El debate sobre la subida del salario mínimo interprofesional vuelve a poner de relieve una anomalía estructural del modelo laboral español. El Gobierno propone ahora incentivos fiscales a las empresas supuestamente afectadas por el incremento del SMI para facilitar un acuerdo con la patronal. La medida se presenta como pragmatismo social. En realidad plantea un escenario incómodo. Desde cuándo cumplir la ley exige compensación económica.
La propuesta del Ministerio de Trabajo contempla una deducción en el Impuesto de Sociedades condicionada al mantenimiento del empleo. El objetivo inmediato es desbloquear la negociación con la CEOE y asegurar una subida del 3,1 por ciento del SMI hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2026. El objetivo implícito es más profundo. Convertir el respeto a los derechos laborales básicos en una transacción fiscal.
El salario mínimo no es una concesión ideológica ni una herramienta coyuntural de política económica. Es una obligación legal diseñada para garantizar un umbral mínimo de dignidad salarial. Vincular su cumplimiento a incentivos tributarios introduce una lógica perversa. El Estado no refuerza la ley. La subvenciona.
El mensaje que reciben las empresas es inequívoco. Cumplir con el salario mínimo no es un deber inherente al contrato social. Es un coste susceptible de ser compensado si se protesta lo suficiente. En este marco el diálogo social deja de ser un espacio de equilibrio y se transforma en un mercado de prebendas donde el cumplimiento normativo se premia como si fuera una virtud excepcional.
Asimetría fiscal
Mientras el Gobierno ofrece deducciones fiscales para facilitar la subida del SMI, millones de trabajadores siguen asumiendo el impacto de la inflación sin mecanismos automáticos de compensación. No hay deducciones para quien acepta salarios bajos. No hay incentivos para quien pierde poder adquisitivo. El esfuerzo fiscal se dirige hacia quien ya controla el capital.
Esta asimetría no es accidental. Forma parte de una arquitectura política que busca estabilidad a corto plazo incluso a costa de erosionar principios básicos del Estado de derecho laboral. Cuando el cumplimiento de la ley se incentiva fiscalmente se normaliza la idea de que la norma es negociable y de que el incumplimiento previo era comprensible.
Comprar consenso y silencio
El Gobierno defiende la medida como una herramienta para preservar el empleo. Sin embargo la condición de mantenimiento de puestos de trabajo no es una concesión. Es una obligación preexistente. Pagar por no despedir es tan problemático como pagar por pagar salarios legales.
El riesgo político es evidente. Se establece un precedente en el que cada avance social deberá venir acompañado de compensaciones económicas a quienes se oponen. El consenso deja de basarse en la legitimidad democrática y pasa a construirse mediante incentivos fiscales selectivos. No se persuade. Se compra.
Diálogo social, la coartada
El recurso al diálogo social cumple aquí una función legitimadora. La negociación con sindicatos y patronal presenta la medida como fruto del equilibrio. Pero el contenido revela otra cosa. El Estado actúa como intermediario financiero entre derechos laborales y rentabilidad empresarial.
Incluso los sindicatos que participan en la negociación reconocen que faltan detalles clave. El diseño de la deducción fiscal. Su impacto real. Su duración. Su coste presupuestario. Mientras tanto el marco conceptual ya está fijado. El salario mínimo se convierte en una variable de ajuste político.
Precedente peligroso
Si el Gobierno paga a las empresas para cumplir el SMI hoy, mañana podrá hacerlo para respetar la jornada laboral, la prevención de riesgos o la igualdad salarial. El argumento será siempre el mismo. El impacto económico. La competitividad. El empleo. La ley deja de ser un suelo y se convierte en una negociación permanente.
Este enfoque no refuerza la cohesión social. La debilita. Traslada a la ciudadanía la sensación de que los derechos solo avanzan cuando el Estado compensa a quienes deberían garantizarlos por defecto. No es un pacto social. Es una renuncia política.
La subida del salario mínimo es necesaria y legítima. Pero subvencionar su cumplimiento plantea un dilema de fondo. Un Estado que paga para que se respete la ley está admitiendo implícitamente que no puede o no quiere hacerla cumplir por sí mismo.
En lugar de reforzar la inspección laboral y la capacidad sancionadora, el Gobierno opta por el atajo fiscal. Más rápido. Más silencioso. Menos conflictivo. Pero también más corrosivo.