Un problema social muy invisible es la orfandad de muchas mujeres tras romperse la pareja. Ellas y sus hijos malviven por la precariedad y maltrato económico que reciben. En 2006, la ONU publicó un estudio sobre distintas formas de violencia contra las mujeres (Resolución A/RES/61/143). Ahí pide a los países miembros que luchen para eliminar esta flagrante amenaza contra el derecho internacional humanitario de la mitad de la población mundial. Las mujeres, en efecto, sufren variados tipos de violencias. La económica entraña cualquier acción u omisión que abusa de las finanzas, le castiga dinerariamente por su sexo.
En España, el concepto popular ‘violencia de género’ no va más allá de la física y psíquica. La Ley 1/2004 sólo contempla la violencia que ejerce el hombre a la mujer en contexto de pareja actual o pretérita. No contempla la de la mujer al hombre, ni la que hay en el triángulo abuelos-padres-hijos. O la violencia existente entre parejas del mismo sexo.
El artículo 1 de dicha Ley define violencia de género como: “Todo acto de violencia (…) que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Nada hay de perfil económico
Sin embargo, la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra violencia de género en su artículo 3 lo contempla sutilmente. “La violencia a que se refiere la presente ley comprende cualquier acto de violencia basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica”.
Los conceptos machismo o patriarcado se añadieron al espíritu del legislador para suscribir un indiscutible avance social. Se creó una jurisdicción [violencia de género] que resucita regulaciones que datan de la Segunda República contra vagos y maleantes (1933) o franquistas contra sindicalistas, antiespañoles, opositores o subversivos (1939), masones (1940), terroristas (1947) u homosexuales (1954).
El peor maltrato
Las conductas que implican control financiero de la víctima, desde prohibir o impedir que la mujer consiga una fuente de recursos propia hasta no proveer de recursos económicos para los gastos básicos del hogar, hijos, deudas, etc, son las que redondean con el impago de pensiones judiciales por menores.
Por regla general muchas mujeres dejan o limitan empleos y pasan a depender económicamente de sus parejas. Al romperse la misma amenaza el quedarse sin hogar, carecer de ingresos propios, sufrir estigmas y acercarse a la vulnerabilidad, más graves cuando hay hijos menores cuya orfandad de ingresos agrava la situación.
La progresiva devaluación de la clase media avanza con la desigualdad que trajo la crisis desde finales de la pasada década y se multiplicó con la pandemia, desde 2020. Estas claves hicieron que el maltrato económico se asentara en una sociedad ya lastrada por heridas de la guerra fratricida, corrupción, codicia empresarial, especulación inmobiliaria y sufrimiento de los menos favorecidos, los que sobreviven. Tal escenario fabricó más ricos e hizo millonarios, sólo de número, a los pobres del siglo XXI.
Los maltratos económicos
Se pueden distinguir en el maltrato económico tres variables relevantes: el laboral, el derivado de conflictos familiares y el que ejerce el gobierno en nombre del ‘bien común’. El primero de los maltratos es harto visible. Desde la pandemia de 2020 se precarizó más, hasta el despido estando de baja. Aunque el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) subió, se rebajaron sueldos de técnicos y se redujeron a medias jornadas en contrato las que son completas.
Se ampliaron, también, jornadas laborales con el teletrabajo. Se despidió, de igual modo y masivamente, o bien se cerraron empresas. Nada de eso consta en los contratos laborales que se firman al empezar a trabajar. El empleo sufre vaivenes y oficialmente sube, aunque va parejo a la temporalidad nata que explica un eufemismo: fijo discontinuo.
Paradójicamente, tras el Covid19, las empresas ganan más que antes de la crisis. El conjunto de corporaciones del IBEX35 supera records. En 2024 superó los 60.000 millones de euros de beneficios; en 2025 ya acumula 62.725 millones de euros de ganancias.
Se pueden distinguir en el maltrato económico tres variables relevantes: el laboral, el derivado de conflictos familiares y el que ejerce el gobierno en nombre del ‘bien común’
El estado, además, ingresa más con el IVA e IRPF más los impuestos de sociedades. Cuando suben los carburantes, luz y los alimentos se recaudan más tributos indirectos. Sin embargo, la temporalidad laboral se estancó en el 80% desde 2017, aunque subió el número de autónomos –especialmente en Andalucía- y contratos fijos de plantilla. El INE (Instituto Nacional de Estadística) segmenta entre los 25 y 35 años el paro femenino en el 22,28% sobre el 14,86% masculino durante el primer trimestre del 2022. El dato es más grave si consideramos que las mujeres que reclutan tales números tienen más títulos universitarios, hablan más idiomas y desarrollan más habilidades laborales que los hombres.
El estado, la autonomía o ‘quien corresponda’ algo deberían hacer para remediar este agravio que cala más entre mujeres que hombres. La palabrería sobre la empleabilidad de nuestros políticos y autoridades hace más aguas, nadie la cree.
Las víctimas más señaladas del maltrato laboral son jóvenes graduados que dominan idiomas y tienen grado/máster, desempleados con más de 45 años y las mujeres en general.
