España tiene una habilidad administrativa muy depurada: detectar un problema, describirlo con solemnidad, hacer una ley, crear una oficina nueva, añadir una plataforma digital y confiar en que el atasco, con suficiente literatura normativa, se avergüence y desaparezca.
Y no hay nada más español que empezar por el principio... “administrativo”. El nuevo Proyecto de Real Decreto sobre reconocimiento y verificación de titulaciones universitarias extranjeras nace con una intención razonable. El propio Ministerio admite que hay demasiadas solicitudes pendientes, que el sistema no ha sabido resolverlas en tiempo y forma y que esa demora causa incertidumbre, frustración y daños laborales a quienes esperan poder ejercer en España. No lo dice una asociación de afectados ni un sindicato impaciente. Lo dice la propia Administración que ha fabricado el atasco. Pequeño detalle.
El decreto quiere asegurar rigor académico, transparencia, trazabilidad, agilidad, tramitación electrónica y seguridad jurídica. Todo muy sensato. Tan sensato que sorprende que haya que proclamarlo en 2026 como si fuera una innovación disruptiva. La cuestión no es si hace falta ordenar el sistema. Hace falta. La cuestión es si este texto lo ordena de verdad o simplemente pone una alfombra digital sobre el mismo laberinto, y que así parezca todo ordenado.
El primer error es conceptual. El reconocimiento de títulos no es un expediente administrativo más. Decide si una persona puede trabajar, si un hospital puede contratar, si un centro educativo puede cubrir una plaza, si una familia migrante puede estabilizarse o si un profesional formado queda condenado a sobrevivir por debajo de su cualificación. No hablamos de papeles: hablamos de movilidad laboral, integración, productividad y servicios públicos.
Aquí aparece la primera contradicción europea. El proyecto invoca Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, la libre circulación, el reconocimiento de cualificaciones y la atracción de talento. El envoltorio es impecablemente europeo. Pero la mecánica sigue siendo muy española: sospecha, demora, silencio negativo y una confianza casi mística en que la Administración sabe más cuando tarda más.
La Directiva 2005/36/CE, en su ámbito, responde a otra lógica: decisión motivada, plazos razonables, control efectivo y posibilidad real de recurso. Así, la Unión Europea no diseñó el reconocimiento de cualificaciones como una ceremonia de penitencia burocrática. España, en cambio, mantiene un plazo máximo de seis meses y, si la Administración no resuelve, permite entender desestimada la solicitud. Traducido: si el sistema falla, pierde el ciudadano. Magnífico reparto de responsabilidades.
El silencio administrativo negativo, que es una excepción española en toda la Unión Europea, es el corazón del problema. Un Estado que reconoce su incapacidad para resolver no debería convertir esa incapacidad en una denegación presunta. Si faltan medios, se dotan. Si faltan criterios, se publican. Si faltan verificaciones, se automatizan con garantías. Lo que no resulta aceptable es que el administrado pague la factura de una oficina que no llega. El atasco lo crea el sistema, pero la consecuencia práctica se le endosa al solicitante. La vieja eficiencia administrativa: perder tú para que cuadre mi expediente.
La segunda contradicción está en el enfoque. Europa empuja hacia un modelo centrado en competencias: aprovechar capacidades reales, valorar trayectorias, reducir barreras innecesarias y evitar que el formalismo académico expulse talento útil. El decreto admite cierta valoración de experiencia profesional y formación complementaria, pero lo hace con cautelas, límites y porcentajes que parecen diseñados por alguien que confunde prudencia con desconfianza estructural. El mensaje político dice “skills first”. El procedimiento responde: “adjunte certificado, traducción, apostilla y espere sentado”. Es decir, no nos libramos de la “titulitis”.
La tercera contradicción afecta a la proporcionalidad. La Directiva (UE) 2018/958 obliga a justificar de forma objetiva, detallada y proporcionada las restricciones al acceso o ejercicio de profesiones reguladas. No al revés. No basta con escribir “proporcionalidad” en la exposición de motivos, como quien espolvorea perejil sobre un plato recalentado. Hay que demostrarla. Si se imponen complementos formativos, si se limita la valoración de experiencia, si se incorporan informes corporativos y si se mantiene el silencio negativo, debe explicarse por qué esas medidas son necesarias, adecuadas y menos restrictivas que sus alternativas. Afirmarlo no es motivarlo. Y motivarlo no es decorar.
