El 8 de marzo de 2026 no se perfila únicamente como una fecha de conmemoración, sino como un manifiesto de resistencia activa frente a una marea negacionista que intenta desmantelar los cimientos de la igualdad estructural. En este escenario, las confederaciones sindicales de CCOO y UGT han asumido un rol que trasciende la negociación de convenios: se han postulado como el cortafuegos indispensable contra las ideologías que cuestionan la brecha salarial, las violencias de género y la propia Agenda 2030. Este sindicalismo feminista de clase, consciente de que nada de lo humano le es ajeno, vincula hoy la defensa de la democracia con la sostenibilidad del planeta y la urgencia de unos servicios públicos que sostengan la vida.
La radiografía laboral de este año presenta una paradoja punzante. España celebra cifras históricas con más de diez millones de mujeres ocupadas, un avance que debe gran parte de su impulso a la Reforma Laboral de 2021, la cual ha mejorado el empleo femenino en más de un 16% desde su implantación. Sin embargo, tras el éxito macroeconómico persiste una arquitectura de desigualdad: el paro femenino sigue siendo predominante, la parcialidad involuntaria es una condena que recae mayoritariamente en los hombros de las mujeres y la segregación sectorial mantiene a nueve de cada diez trabajadoras confinadas en el sector servicios. Esta precariedad se agudiza drásticamente cuando entran en juego variables como la migración, donde las brechas se ensanchan hasta convertirse en abismos.
El corazón de esta injusticia reside en la crisis de los cuidados. La ausencia de una red pública articulada e integral condena a millones de mujeres a la inactividad o a jornadas parciales, obligándolas a elegir entre su desarrollo profesional y la atención de la vida, una elección que en el 83% de los casos de excedencia termina recayendo en la mujer. Esta desigualdad estructural se traduce inevitablemente en una brecha salarial de género que, según los últimos datos de la Encuesta de Estructura Salarial, supone que las mujeres perciban casi 5.000 euros menos al año que los hombres. Es, en términos reales, trabajar gratis una quinta parte del año, una realidad que se replica en todas las ocupaciones y niveles de responsabilidad.
Ante este panorama, el sindicalismo de 2026 plantea una ofensiva legislativa y social sin precedentes. La exigencia de situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el 60% de la media salarial no es solo una medida económica, sino una herramienta de justicia para elevar los suelos salariales más deprimidos. A esto se suma la demanda de una jornada laboral de 37,5 horas semanales sin reducción de sueldo, una reforma que busca democratizar el tiempo y permitir una corresponsabilidad real. No se trata solo de que el hombre "ayude", sino de una implicación igualitaria respaldada por una Ley General del Cuidado que reconozca este derecho como subjetivo y universal, convirtiendo los cuidados en el quinto pilar del Estado del Bienestar.
La seguridad de las mujeres en el trabajo ocupa un lugar central en este ensayo de fondo. Las cifras de acoso sexual y por razón de sexo son, sencillamente, inasumibles para una sociedad moderna: casi la mitad de las trabajadoras por cuenta ajena han sufrido algún tipo de acoso. Por ello, la prioridad sindical se centra en la tolerancia cero y en la actualización de los protocolos de acoso bajo el marco de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, exigiendo títulos habilitantes que protejan los derechos económicos de las víctimas y la creación de la figura del delegado de Igualdad en las empresas como garante de estas políticas.
Finalmente, este 8M lanza un mensaje de solidaridad internacionalista que abraza a las mujeres de Afganistán, Irán y Palestina, recordando que los retrocesos en derechos reproductivos en cualquier parte del mundo son una amenaza para todas. La exigencia es firme: blindaje constitucional del derecho al aborto, erradicación de la violencia obstétrica y una coeducación que desde las aulas desactive el odio. En un momento donde las fuerzas ultra amenazan con eliminar organismos de igualdad, el sindicalismo feminista se yergue como una fuerza indoblegable, recordándonos que la igualdad efectiva no es una concesión, sino el único camino posible hacia una democracia plena.