Los primeros cobran literalmente dos y tres veces menos que sus colegas europeos tras jornadas inacabables, prácticas infinitas o becas-limosna. Los desempleados, llamémosle ‘senior’, sufren la pauta de ‘esto es lo que hay’ para infra-vivir bajo oferta de contratos mileuristas al mes. Los que apenas dan para subsistir, que no es poco. Esa es la filosofía que adoptan: ‘mejor esto que nada’.
Con relación a las mujeres, para las más jóvenes y talentosas, hay reclutadores que rebajan sus pretensiones laborales en entrevistas pre-empleo. Ese desvarío silente las despide después, cuando se embarazan o reiteran bajas médicas. O les pagan menos que a sus compañeros. Tener ovarios en algunas empresas u organismos no añade valor. Ahorra costes.
Líos domésticos
Una segunda causa del maltrato económico son los conflictos familiares. Entrañan un pozo sin fondo. Las pymes familiares y autónomos, quienes sustentan casi el 92% de nuestra economía, el PIB y el consumo patrio albergan agravios que se conjugan más en femenino que en masculino.
Las mujeres suelen estar relegadas a funciones asistenciales o administrativas. El mayorazgo empresarial parece heredado del medievo. Ser madre, criar y educar hijos o conflictos de pareja relegan a la mujer en contextos de empresa familiar más aún en el escalafón laboral y consecuentemente gana menos. Demasiadas veces, estos agravios son inéditos para evitar escándalos intrafamiliares. Cuando estallan, ya se imaginan quiénes pierden: las mismas de siempre.
Qué decir cuando, en procesos de herencias, se fragmenta la empresa entre quienes trabajan y los que no en la misma. Las peleas se saldan, casi siempre, a favor de quienes cobran más gracias a opacidades, engaños e ‘ingenierías financieras’ con ruinas ficticias, créditos y deudas ‘virtuales’.
En esas luchas siempre hay más mujeres que acaban ‘firmando la paz’, pierden derechos o acciones. Los testamentos continúan el maltrato por los nuevos modelos de familia que trajo el siglo XXI. Quienes fallecen y tienen hijos de distintas parejas difícilmente equilibran la ‘masa patrimonial’ en la testamentaría, o bien donan premortem a sus elegidos en detrimento de otros familiares, digamos “más alejados”.
Las mujeres como víctimas de conflictos en empresas familiares sufren más que sus congéneres. Más veces que menos están cerca de los padres, sus enfermedades sin dejar de atender a sus hijos. Sobre ellas recaen más depresiones y ansiedades. La decepción, en otros casos, por la ruptura de la pareja y la carga familiar agrava el problema. Por tanto, son más vulnerables las mujeres en tan dolorosos procesos.
Los juzgados raramente abordan o virtúan el maltrato económico. En pleitos por custodias, régimen de visitas, etc… de menores condenan al progenitor a pagar entre 120 y 300 euros al mes casi por norma. Es imaginable que con esas sumas es inviable sobrevivir un menor por una ‘pensión alimenticia’ que aproxima al hambre.
Muchos juzgados de familia o mixtos españoles deberían ajustar las condenas dinerarias a la capacidad económica del padre, no a los protocolos y pautas que deben obedecer los juzgadores desde la Fiscalía el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Las afectadas a priori carecen, por lo general, de medios para sufragar psicólogos, peritos, detectives, abogados, etc... que mejoren las pensiones ‘alimenticias’ por otorgarse. Además, el proceso de ruptura para las mujeres entraña un ‘bajón vital’. Las víctimas inocentes, es decir sus hijos, no pueden ni replicar un abuso que hereda lo peor del hombre a veces avalado por la Justicia.
¿Sexo débil?
El tercer y último maltrato económico que comentamos es el que ejerce el gobierno en nombre del Estado. Crisis, austeridad y arrimar el hombro lo repiten nuestros políticos durante la última década. Más desde que nos asoló la pandemia. Pero no se lo aplican a sí mismo.
Las arcas de la ‘cosa pública’ la amenazan y vacían más pensionistas que cotizantes, añadiéndose la baja natalidad (1,12 hijos por mujer en 2024). Esa obviedad la ven los expertos, la comprenden las autoridades y la paga el erario de todos. Pero se hace muy poco por remediarla.
Si es importante laminar el maltrato físico-psíquico que sufren mayoritariamente las mujeres por la violencia de sus parejas, no debe ser tarea del mañana combatir el maltrato económico que diseccionamos. La sociedad vivirá más feliz si ciertos dineros están más cerca de sus legitimados que de los tramposos que lo usan para abusar de sus congéneres.
Muchas mujeres al no trabajar tienen crudo incorporarse al mercado. O a antiguos empleos antes o después de la maternidad o rupturas sentimentales. Son al cabo, víctimas mudas de un agravio y maltrato que las condena al desempleo o la pobreza. Lo repetimos, lo peor de la violencia contra las mujeres no es sólo agresiva, violenta o de ella brota sangre. Es la que deja el bolso y los ahorros bajo cero.