a operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela a comienzos de enero y que concluyó con la captura y traslado de Nicolás Maduro fuera del país ha provocado una reacción poco habitual en el ámbito jurídico español e internacional. Más de un centenar de juristas, magistrados y académicos han suscrito un manifiesto que no discute el perfil político del dirigente venezolano, sino algo más estructural: la quiebra de los principios que sostienen el derecho internacional contemporáneo cuando el uso de la fuerza sustituye a los mecanismos multilaterales.
La norma que no admite excepciones políticas
El texto, encabezado por nombres como Baltasar Garzón, Victoria Rosell o Javier Pérez Royo, se articula sobre un punto central: la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado, recogida en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. No se trata de una cláusula interpretativa ni de una recomendación política, sino de una norma imperativa del derecho internacional, de esas que no admiten modulaciones coyunturales ni atajos retóricos.
El manifiesto recuerda que esta prohibición solo contempla dos excepciones estrictamente delimitadas: la legítima defensa frente a un ataque armado previo o inminente, y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de las dos circunstancias concurrió antes de la incursión militar en Caracas. No se ha acreditado públicamente la existencia de un ataque que habilitara la legítima defensa ni hubo mandato alguno del órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales.
Lo relevante del documento no es solo su conclusión, sino el terreno en el que sitúa el debate. No entra en valoraciones ideológicas ni en juicios de oportunidad política. Se limita a señalar que el derecho internacional deja de ser operativo cuando se convierte en una herramienta selectiva, aplicada con rigor a unos Estados y reinterpretada sin pudor frente a otros.
La captura como problema jurídico, no como gesto político
Uno de los aspectos más delicados que subraya el manifiesto es la detención del jefe del Estado venezolano por fuerzas militares extranjeras. Desde el punto de vista del derecho internacional consuetudinario, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal frente a la jurisdicción penal de otros Estados. Esa inmunidad no es un privilegio individual, sino una garantía funcional ligada a la soberanía estatal.
El traslado forzoso de Maduro fuera del territorio venezolano rompe ese principio y plantea un conflicto jurídico que va más allá del caso concreto. La idea de que un Estado pueda ejecutar una orden de detención penal mediante una operación militar en otro país sin consentimiento ni cobertura multilateral introduce una lógica de excepcionalidad permanente, difícilmente compatible con el orden jurídico vigente desde la posguerra.
Los firmantes advierten, además, de que este uso de la fuerza podría encajar en la categoría de crimen de agresión, tal como lo define el derecho penal internacional. No es una calificación retórica. Los actos de agresión figuran entre las violaciones más graves del orden internacional precisamente por su impacto sistémico: erosionan la paz, debilitan los mecanismos de resolución colectiva de conflictos y generan precedentes difíciles de contener.
Un precedente que no se agota en Venezuela
El manifiesto no se limita a una condena puntual. Apunta a un problema estructural que afecta al conjunto de la comunidad internacional. Cuando una potencia militar decide actuar al margen de los cauces establecidos, el mensaje implícito es que el cumplimiento del derecho internacional depende de la correlación de fuerzas, no de normas compartidas.
Esa lógica tiene efectos acumulativos. Normaliza la idea de que la soberanía es un concepto negociable para los Estados con menor capacidad de disuasión y vacía de contenido el papel de las Naciones Unidas como espacio de decisión colectiva. No es casual que los juristas insten a los órganos competentes de la ONU a esclarecer los hechos y evaluar sus consecuencias jurídicas. Lo que está en juego no es solo la legalidad de una operación concreta, sino la vigencia misma de un sistema de reglas que, con todas sus limitaciones, ha contenido durante décadas el recurso unilateral a la fuerza.
El texto concluye con una advertencia implícita: permitir que este tipo de intervenciones se consoliden sin respuesta institucional supone aceptar una degradación progresiva del orden jurídico internacional. No se trata de defender gobiernos ni liderazgos, sino de preservar los límites que separan el derecho de la imposición.