La libertad de prensa atraviesa su peor momento en un cuarto de siglo. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras no deja margen para lecturas complacientes: por primera vez desde que existe este ranking, más de la mitad de los países analizados se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave” para el ejercicio del periodismo. La puntuación media global nunca había sido tan baja. El derecho a informar y a recibir información veraz no solo retrocede en dictaduras o países en guerra; también se erosiona dentro de democracias que durante décadas se presentaron como garantes de las libertades públicas.
El deterioro no responde a una única causa. RSF señala una combinación cada vez más peligrosa: leyes restrictivas, criminalización del periodismo, demandas judiciales abusivas, precariedad económica, concentración mediática, violencia física, acoso digital y discursos políticos que convierten a los periodistas en enemigos públicos. La consecuencia es clara: informar se ha vuelto más difícil, más caro y más arriesgado.
La ley como mordaza
El dato más preocupante de la clasificación de 2026 es el hundimiento del indicador legal. En 110 de los 180 países analizados, el marco jurídico que debería proteger el periodismo ha empeorado. Las leyes de seguridad nacional, los delitos de terrorismo, las normas contra la “desinformación” o las acusaciones de “insulto” a las instituciones se utilizan cada vez más para perseguir investigaciones incómodas, silenciar medios críticos o forzar la autocensura.
La tendencia no se limita a regímenes autoritarios. Rusia, China, Bielorrusia, Egipto, Nicaragua o Irán figuran entre los ejemplos más extremos, pero RSF advierte de que el uso abusivo del derecho contra la prensa también avanza en países democráticos. El llamado “lawfare” contra periodistas se ha convertido en una herramienta de intimidación global: pleitos costosos, amenazas judiciales, procesos interminables y normas ambiguas que disuaden de investigar al poder político, económico o judicial.
La pregunta de fondo es inquietante: si informar sobre asuntos de interés público puede acabar en un juzgado, en una celda o en el exilio, ¿qué queda de la libertad de prensa?
Guerras, asesinatos e impunidad
La clasificación vuelve a confirmar que los conflictos armados son una de las grandes amenazas para el periodismo. Gaza representa uno de los escenarios más dramáticos. Según RSF, desde octubre de 2023 más de 220 periodistas han sido asesinados allí por el Ejército israelí, al menos 70 de ellos en el ejercicio de su trabajo. La organización denuncia una impunidad que golpea directamente al derecho internacional y al derecho de la ciudadanía a conocer lo que ocurre en una guerra.
También Sudán, Yemen, Irak, Ucrania, Líbano o Palestina reflejan cómo la guerra destruye medios, expulsa reporteros, impide verificar información y convierte la cobertura periodística en una actividad de alto riesgo. En algunos países, el periodismo independiente prácticamente ha desaparecido. En otros, sobrevive entre amenazas, censura y desplazamientos forzosos.
El retroceso americano y el efecto Trump
Uno de los movimientos más significativos se produce en el continente americano. Estados Unidos cae siete puestos, hasta el 64, en un contexto marcado por los ataques sistemáticos de Donald Trump contra la prensa, los recortes a medios públicos y la presión institucional sobre periodistas y medios no afines. El deterioro estadounidense tiene además un efecto político internacional: su discurso contra la prensa es replicado por líderes como Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador.
Argentina cae 11 puestos y El Salvador continúa su descenso, en ambos casos por el aumento de la hostilidad institucional hacia los medios y la criminalización de voces críticas. Ecuador y Perú también se desploman por la violencia contra periodistas, asesinatos y falta de protección efectiva. En México, Venezuela, Cuba y Nicaragua, la libertad de prensa sigue condicionada por el crimen organizado, la represión estatal o la censura estructural.
España también retrocede
España baja seis puestos y queda en el número 29, con 75,42 puntos. No es un derrumbe, pero sí una señal de alarma. RSF atribuye el retroceso a un deterioro generalizado de las condiciones para ejercer el periodismo: precariedad laboral, fragilidad económica del sector, politización de los medios, acoso judicial, falta de reformas legales pendientes y aumento de la violencia contra periodistas, especialmente contra mujeres.
El indicador económico es uno de los grandes lastres. La profesión arrastra salarios bajos, inestabilidad, dependencia de la publicidad institucional, concentración empresarial y modelos de negocio golpeados por las plataformas digitales. Una prensa económicamente débil es también una prensa más vulnerable a presiones externas.
En el plano político, RSF denuncia la creciente politización del ecosistema mediático, incluidos los medios públicos nacionales y autonómicos. La frontera entre información, opinión y espectáculo se difumina, debilitando la confianza ciudadana y alimentando una espiral en la que los medios se acusan entre sí mientras el periodismo pierde credibilidad social.
Acoso, extrema derecha y violencia digital
El informe alerta también del aumento de la hostilidad contra profesionales de la información. En España, RSF pone el foco en agitadores y activistas de extrema derecha que se presentan como periodistas, incluso en espacios institucionales, para interferir en coberturas, acosar a reporteros y trasladar esa presión a su vida privada.
La violencia digital es uno de los fenómenos más graves. Las mujeres periodistas sufren ataques más intensos, personalizados y sistemáticos. El insulto, la amenaza, la campaña coordinada y la exposición de datos personales ya forman parte del paisaje cotidiano para muchas profesionales. Y lo más grave es que ese acoso virtual puede saltar al mundo físico.
Defender la prensa es defender la democracia
La Clasificación Mundial de RSF no es solo una fotografía del periodismo: es un termómetro democrático. Cuando se persigue a periodistas, se oculta información. Cuando se precariza la profesión, se debilita la investigación. Cuando se criminaliza informar, se protege al poder. Y cuando la ciudadanía deja de confiar en la prensa, el terreno queda abonado para la propaganda, la mentira y el autoritarismo.
La advertencia es clara: la libertad de prensa no desaparece de golpe. Se deteriora paso a paso, ley a ley, demanda a demanda, insulto a insulto, despido a despido. Por eso el informe de RSF no debería leerse como una estadística más, sino como una llamada urgente. Sin periodistas libres, protegidos y con condiciones dignas, no hay derecho real a la información. Y sin información libre, la democracia se convierte en una palabra vacía.