El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, hará públicas sus conclusiones sobre la compatibilidad de la ley de amnistía española con el derecho comunitario el próximo 13 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales este pasado viernes.
Este pronunciamiento constituye un paso decisivo en el proceso judicial que determinará el futuro de la controvertida norma que afecta a los encausados del procés independentista catalán.
Dos cuestiones prejudiciales clave en el punto de mira
Las conclusiones del letrado polaco abordarán las dos cuestiones prejudiciales más sensibles planteadas por tribunales españoles.
En primer lugar, la consulta elevada por el Tribunal de Cuentas sobre si los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y las actividades de internacionalización del procés afectaron a los intereses financieros de la UE, y si, por tanto, la malversación asociada puede ser amnistiada.
La segunda cuestión, presentada por la Audiencia Nacional, gira en torno a la llamada “operación Judas” y plantea si la amnistía de los delitos de terrorismo atribuidos a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) es compatible con la directiva europea antiterrorista. Los acusados se enfrentan a penas de entre 8 y 27 años de prisión por supuestos planes para realizar acciones violentas contra edificios públicos en Cataluña.
Un letrado experimentado en casos catalanes
Maciej Szpunar, de 53 años y nacido en Cracovia, no es ajeno a la problemática catalana. El jurista polaco, que ocupa el cargo de primer abogado general del TJUE desde 2021, ya se pronunció favorablemente en casos previos relacionados con el procés, como el reconocimiento del escaño europeo de Oriol Junqueras y las inmunidades parlamentarias de Carles Puigdemont. Szpunar, formado en el prestigioso Colegio de Europa de Brujas, ha demostrado a lo largo de su carrera judicial un enfoque técnico y neutral que le ha valido el reconocimiento tanto de sectores independentistas como unionistas.
Conclusiones no vinculantes pero influyentes
Aunque las conclusiones del abogado general no tienen carácter vinculante para el TJUE, la práctica demuestra que los magistrados del tribunal europeo suelen seguir sus recomendaciones en un alto porcentaje de casos. El dictamen de Szpunar servirá como hoja de ruta para los quince jueces de la Gran Sala, que deberán emitir la sentencia definitiva antes de finalizar 2025, según las previsiones del propio tribunal.
Las vistas orales sobre ambas cuestiones se celebraron el pasado 15 de julio en Luxemburgo, donde la Comisión Europea expresó sus reservas sobre el “interés general” de la ley de amnistía, al considerar que formó parte de un acuerdo político para facilitar la investidura del gobierno español. Por su parte, la representación española defendió que la norma responde a un “fin legítimo, explícito y razonable” para mejorar la situación política y social en Cataluña.
Impacto en el procedimiento contable y penal
El caso del Tribunal de Cuentas afecta a 33 antiguos altos cargos de la Generalitat, incluyendo a los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como a Oriol Junqueras. El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma solidaria, mientras que Sociedad Civil Catalana eleva la cifra a 5,3 millones de euros. El procedimiento quedó paralizado a la espera del pronunciamiento europeo.
En el caso de la Audiencia Nacional, la propia Fiscalía había solicitado inicialmente la aplicación de la amnistía a los CDR, tras sustituir al fiscal original del caso, Vicente González Mota, quien se oponía a archivar las actuaciones por terrorismo. Esta maniobra evidenció las tensiones internas en el Ministerio Público respecto a la interpretación de la ley.
Calendario y expectativas
Tras las conclusiones del 13 de noviembre, el TJUE dispondrá de varias semanas para deliberar y redactar la sentencia definitiva, que se espera antes del cierre de 2025. Esta resolución será vinculante para España y determinará si los tribunales nacionales deben aplicar la amnistía en los casos controvertidos o si, por el contrario, existen incompatibilidades con el derecho europeo que impidan su aplicación.
El pronunciamiento del TJUE no solo afectará a los encausados del procés, sino que establecerá un precedente sobre los límites de las leyes de amnistía en el marco jurídico europeo, especialmente en materias sensibles como la protección de los fondos comunitarios y la lucha antiterrorista. La decisión final quedará, en cualquier caso, en manos de los tribunales españoles, que deberán interpretar y aplicar el fallo europeo a cada caso concreto.