A las siete en punto, mientras caía la tarde sobre Madrid, arrancó una de las dos marchas que este 25 de noviembre inundaron la capital con un mensaje que pretende ser tan contundente como urgente: “Contra la violencia machista y el negacionismo. ¡Basta de abandono institucional!”. No era solo una protesta, sino una demostración de fuerza política y social en un país que durante dos décadas había presumido de un consenso prácticamente unánime en torno a la lucha contra la violencia de género. Ese consenso hoy se resquebraja, y la multitud que avanzaba desde el centro de la ciudad lo sabía.
El Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid contra las Violencias Machistas, organizadores de la manifestación, lo resumieron con una frase que ya circula con tono de advertencia: el negacionismo no solo es retórico, también erosiona la respuesta institucional. “Nos preocupa que desde las instituciones se lance un mensaje negando la violencia de género; eso afecta a la concienciación social”, explicaba Marta Cárdaba, una de las portavoces. Otra, Carmen Flores, subrayaba un efecto menos visible pero más corrosivo: la merma de recursos destinados a las víctimas en aquellos territorios donde los socios de gobierno cuestionan la existencia misma de la violencia machista.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que acudió a una de las marchas, decidió elevar el tono. Desde la cabecera, lanzó un mensaje directo al Partido Popular que busca delimitar el espacio político sin dejar fisuras: “O está con el Pacto de Estado contra la violencia de género o está con el negacionismo de Vox”. No caben, dijo, “medias tintas”. Las palabras parecían dirigidas tanto a la bancada conservadora como a un electorado que observa cómo el PP intenta transitar una delgada línea entre el legado del pacto de 2017 y la presión de su socio potencial en numerosos gobiernos autonómicos y municipales.
En un país donde la violencia machista ha dejado más de mil mujeres asesinadas desde que se empezaron a registrar estadísticas oficiales, el debate sobre su negación no es meramente simbólico. Afecta a la forma en que los centros municipales atienden a víctimas, a los programas de educación sexual en colegios, a la formación policial e incluso a la disponibilidad de casas de acogida. La advertencia de las activistas y de la ministra converge en un mismo temor: que la discusión política sobre etiquetas (“violencia de género” frente a términos diluidos como “violencia intrafamiliar”) acabe dejando sin amparo a quienes más lo necesitan.
En la marcha, los carteles que se alzaban entre bengalas moradas y pancartas improvisadas recordaban nombres de víctimas recientes y cifras que, pese a su reiteración, siguen golpeando con la misma fuerza. Pero junto al duelo, había también una reivindicación de algo menos tangible: los avances institucionales conseguidos en las últimas décadas. Redondo lo dijo sin rodeos: “Debemos defender los avances conseguidos”. Es una frase que puede sonar defensiva, pero que evoca un clima político en el que cada partida presupuestaria, cada formación obligatoria y cada estadística pública se negocia como si fuese un símbolo ideológico.
La pregunta que sobrevolaba la manifestación es si España está ante una simple disputa semántica o ante un cambio estructural en la manera en que se comprende y aborda la violencia contra las mujeres. El 25N ha sido durante años un termómetro del consenso social. Este año, más bien ha sido un barómetro de tormentas políticas. Y las nubes no parecen disiparse.
Por ahora, las calles de Madrid han hablado con claridad. Falta saber si las instituciones, presionadas por una polarización creciente, serán capaces de escucharlas.