Que casi un millón de niños y adolescentes vivan en hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no es una anomalía estadística ni un efecto colateral de la política social. Es una fotografía bastante fiel del país. Los últimos datos del Ministerio de Inclusión muestran un sistema que ha ganado alcance y estabilidad, pero también revelan hasta qué punto la pobreza infantil se ha convertido en un fenómeno estructural, resistente a los ciclos económicos y difícil de revertir solo con transferencias monetarias.
A finales de diciembre, el IMV llegaba a cerca de 800.000 hogares y protegía a más de 2,4 millones de personas. Cuatro de cada diez son menores. En más de dos tercios de las familias perceptoras conviven niños o adolescentes y, dentro de ese grupo, los hogares monoparentales siguen teniendo un peso elevado. La mayoría están encabezados por mujeres. El patrón no sorprende; se repite desde la puesta en marcha de la prestación y conecta con una precariedad que se concentra en la crianza y en las trayectorias laborales más frágiles.
Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz se insiste en que el IMV ha ido corrigiendo sesgos iniciales y ampliando su base social. Los datos respaldan esa afirmación en términos cuantitativos. En 2025, el número de prestaciones activas creció casi un 19% respecto al año anterior. El sistema ha dejado de ser un instrumento excepcional para convertirse en una pieza estable del Estado social, con una nómina mensual que ya supera los 400 millones de euros.
El papel del complemento infantil
El cambio más relevante no está tanto en el IMV en sí como en el desarrollo del Complemento de Ayuda para la Infancia. Más de medio millón de hogares lo perciben ya, con cuantías moduladas según la edad del menor. La lógica es clara: la pobreza temprana tiene efectos acumulativos y exige una intervención más intensa en los primeros años de vida.
El diseño del complemento, además, ha permitido romper una frontera clásica de las políticas asistenciales. Al poder percibirse sin necesidad de acceder al IMV, ha llegado a familias con ingresos bajos pero no extremos, ampliando la cobertura frente a la pobreza infantil más allá de los casos de exclusión severa. Es una corrección relevante, aunque insuficiente. Las cuantías siguen lejos del coste real de la crianza, especialmente en entornos urbanos donde vivienda, energía y cuidados absorben buena parte de los ingresos.
Más alcance, misma fragilidad
El perfil de los beneficiarios apenas se ha movido. Las mujeres siguen siendo mayoría entre titulares y perceptores; la edad media de quienes reciben la prestación, excluidos los titulares, ronda los veinte años. Es un dato que habla menos de dependencia y más de un mercado laboral incapaz de ofrecer estabilidad temprana.
Las modificaciones introducidas para facilitar el acceso de jóvenes —reducción del periodo exigido de vida independiente, ampliación de supuestos— responden a una constatación incómoda: durante los primeros años, el IMV dejó fuera a parte de la población que pretendía proteger. Ajustar requisitos ha sido tan importante como aumentar cuantías, aunque la complejidad administrativa sigue siendo una barrera real para muchos hogares.
Revalorizar no es resolver
La revalorización del 11,4% prevista para 2026 refuerza la suficiencia de la prestación y la aleja de una lógica meramente asistencial. Es un movimiento coherente con el marco de protección social actual y con las recomendaciones de reforzar los ingresos mínimos frente a la inflación. Pero también subraya un límite evidente: ninguna actualización compensa la ausencia de políticas complementarias sólidas.
El IMV es compatible con el empleo y contempla incentivos a la inserción laboral. Sin embargo, su capacidad de actuar como trampolín depende de factores que quedan fuera de su diseño: la calidad del empleo disponible, el acceso a vivienda asequible, la red de servicios públicos de cuidados. En demasiados casos, la prestación funciona como un amortiguador permanente porque el entorno no permite salir de la vulnerabilidad.
Desde su creación en 2020, el IMV ha alcanzado a unos 3,4 millones de personas. El dato confirma que la herramienta era necesaria y que su ausencia dejó durante años un vacío difícil de justificar. Pero también deja una lectura menos cómoda: la pobreza infantil en España no es residual ni transitoria. Que casi un millón de menores crezcan en hogares sostenidos por esta prestación no habla solo del IMV. Habla de cómo se distribuyen los riesgos y las oportunidades mucho antes de que el Estado intervenga.