sino la falta de transparencia institucional que los rodeó durante casi veinte años. El Barça, una de las entidades deportivas más importantes del mundo y autoproclamada defensora de valores éticos, mantuvo durante años un vínculo financiero con un dirigente que debía, precisamente, garantizar la neutralidad del arbitraje.
Ni los socios ni los organismos de control deportivo fueron informados de estos contratos. No hubo auditorías públicas ni informes internos que explicaran la naturaleza del servicio. En ese contexto, la investigación judicial no solo apunta a posibles delitos de corrupción, sino a una cultura corporativa donde la opacidad era funcional al poder.
El caso Negreira expone así una tensión de fondo: el fútbol profesional, convertido en industria global, sigue operando con estructuras de supervisión que dependen de la buena fe de sus dirigentes. Las ligas, federaciones y clubes manejan volúmenes financieros comparables a los de corporaciones multinacionales, pero bajo marcos regulatorios que aún se parecen más al amateurismo que a la gobernanza empresarial.
Riesgo reputacional
Más allá de la responsabilidad penal, el daño institucional ya está hecho. El caso golpea la credibilidad no solo del FC Barcelona, sino del modelo de autorregulación del fútbol europeo.
UEFA y FIFA han mostrado reticencias a intervenir de manera directa, conscientes de que un precedente en España podría abrir la puerta a investigaciones similares en otros países.
El escándalo también reaviva un debate incómodo: el poder informal que los grandes clubes ejercen sobre las estructuras arbitrales. En un deporte donde la percepción pública de la justicia es tan determinante como el resultado del marcador, la sospecha de influencia puede ser tan destructiva como la corrupción comprobada.
Mal sistémico
El caso Negreira no es un episodio aislado, sino el síntoma de un ecosistema futbolístico donde la frontera entre el interés deportivo y el corporativo se ha diluido. Los clubes, convertidos en marcas globales, gestionan su imagen con criterios empresariales, pero sus estructuras de control interno no han evolucionado al mismo ritmo.
La cita judicial de Gaspart, la imputación del club y la sucesión de presidentes llamados a declarar no solo reconstruyen un posible delito; también revelan la continuidad de prácticas opacas en la gestión del poder deportivo. En ese sentido, el proceso judicial funciona como una radiografía de la gobernanza del fútbol moderno: una red de intereses, lealtades personales y vacíos normativos que permite que decisiones sensibles se tomen sin rendición de cuentas efectiva.
Más que un club
El FC Barcelona, que durante años se presentó como “más que un club”, enfrenta ahora la tarea de reconstruir su legitimidad institucional. Su defensa (centrada en la legalidad formal de los contratos y la utilidad deportiva de los informes) puede servir en el plano jurídico, pero no necesariamente en el ético. En un entorno cada vez más globalizado, donde los inversores, patrocinadores y audiencias internacionales exigen transparencia, la reputación puede valer más que un título.
El proceso judicial continuará durante meses. Pero, al margen de su desenlace, el “caso Negreira” ya ha dejado una lección: el fútbol moderno no puede seguir confiando en la opacidad como herramienta de gestión. Lo que está en juego no es un resultado deportivo, sino la credibilidad de un sistema que, por primera vez en mucho tiempo, parece estar mirando su propio espejo.