La caída en desgracia de Íñigo Errejón, otrora referente intelectual de la izquierda española y cofundador de Podemos, ha trascendido el fenómeno de la opinión pública para consolidarse como un proceso judicial acumulativo de extrema gravedad. El registro de una nueva denuncia ante los juzgados de Madrid no solo añade un nombre más al expediente del exdirigente, sino que dibuja un patrón de conducta que cuestiona profundamente las estructuras de poder y la seguridad en los espacios de confianza. Esta nueva acusación, presentada ante la Sección de Violencia sobre la Mujer, sitúa los hechos en octubre de 2021, apenas ocho días después de la presunta agresión a la actriz Elisa Mouliaá, lo que sugiere una inquietante proximidad temporal en los relatos de las víctimas.
La denunciante, representada por el letrado Alfredo Arrién, describe una secuencia que comenzó de forma digital para terminar en un escenario de intimidación y control. Tras un contacto inicial por redes sociales y Telegram, la relación derivó en encuentros personales donde, según el escrito, Errejón manifestó comportamientos posesivos y celosos. El episodio crítico presuntamente habría tenido lugar tras una fiesta en Móstoles, donde tras el consumo de alcohol y sustancias, la mujer afirma haber sido trasladada al domicilio del político. El relato de la denuncia es descarnado al detallar una presunta violación sorpresiva y violenta en la que el denunciado habría utilizado la fuerza física y amenazas explícitas, advirtiendo que cualquier resistencia o grito empeoraría la situación.
Este nuevo testimonio pone el foco en las graves secuelas psicológicas derivadas del trauma, mencionando ataques de ansiedad y la necesidad de tratamiento profesional prolongado. Además, el caso introduce una dimensión procesal relevante sobre la seguridad de las víctimas de violencia machista: la denunciante ha solicitado la condición de testigo protegido por miedo al alcance mediático y la influencia del denunciado. De hecho, la denuncia se interpuso directamente ante el tribunal para evitar el sistema Viogén y así preservar el anonimato de la mujer, una estrategia que subraya la vulnerabilidad percibida por quienes deciden señalar a figuras de alta relevancia pública.
Mientras la Audiencia Provincial dirime los recursos sobre el procesamiento previo de Errejón, esta nueva causa fractura definitivamente cualquier intento de defensa basado en el incidente aislado. El debate jurídico se centra ahora en el consentimiento y la coacción, ejes fundamentales de la legislación vigente, mientras la sociedad asiste al desmoronamiento de una figura que aspiró a la ejemplaridad política. La justicia española enfrenta el reto de desgranar una narrativa de abuso de poder que, según las denunciantes, operó bajo el radar institucional durante años, dejando tras de sí un rastro de violencia que ahora busca su resolución en los tribunales de instrucción de Madrid.