En el Día Internacional de las Personas Migrantes, el mejor homenaje que puede hacer Madrid no son los discursos vacíos, sino garantizar derechos efectivos a quienes hoy sostienen su crecimiento, su mercado laboral y sus cuidados. Una Comunidad que se beneficia cada día del trabajo de las personas migrantes no puede seguir construyendo su bienestar sobre su precariedad y su desigualdad de derechos.
Madrid es hoy una Comunidad que crece gracias a la migración. Entre 2021 y 2024, su población aumentó en 282.628 personas y más de siete de cada diez de esos nuevos residentes tienen nacionalidad extranjera. A comienzos de 2024, una de cada cuatro personas que viven en la Comunidad es de origen migrante si se cuentan tanto las extranjeras como las españolas nacidas fuera, y en la ciudad de Madrid la proporción se acerca ya a tres de cada diez.
Esa aportación no es solo cuantitativa, sino también generacional. Mientras la población española de la Comunidad envejece, con más de un 21% de personas de 65 años o más, entre la población extranjera esa proporción se reduce al 5%, siendo su peso mucho mayor en la infancia y la juventud. Dicho de otro modo, una parte importante del alumnado que hoy llena las aulas madrileñas y sostendrá el futuro de esta región es de origen migrante: casi el 15% de toda la infancia de 0 a 14 años en la Comunidad tiene nacionalidad extranjera. Al mismo tiempo, aunque las familias migrantes están contribuyendo a sostener la pirámide de población, los datos muestran que también están reduciendo el número de hijos, porque la carestía de la vida en Madrid encarece y dificulta cada vez más los proyectos de maternidad y crianza también para ellas.
También el mercado de trabajo demuestra hasta qué punto Madrid se apoya en el empleo migrante. Casi una de cada cinco personas ocupadas en la Comunidad tiene nacionalidad extranjera y más de la mitad del empleo creado entre 2021 y 2025 corresponde a personas migrantes, con un protagonismo claro de las mujeres. Pero esa aportación se concentra sobre todo en sectores precarizados y poco profesionalizados, como la hostelería, la construcción, el comercio o las actividades administrativas y de servicios auxiliares, donde las personas migrantes sostienen gran parte del trabajo diario en peores condiciones laborales que la media.
Si se mira la organización social de los cuidados, esa dependencia es aún más evidente. La Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor número de mujeres afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar, cerca de 88.000, aproximadamente una de cada cuatro afiliadas de este sistema en toda España, 45.000 de ellas son extranjeras, de modo que una parte central del empleo de hogar y de los cuidados recae en mujeres migrantes. Los municipios con mayor renta concentran más trabajadoras del hogar y un mayor porcentaje de mujeres extranjeras dentro de la población migrante, enlazando directamente privilegio económico y trabajo de cuidados invisibilizado. En Madrid, las mujeres migrantes se concentran en los empleos más precarios, con más parcialidad involuntaria, salarios más bajos y peor protección social que el resto, de modo que quienes sostienen los cuidados que permiten que la región funcione son precisamente quienes viven en condiciones laborales y vitales más frágiles.
Frente a estos datos, los tópicos sobre una supuesta “carga” para los servicios públicos no se sostienen. En España, uno de cada seis hogares tiene como sustentador principal a una persona nacida en el extranjero y, aunque su gasto medio es menor, estos hogares concentran casi el 13% de todo el consumo nacional, impulsando la actividad económica, el empleo y la recaudación vía impuestos indirectos como el IVA. Al mismo tiempo, en la Comunidad de Madrid, la población migrante aporta más en trabajo, cotizaciones y consumo de lo que recibe después en prestaciones y servicios, hasta el punto que en la sanidad madrileña, las personas nacidas en el extranjero representan casi el 24% de la población pero solo representan el 20% de las visitas a Atención Primaria en 2024, lo que implica un uso claramente inferior al que les correspondería por su peso demográfico.
En la Comunidad de Madrid, las personas migrantes tampoco “viven de las ayudas”. En 2024, las personas de nacionalidad extranjera fueron el 17,5% de las personas titulares de las rentas mínimas de inserción de la región, una proporción inferior a su peso en la población vulnerable madrileña. En el Ingreso Mínimo Vital, en octubre de 2025, solo el 22% de las personas titulares en Madrid tenía nacionalidad extranjera, pese a que la población migrante sufre tasas de pobreza y precariedad mucho más altas que la población española.
Esta combinación de aportación alta y protección insuficiente se ve con crudeza en el empleo y en la pobreza. La población extranjera tiene tasas de paro más elevadas que la española, su salario medio es significativamente inferior y sufre con más frecuencia la parcialidad involuntaria y la sobre-cualificación y sobre-representación en ocupaciones elementales. A escala estatal, la tasa de riesgo de pobreza de las personas extranjeras casi triplica la de la población española, y en el caso de los hijos e hijas de progenitores extranjeros el riesgo de pobreza infantil supera la mitad de los menores.
En Madrid, esta vulnerabilidad tiene además rostro de mujer. Las mujeres migrantes concentran buena parte de los empleos más precarios, están sobrerrepresentadas en el trabajo de hogar y cuidados y afrontan una tasa de paro más alta que los hombres de su misma nacionalidad. En violencia de género, más de la mitad de las mujeres con orden de protección o medidas cautelares en la Comunidad son nacidas en el extranjero, lo que evidencia la necesidad de que la protección frente a la violencia llegue también a quienes se encuentran en situación administrativa más frágil.
La contradicción es evidente: la Comunidad de Madrid necesita a la población migrante para crecer, rejuvenecer su pirámide demográfica y sostener su economía, pero mantiene a una parte esencial de la clase trabajadora con menos derechos de los que le corresponden. Sin sus aportaciones, la región habría perdido población y no podría mantener los actuales niveles de empleo ni de consumo, pero esas mismas personas siguen encontrando más barreras para acceder a derechos laborales, protección social, vivienda y servicios públicos en igualdad de condiciones.
Por eso, en un día como hoy, hablar de migraciones en Madrid no puede reducirse a mensajes de agradecimiento vacíos, sino a compromisos concretos. Avanzar en procesos de Regularización ordenados de las personas migrantes que ya viven y trabajan en nuestra Comunidad, para que la falta de papeles no sea una excusa para rebajar derechos ni salarios, reforzar la Inspección de Trabajo en los sectores donde se concentran los abusos, equiparar derechos en el empleo de hogar y los cuidados, y blindar el acceso efectivo a la sanidad, a los servicios sociales y a la protección frente a la violencia de género, sin miedo ni trabas administrativas, son medidas imprescindibles para convertir los discursos en derechos reales. Defender los derechos de las personas migrantes en Madrid es, en el fondo, defender los derechos de toda la clase trabajadora.