La madrugada de este viernes, el silencio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, se quebró bajo el peso de una violencia que desafía cualquier métrica de prevención institucional. Los hechos, confirmados por la Guardia Civil, describen una escena de horror absoluto en la que un hombre de 34 años ha asesinado a su hijo de diez años y ha dejado en estado crítico a su pareja antes de ser abatido por los agentes del instituto armado. Este episodio no debe leerse únicamente como un suceso de crónica negra, sino como un ejemplo de las grietas profundas en un sistema de protección que, en esta ocasión, no llegó a activarse debido a la inexistencia de señales de alarma previas.
Lo que hace especialmente desolador el caso de Arona es la ausencia total de indicadores en el radar judicial. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no constaba ningún antecedente de denuncias ni el agresor poseía un historial penal que hiciera presagiar este desenlace. Este "punto ciego" de la violencia machista pone de relieve una realidad recurrente en los análisis de fondo sobre el feminicidio: la existencia de una violencia latente que habita en la normalidad aparente de los hogares, donde las víctimas no se encuentran bajo ningún sistema de protección oficial al no haber mediado una denuncia formal.
La secuencia de los hechos, iniciada en torno a la 1.00 de la madrugada, revela una resistencia extrema por parte del agresor. Tras el aviso de los vecinos por un altercado en la vivienda, los agentes se toparon con un hombre armado con un machete, herramienta con la que presuntamente ya había acabado con la vida del menor y atacado a su pareja. La intervención policial culminó con el atacante abatido a tiros tras herir a un agente y dejar tras de de sí el cadáver de un niño de diez años y una madre luchando por su vida en un centro hospitalario de Tenerife.
El proceso judicial que se abre ahora en Arona presenta una complejidad administrativa notable que refleja la naturaleza híbrida del suceso. Las diligencias, que actualmente recaen en el Juzgado de Instrucción número uno de Arona, seguirán un camino bifurcado. Por un lado, el juzgado se inhibirá previsiblemente en favor de la sección de Violencia sobre la Mujer para instruir el asesinato del niño y las lesiones de la madre, siguiendo la línea que apunta inequívocamente a un crimen de violencia vicaria. Por otro lado, el juzgado de instrucción original mantendrá exclusivamente la investigación sobre la muerte del varón para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil en su intento por neutralizar la amenaza.
El caso de Cabo Blanco nos recuerda que, mientras la violencia se cocine en el ámbito privado sin llegar a las comisarías, el Estado seguirá llegando tarde, incluso cuando sus agentes intervengan con la máxima celeridad posible.