El proceso judicial en torno al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha experimentado un giro determinante que pone de relieve la complejidad emocional y administrativa que rodea a las causas de presunta agresión sexual. La decisión de la segunda denunciante de no ratificar su testimonio ante el juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid supone, en la práctica, un freno seco a la instrucción. Este paso atrás, motivado por un cuadro de ataque de pánico y el temor a las repercusiones personales del proceso, aboca a la magistrada a un archivo inminente de esta pieza separada, evidenciando cómo el trauma y la presión mediática pueden condicionar el avance de la justicia en casos de alta exposición política.
La ratificación judicial no es un mero trámite burocrático, sino el pilar sobre el cual se construye la validez de una denuncia en el sistema garantista español. Sin este acto presencial, la denuncia por agresión sexual carece del soporte necesario para que la maquinaria del Estado continúe investigando los hechos. El letrado de la afectada, Alfredo Arrién, ha sido el encargado de poner voz a una realidad que sufren muchas víctimas: el colapso psicológico ante la perspectiva de enfrentarse a un proceso de largo recorrido y consecuencias inciertas. Este fenómeno de revictimización o miedo a la exposición pública actúa a menudo como un muro invisible que impide que los testimonios se transformen en sentencias.
Mientras esta segunda vía judicial parece desvanecerse, el foco se mantiene sobre la querella inicial interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá, cuyos hechos denunciados se remontan a octubre de 2021. Aquel procedimiento, que se dirime en un juzgado distinto, sigue su curso de forma independiente, pero el reciente desistimiento de la segunda mujer arroja una sombra de incertidumbre sobre el escenario político y judicial que rodea al exparlamentario. La diferencia entre denunciar en el ámbito de la opinión pública o las redes sociales y sostener dicha acusación bajo la lupa del Derecho Penal marca la distancia entre el reproche social y la responsabilidad criminal.
El caso de Íñigo Errejón se ha convertido así en un ensayo sobre los límites de la resiliencia de las víctimas y la capacidad del sistema para ofrecer entornos de seguridad. La investigación judicial en Madrid refleja una desconexión entre la voluntad inicial de denunciar y la capacidad emocional de mantener el pulso en un entorno de hostilidad mediática. Para el ordenamiento jurídico, el silencio sobrevenido de una denunciante cierra puertas legales, pero abre un profundo debate sobre si los protocolos actuales son suficientes para proteger a quienes deciden dar un paso al frente contra figuras de poder político.
A medida que el juzgado número 12 se encamina al sobreseimiento de esta segunda causa, la opinión pública asiste a una lección sobre la importancia de la prueba testifical y la vulnerabilidad de quien acusa. El archivo de una denuncia por falta de ratificación no implica necesariamente la inexistencia del hecho, pero sí la imposibilidad técnica de castigarlo, dejando el caso en un limbo donde la presunción de inocencia y el trauma personal colisionan sin una resolución clara. El futuro de la imagen pública de Errejón dependerá ahora exclusivamente de la resolución de la querella de Mouliaá, la única que, por el momento, sobrevive al rigor del calendario judicial.