El cuarto error es abrir demasiado la puerta a los intereses corporativos. El proyecto prevé informes de Consejos Generales o Colegios Profesionales en determinados expedientes de homologación para profesiones reguladas. Serán no vinculantes, sí. Pero entrarán en el expediente. Y eso importa. Pedir opinión técnica a quienes ya están dentro del mercado puede ser útil. También puede convertir el reconocimiento en una aduana profesional. Europa no prohíbe escuchar a los sectores afectados. Lo que no tolera bien es que las barreras de acceso se justifiquen mediante criterios opacos, defensivos o capturados por quienes compiten con el solicitante. Y si hay que oír, que se oiga también a las patronales y sindicatos que saben como está el mercado laboral. Y principalmente a los de autónomos y pymes, que son los más afectados.
El quinto error es la fe en la automatización. El decreto presume de robotización, digitalización y trazabilidad. Bien. Nadie sensato añora los expedientes durmiendo bajo una grapadora. Pero digitalizar un laberinto no lo convierte en una autopista. Solo permite perderse con contraseña. Si se usan sistemas automatizados para valorar títulos, equivalencias o acceso a profesiones reguladas, harán falta criterios públicos, supervisión humana real, explicación comprensible, control de sesgos, registro de decisiones y posibilidad efectiva de impugnación. No basta con que la máquina sea rápida. También debe ser controlable.
El sexto problema son los complementos formativos. Sobre el papel, tienen sentido: cuando hay carencias sustanciales, puede exigirse una prueba, una práctica, un curso o una formación adicional. Nadie serio defiende homologaciones automáticas sin control. Pero si esos complementos no tienen plazas, calendarios, precios razonables, criterios homogéneos y acceso suficiente, se convierten en una tasa privada añadida. El decreto habla de viabilidad y ponderación. La experiencia aconseja no fiarlo todo a los adjetivos.
La disposición adicional sexta merece mención aparte. El proyecto establece que un título universitario extranjero no podrá servir para homologación o equivalencia si incorpora más de un 15% de reconocimiento de estudios no universitarios o previos. Dicho de otro modo: España quiere atraer talento internacional, pero solo si ese talento se ha formado siguiendo una biografía académica suficientemente parecida a la que entiende nuestra burocracia. La Unión habla de aprendizaje permanente, pasarelas, competencias y movilidad. El decreto responde con un porcentaje. Europa propone itinerarios. España saca la calculadora y pregunta cuánto de tu vida formativa cabe en el molde.
El daño será concreto. Profesionales atrapados en empleos inferiores a su cualificación. Servicios públicos buscando personal mientras expedientes útiles duermen en una sede electrónica. Empresas que no contratarán por incertidumbre. Universidades sobrecargadas. Familias que retrasarán decisiones vitales porque un trámite administrativo no distingue entre tiempo burocrático y tiempo biográfico.
Dicho de otra manera, a la mayoría de los propietarios y emprendedores de las star-ups que lo están petando en el mundo, no se les reconocería aquí ni el bachillerato. Eso sí, los burócratas estarán tranquilos, porque han hecho su trabajo.
España no está obligada a homologar cualquier cosa. El Derecho de la Unión tampoco es una barra libre para títulos dudosos. Exige verificar, comparar, motivar y proteger el interés general. Pero exige hacerlo sin convertir el procedimiento en una barrera encubierta.
El decreto quiere parecer europeo porque habla de movilidad, talento, Bolonia, NARIC, automatización y reconocimiento. Pero conserva todos los hábitos nacionales: silencio negativo, plazos largos, formalismo, intervención corporativa y confianza excesiva en que la tecnología resolverá problemas que no son tecnológicos, sino jurídicos y culturales.
Reconocer títulos extranjeros no es hacer un favor. Es cumplir una función pública en una economía que necesita profesionales. Cuando el Estado convierte la libre circulación de profesionales en una carrera de obstáculos, no protege el rigor académico. Protege el atasco.