El proceso judicial que ha quedado visto para sentencia abre de nuevo una cuestión que RTVE nunca ha logrado cerrar: si las reglas del acceso al empleo público se cumplen o se moldean según conveniencias internas. Lo que los sindicatos describen como un atajo injustificado no es un episodio aislado, sino la expresión acumulada de un modelo de contratación que ha encadenado polémicas durante años. La vista en la Audiencia Nacional ha puesto negro sobre blanco lo que muchos sospechaban: el sistema ha funcionado con una elasticidad difícil de justificar en una institución que aspira a ser referente democrático.
Un síntoma más de un problema que no se quiso ver
La discusión sobre los 254 contratos temporales otorgados a aspirantes que no superaron el primer examen de la oposición no se agota en el plano jurídico. Es el enésimo capítulo de una gestión de recursos humanos que lleva demasiado tiempo sorteando sus propias normas. La defensa de RTVE se ha aferrado a la interpretación del convenio para sostener que el “proceso completo” —y no solo la prueba eliminatoria— determina quién puede considerarse apto para integrar la bolsa de empleo.
El argumento tiene la consistencia justa para sobrevivir a un trámite procesal, pero no para despejar dudas en una corporación pública que ha visto caer bases de oposiciones, baremos y procedimientos internos en apenas dos años. La sensación de excepcionalidad permanente ha acabado por construir un relato difícil de desmontar: en RTVE, las normas siempre parecen estar sometidas a alguna peculiaridad que las modula.
Los sindicatos recuerdan que el examen teórico es eliminatorio, que así estaba estipulado y que así lo ratificó una sentencia anterior de la misma sala que ahora debe deliberar. No se trata solo de una cuestión técnica: lo que está en juego es el principio más básico del empleo público. Igualdad, mérito y capacidad no son una consigna moral; son una garantía democrática para evitar lo que tantos candidatos empiezan a dar por descontado: que la puerta de entrada a la radiotelevisión pública a veces depende más del historial interno que del resultado en una oposición.
La sombra alargada de los viejos vicios
El hecho de que muchos de los contratados temporales procedieran de prácticas previas dentro de RTVE no despeja la sospecha. La propia directora de Recursos Humanos, en su declaración, terminó admitiendo que no podía precisar si quienes habían aprobado el examen —aunque aún no hubiesen completado todo el proceso— ya estaban disponibles en la bolsa. Un detalle que no es menor: si lo estaban, y si hubo contrataciones después de que las plazas definitivas se asignaran, la justificación de la prioridad interna pierde solidez.
Este episodio conecta con otros que la corporación preferiría olvidar. La filtración del examen de 2024, que obligó a repetir parte de la prueba. La anulación parcial del proceso de 2023 por el peso desmedido de la experiencia interna. Las quejas sobre baremos que minimizaban —cuando no anulaban— la trayectoria en la empresa privada. Y más recientemente, la condena del Supremo por no cumplir las cuotas de empleo para personas con discapacidad.
Es difícil para RTVE sostener que estas polémicas son hechos aislados cuando todas apuntan a una misma dirección: la tendencia a construir mecanismos que refuerzan a quienes ya están dentro, incluso a costa de quienes aprueban las pruebas con arreglo a lo que se establece formalmente.
Un nuevo convenio que llega con polémica anticipada
En el trasfondo del juicio se percibe otra tensión: el inminente cambio del convenio colectivo. RTVE sostiene que el recurso sindical busca impedir la aplicación del nuevo texto, que reforzará aún más la experiencia interna como criterio preferente. Los sindicatos no disimulan su preocupación: consideran que ese giro puede consolidar un sistema que penaliza a quienes no han tenido contacto previo con la corporación.
No es una discusión técnica ni corporativa. En un ente público financiado por la ciudadanía, la transparencia en los procesos de selección es la frontera mínima de credibilidad institucional. Cuando se difuminan los criterios y se privilegia lo interno por encima del mérito demostrado, se erosiona la confianza no solo de los candidatos, sino del propio servicio público.
En este punto la dirección de RTVE exhibe un discurso defensivo, apelando a la necesidad histórica de suplir la falta de renovación de plantilla desde 2007. Pero ese argumento se vuelve contra la propia corporación: si durante años no se convocaron procesos transparentes, el problema no se resuelve perpetuando excepciones, sino abriendo definitivamente un acceso claro, competitivo y verificable.
Un juicio con implicaciones que van más allá del fallo
Lo que ocurra con esta sentencia no cerrará el conflicto. Es evidente que el modelo de contratación en RTVE necesita una revisión profunda, no solo para evitar litigios, sino para restituir un principio básico: un candidato que aprueba debe estar siempre en una posición más sólida que quien suspende. Parece obvio, pero el procedimiento discutido ante la Audiencia Nacional demuestra hasta qué punto los criterios se han ido desdibujando.
La radiotelevisión pública se enfrenta aquí a un examen más determinante que cualquier prueba técnica. Su legitimidad como institución informativa pasa por garantizar que su propia casa actúa conforme a los estándares que exige a otras administraciones. La consistencia democrática no es un atributo retórico: se acredita en cada proceso, en cada contratación, en cada garantía que se respeta sin atajos.
RTVE necesita más que una defensa jurídica ajustada. Necesita un compromiso visible, inequívoco, con reglas que no cambian sobre la marcha. Lo que se decide ahora es si la corporación quiere convivir con la desconfianza o si prefiere romper con inercias que la han acompañado demasiado tiempo.